La suspensión cautelar de la guía de indicación enfermera de medicamentos para las infecciones urinarias leves ha reabierto el conflicto entre organizaciones profesionales sanitarias. El Consejo General de Enfermería (CGE) advierte de que esta decisión, adoptada sin que la Audiencia Nacional haya entrado en el fondo del asunto, “perjudica de forma clara a las mujeres que sufren infecciones urinarias” y tendrá un impacto negativo en el funcionamiento del sistema sanitario.
El origen de este nuevo conflicto se encuentra en la decisión de la Audiencia Nacional de atender la petición de la Organización Médica Colegial (OMC) y acordar la suspensión cautelar de la Resolución de 9 de agosto de 2024, dictada por la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud. Esta resolución daba validez a la Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de enfermeras y enfermeros en el tratamiento de la infección del tracto urinario inferior no complicada en mujeres adultas. Según el auto judicial, la guía no podrá aplicarse en ningún caso hasta que recaiga sentencia firme en el contencioso administrativo interpuesto por la corporación médica.
Para el presidente de la OMC, Tomás Cobo, este auto judicial “respalda los argumentos de la corporación médica para garantizar la seguridad del paciente y la adecuada cualificación profesional para el diagnóstico y tratamiento”.
“Perjudica de forma clara a las mujeres que sufren infecciones urinarias”
Desde el CGE recuerdan que las infecciones urinarias son una patología altamente prevalente y con un abordaje clínico bien definido. Según sus datos, “el 50 % de las mujeres las padecerán al menos una vez en la vida”, por lo que la paralización de esta guía supone, a su juicio, un retroceso en la accesibilidad y rapidez de la atención. En este sentido, la organización enfermera alerta de que la suspensión se traducirá en “más retrasos en el abordaje de una patología de tratamiento claramente pautado y eficaz”, con el consiguiente aumento de la presión asistencial.
La institución que representa a las enfermeras señala directamente a la OMC, a la que acusa de recurrir de forma sistemática a los tribunales para frenar iniciativas que están amparadas por la legislación vigente y que funcionan con normalidad en otros sistemas sanitarios. “Una vez más, los representantes de la OMC se empeñan en paralizar en los tribunales medidas que recoge la legislación vigente y que funcionan con normalidad en algunos de los países más avanzados del mundo”, subrayan desde el CGE. A su juicio, el resultado es “un sistema sanitario con más esperas, con más ineficacia y donde las perjudicadas son las pacientes”, una situación que enmarcan en la “defensa de intereses puramente corporativistas”.
El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, defiende que estas guías no invaden competencias médicas y aportan seguridad tanto a los profesionales como a los pacientes. “La guía de la que es objeto la suspensión cautelar, así como el resto de guías que afectan a distintas áreas de la salud, permiten agilizar la atención, descongestionar el sistema e incrementar la seguridad jurídica de las enfermeras”, afirma. Según Pérez Raya, “todo ello beneficia al paciente y, en ningún caso, implican menoscabo en la actuación esencial del médico ni de sus competencias”.
Desde el CGE insisten en que el objetivo de la indicación enfermera no es sustituir al médico, sino mejorar la eficiencia del sistema dentro de un marco regulado. “Siempre hemos dejado claro que las enfermeras y enfermeros no quieren ser médicos, ni se cuestionan las competencias en materia de prescripción de estos profesionales”, concluye el presidente de la organización.
Actuación precoz ante la infección
Esta guía es la base que establece el marco de referencia de los profesionales de Enfermería la realización de actuaciones relacionadas con la medicación durante el seguimiento colaborativo en determinados tratamientos individualizados en personas con infección urinaria mediante el uso de protocolos de actuación o guías asistenciales consensuados de manera multidisciplinar.
El objetivo terapéutico -y es algo en los que deberían estar de acuerdo los representantes médicos- es resolver esta situación clínica de modo precoz y a prevenir futuras complicaciones. La actuación de los profesionales de enfermería permite responder de modo ágil y efectivo para resolver este problema de salud, al mismo tiempo que se intensifica la educación sanitaria. La prescripción enfermera, dentro de sus competencias, optimiza los circuitos asistenciales y mejora la continuidad de los cuidados, la prevención y el seguimiento terapéutico.
No obstante, ante los riesgos de judicializar y paralizar los avances en materia sanitaria y nuevas actuaciones que perjudiquen a los pacientes y al sistema sanitario, queda más claro que nunca que la solución pasa por aprobar la reforma de la conocida como Ley del Medicamento que sitúa, de una vez por todas, a las enfermeras como profesionales con plena capacidad prescriptora en el ámbito de sus competencias, al mismo nivel de otras profesiones sanitarias.
A su juicio, el resultado es “un sistema sanitario con más esperas, con más ineficacia y donde las perjudicadas son las pacientes”
La Organización Médica Colegial se empeña en recalcar que son sus años en el Grado de Medicina y cuatro o cinco años de especialización lo que les faculta para prescribir. No ven problema en que odontólogos y podólogos también figuren como prescriptores en la citada ley sanitaria a pesar de que su formación no es la de los médicos y, sin ir más lejos, cuentan con menos créditos en materia de farmacología en el Grado que una enfermera. Sin embargo, la obcecación de los compañeros médicos se focaliza únicamente en una profesión hermana como es la Enfermería.
Para Pérez Raya, “hay que apostar por agilizar la asistencia sanitaria, por aportar valor al SNS y por dar seguridad jurídica a las enfermeras/os en las actividades que realizan en su día a día, que es lo que se está realmente aportando con las guías de indicación, uso y autorización de la dispensación aprobadas por el Ministerio de Sanidad, contando con un grupo de expertos multidisciplinar, donde hay médicos, farmacéuticos y enfermeras, a los que se está ninguneando al recurrir estas guías. Pedimos respeto y ajustarnos a la legislación vigente”.
