La Organización Médica Colegia (OMC) y Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) se han reunido en la sede de la OMC para explicar de forma más detallada sus alegaciones al anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios impulsado por el Ministerio de Sanidad. «Hay aspectos claramente mejorables en este planteamiento», asegura Tomás Cobo, presidente de la OMC.
Hace ya varias semanas que finalizó el plazo para que las distintas organizaciones presentaran sus alegaciones. Entre las aportaciones registradas, han destacado especialmente las de los sindicatos y organizaciones médicas, que han expresado su rechazo a varias de las medidas incluidas en el texto, entre ellas la propuesta de ampliar la prescripción enfermería.
«No se trata de una ventaja corporativista, sino de una cuestión de competencias, conocimientos y, sobre todo, de la carga de responsabilidad que conlleva tomar decisiones clínicas»
Cobos señala que en determinadas medidas de este anteproyecto podría suponer una «intromisión» en funciones clínicas específicas: «Nos preocupa especialmente la seguridad clínica, ya que la prescripción médica implica una formación altamente especializada que requiere, como mínimo, once años de estudio».
El presidente de la OMC incide en que, en la actualidad, la atención al paciente es «multidisciplinar«. Ahora bien, Cobo afirma que dentro de ese trabajo en equipo, «el liderazgo clínico corresponde al médico». «No se trata de una ventaja corporativista, sino de una cuestión de competencias, conocimientos y, sobre todo, de la carga de responsabilidad que conlleva tomar decisiones clínicas», asegura.
«Ventilador normativo»
Pedro Hidalgo, coordinador del Observatorio de la Prescripción de la OMC, también ha participado en esta explicación y denuncia que «este anteproyecto ha logrado ponernos a todos de acuerdo en algo: no estamos de acuerdo». Considera que se trata de una iniciativa que actúa como un «ventilador normativo», que intenta encubrir o modificar una serie de competencias ya claramente definidas en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).
«La delimitación de funciones y responsabilidades no es un asunto menor. Al contrario, cualquier confusión en este terreno puede generar conflictos de intereses, comprometer la seguridad del paciente y desdibujar el marco de actuación profesional», asegura Hidalgo.
El coordinador afirma que la prescripción no es un acto administrativo, es un acto clínico central del ejercicio médico. Incide en que prescribir no es simplemente escribir, aunque lo haga un médico, «no equivale a recetar, dispensar ni a indicar» y asegura que tampoco debe confundirse con actos de consumo sanitario sin análisis previo.
«No se trata de ‘aligerar la carga administrativa de los médicos’, ni de ‘hacer medio médicos’. Recetar no es un acto administrativo sino de garantizar la seguridad del paciente «
«Lo preocupante es que, incluso en la memoria del impacto normativo de este anteproyecto, se introduce a profesiones como la Enfermería o la Fisioterapia dentro del proceso prescriptivo, sin delimitar con claridad sus funciones específicas. Esto genera confusión, tanto dentro del sistema como hacia la ciudadanía», explica Hidalgo.
Asimismo, señala que la gestión razonada del medicamento requiere «conocimiento profundo». Hidalgo denuncia que el problema es que este anteproyecto no define de forma «clara» términos esenciales, «lo cual resulta grave«. «La información clínica de alta calidad y la toma de decisiones terapéuticas no pueden depender de la ambigüedad normativa ni de una simple redistribución de tareas. Necesitamos claridad, rigor y formación», asegura.
«La prescripción implica asumir las consecuencias terapéuticas y los posibles efectos secundarios del tratamiento. No se trata de «aligerar la carga administrativa de los médicos«, ni de «hacer medio médicos«. Recetar no es un acto administrativo sino de garantizar la seguridad del paciente y el correcto funcionamiento del sistema sanitario», explica el coordinador.
Actualizar la legislación actual
Por su parte, Cristina Avendaño, presidenta de FACME, coincide con Cobos e Hidalgo y valora que «la Administración se proponga actualizar la actual legislación sobre el uso de medicamentos, algo que consideramos necesario y positivo». Avendaño esta a favor de los objetivos generales de la ley, como por ejemplo la habilitación de nuevos mecanismos que contribuyan a reducir la desigualdad en el acceso a los tratamientos, un problema evidente que, en algunos casos, supone hasta dos años de espera para acceder a innovaciones terapéuticas ya disponibles en otros países europeos.
Sin embargo, también hay aspectos del texto que asegura que «deben ser mejorados y clarificados». «La intención no es frenar el avance de la ley, sino introducir modificaciones que refuercen el papel del médico en el proceso de prescripción y que garanticen que la responsabilidad clínica esté en línea con su formación y competencias», señala Avendaño.
«Reconocer nuestra responsabilidad y liderazgo clínico no es una cuestión de estatus, sino de garantía para las generaciones futuras de profesionales y pacientes»
Además, explica que quiere reafirmar el compromiso con la sostenibilidad del sistema sanitario, pero también cree que este no puede construirse a costa de «desdibujar el rol del médico«: «Reconocer nuestra responsabilidad y liderazgo clínico no es una cuestión de estatus, sino de garantía para las generaciones futuras de profesionales y pacientes».
Asimismo, Avendaño incide en que el buen funcionamiento del sistema debe basarse en la colaboración multidisciplinar, pero con un «liderazgo médico claro». Por ello, expresa su voluntad de apoyar una ley mejorada, con un texto sólido y consensuado sobre el uso racional de los medicamentos.
Confusión y diluye competencias
Por último, María Isabel Moya, vicepresidenta primera de la OMC, explica que se debe tener presente que esta ley nace con la intención de reformar una norma antigua sobre el uso y garantías de los medicamentos. «La motivación de fondo es comprensible y compartida: mejorar el acceso a los medicamentos, favorecer la innovación y corregir los desequilibrios existentes en el mercado farmacéutico. En este punto, coincidimos plenamente», señala.
Sin embargo, considera que dicha reforma se desvirtúa cuando introduce modificaciones en aspectos que no están directamente relacionados con sus objetivos declarados, en concreto a la prescripción de medicamentos. Moya explica que «estos cambios no se justifican por razones clínicas ni por mejoras en el acceso, y lo que es más preocupante, debilitan el papel del médico como figura central en el proceso terapéutico. No entendemos cómo esta reconfiguración de responsabilidades puede contribuir a los fines que la ley dice perseguir».
«Estos cambios no se justifican por razones clínicas ni por mejoras en el acceso, y lo que es más preocupante, debilitan el papel del médico»
Al contrario: asegura que lo que hace es «diluir competencias, generar confusión y no establecer con claridad la diferencia entre quién prescribe, quién indica, quién dispensa y quién administra». Además, Moya afirma que estos cambios no se exponen claramente en el articulado legal, sino que aparecen en documentos ejecutivos y anexos, lo que añade más incertidumbre sobre su alcance real.
Moya expresa su oposición al anteproyecto y espera que el Ministerio rectifique e introduzca las modificaciones «necesarias» para que la ley cumpla su propósito: «garantizar un acceso justo, seguro y clínicamente sólido a los medicamentos».
