La profesión médica vuelve a trasladar un mensaje al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas: reclama un Estatuto Marco que contemple las particularidades del colectivo. Así lo refleja una encuesta impulsada por el sindicato Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyst), como parte de la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), que ha recabado 881 respuestas en apenas ocho días.
El resultado es «concluyente«. El 96% de los médicos y facultativos consultados considera imprescindible que cuestiones como las guardias, la jornada, los descansos, las bajas o la jubilación se regulen de manera específica para el personal médico. La organización subraya que los datos evidencian “una profesión altamente movilizada y crítica con las propuestas actuales del Ministerio de Sanidad”.
“La percepción mayoritaria es que el tercer borrador del Estatuto Marco no responde a las necesidades del colectivo, especialmente en aspectos clave como las guardias, la jornada laboral y la jubilación”, señalan desde Amtys, que lamenta que el texto “no recoja las particularidades del trabajo médico ni su impacto en la calidad asistencial”.
“La percepción mayoritaria es que el tercer borrador del Estatuto Marco no responde a las necesidades del colectivo, especialmente en aspectos clave como las guardias, la jornada laboral y la jubilación”
La encuesta también pone de manifiesto un clima de movilización creciente. El 74% de los encuestados afirma que secundará la huelga nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) del 9 al 12 de diciembre, mientras que un 13% adicional se encuentra valorando su participación. Además, el 75% apoya la celebración de una gran movilización el 9 de diciembre, que servirá de inicio a los cuatro días de paros en todo el país.
Más de la mitad de los profesionales (56%) estaría dispuesta incluso a mantener una huelga indefinida si el Ministerio y las comunidades autónomas no atienden sus principales reivindicaciones. En este contexto, el 15 de noviembre se presenta como una fecha clave: APEMYF celebrará en Madrid sus Primeras Jornadas por un Estatuto Médico y Facultativo, coincidiendo con una manifestación convocada entre el Congreso de los Diputados y el Ministerio de Sanidad.
“La disposición a participar en movilizaciones y huelgas es muy elevada, lo que indica un clima de descontento y una demanda clara de negociación específica para médicos y facultativos”, aseguran desde la organización.
El sondeo refleja también un importante grado de desconfianza hacia la gestión del Estatuto Marco. El 58% de los médicos considera que el tercer borrador presentado por Sanidad no supone mejora alguna respecto al texto actual, mientras que solo un 10% percibe avances. El resto declara no confiar en el proceso abierto por el Ministerio.
Perfil de los encuestados
La mayoría de los participantes tiene entre 35 y 49 años (454), seguida por el grupo de 50 a 65 años (318), reflejando la opinión de profesionales en plena etapa asistencial. También respondieron jóvenes menores de 35 años (88) y un grupo de mayores de 65 (20), lo que aporta una perspectiva transversal. En cuanto al género, el 64% de los encuestados son mujeres (566), consolidando la tendencia de feminización de la profesión médica.
El ámbito hospitalario concentra la mayor parte de los participantes (641), seguido por Atención Primaria (189) y dispositivos extrahospitalarios (40). Casi la totalidad trabaja en el sector público (855), lo que refuerza la relevancia del Estatuto Marco en el desempeño profesional dentro del sistema nacional de salud. Aunque la mayoría de respuestas proceden de la Comunidad de Madrid (783), también se han registrado aportaciones de otras regiones.
Entre los 190 comentarios adicionales incluidos en la encuesta, muchos profesionales abogan por “acciones más contundentes y judiciales”, “campañas informativas” y una mayor “unidad entre médicos y facultativos a nivel nacional”. Otros destacan la necesidad de revisar los servicios mínimos impuestos en las huelgas, que consideran “excesivos y desproporcionados”.
