La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su profunda preocupación por la situación de incertidumbre que rodea la renovación del concierto sanitario de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). La reciente prórroga anunciada por el Gobierno, tras los problemas en las negociaciones con las aseguradoras, ha puesto en jaque la atención sanitaria de más de 1,5 millones de mutualistas, entre los que se encuentran policías, maestros, carteros y funcionarios de ministerios. Para CSIF, esta situación refleja una «inacción irresponsable» por parte del Ejecutivo.
«Este Gobierno debería haber puesto encima de la mesa una oferta económica suficiente»
Miguel Borra, presidente de CSIF
Miguel Borra, presidente de CSIF, ha sido tajante en su valoración: «Este Gobierno debería haber puesto encima de la mesa una oferta económica suficiente». Según Borra, el Ejecutivo dio a las aseguradoras de plazo hasta el 4 de diciembre para presentar sus condiciones, pero hasta ahora no se han hecho públicos los detalles de estas propuestas ni los informes relacionados, como el de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Esta opacidad, denuncia CSIF, agrava la sensación de desamparo entre los mutualistas.
Situación crítica
CSIF subraya que la incertidumbre generada afecta especialmente a personas en procesos oncológicos o con enfermedades de larga duración, quienes requieren continuidad en su atención médica. Según Borra, “en estos momentos se está produciendo una desatención a los usuarios. Hay una incertidumbre total y absoluta, y no hay derecho a que se genere esta intranquilidad entre nuestros mutualistas”. El sindicato ha presentado quejas formales ante el Defensor del Pueblo y distintos grupos parlamentarios, reclamando soluciones inmediatas.
El Gobierno, por su parte, anunció una extensión del plazo de la licitación del 15 al 27 de enero para tratar de atraer a las aseguradoras
El Gobierno, por su parte, anunció una extensión del plazo de la licitación del 15 al 27 de enero para tratar de atraer a las aseguradoras. Sin embargo, la viabilidad del modelo sigue estando incierta. Las aseguradoras Adeslas y DKV han rechazado las condiciones propuestas debido a las pérdidas que estiman que generarían, y solo Asisa permanece como posible candidata, aunque incluso esta compañía estudia si asumir la prestación del servicio en solitario sería viable.
La defensa del modelo público-privado
Para CSIF, el modelo de colaboración público-privada de Muface ha demostrado ser eficaz y necesario, dado que el Sistema Nacional de Salud (SNS) no sería capaz de absorber a los cientos de millas de mutualistas que optan por las aseguradoras. Según las cifras oficiales de Muface, en 2023 más de 1 millón de mutualistas eligieron el sistema privado frente a los 460.000 que optaron por el SNS.
En 2023 más de 1 millón de mutualistas eligieron el sistema privado frente a los 460.000 que optaron por el SNS
«Nuestro Sistema Nacional de Salud no podría absorber esta carga de usuarios», advierte Borra, quien también destacó la necesidad de mantener el modelo para garantizar la calidad asistencial. «No descartamos convocar alguna jornada de huelga si el Gobierno no se pone las pilas y presenta una oferta adecuada para seguir prestando la asistencia sanitaria a sus funcionarios», afirmó.
Futuro incierto
El futuro de Muface pende de un hilo. Adeslas y DKV argumentan que el aumento de la oferta del Gobierno, que supone una mejora del 33,5% respecto a la licitación actual, sigue siendo insuficiente para evitar pérdidas. Por su parte, Adeslas estima un déficit de 250 millones de euros en tres años, mientras que DKV proyecta pérdidas de entre 70 y 100 millones.
Adeslas estima un déficit de 250 millones de euros en tres años, mientras que DKV proyecta pérdidas de entre 70 y 100 millones
Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha propuesto como alternativa la incorporación de los mutualistas al SNS, señalando que el modelo actual de Muface es insostenible debido al envejecimiento de la población mutualista. Sin embargo, esta propuesta genera divisiones dentro del Gobierno y entre las comunidades autónomas, que serán responsables de asumir la atención de los mutualistas.
Reclamaciones judiciales
Mientras tanto, CSIF y otros sindicatos han denunciado interrupciones en la atención sanitaria. Mutualistas han informado de cancelaciones de citas, retrasos en revisión e incluso la suspensión de cirugías. Estas irregularidades han abierto una vía judicial contra el Gobierno, al que CSIF responsabiliza como garantía del sistema.
«El último responsable de que se preste el servicio es Muface, que depende del Ministerio de Función Pública»
Miguel Borra, presidente de CSIF
«El último responsable de que se preste el servicio es Muface, que depende del Ministerio de Función Pública», señala CSIF, que ha anunciado que asesorará a los mutualistas en sus reclamaciones. El sindicato advierte que un aluvión de demandas podría colapsar no solo el sistema sanitario, sino también los tribunales.
Necesidad de una solución inmediata
CSIF exige al Gobierno que actúe con responsabilidad y transparencia para garantizar la continuidad del modelo sanitario de Muface. La incertidumbre actual está generando una crisis que afecta tanto a los mutualistas como al sistema sanitario en su conjunto. Para el sindicato, el tiempo apremia, y es fundamental que el Ejecutivo presente una oferta económica adecuada que permita atraer a las aseguradoras y asegurar la estabilidad de un modelo que ha demostrado ser esencial para millones de funcionarios y sus familias.
