El Comité de Huelga de los médicos y facultativos del Sistema Nacional de Salud ha dado un nuevo paso en plena crisis por la reforma del Estatuto Marco y ha reclamado una reunión institucional conjunta con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas integradas en el Consejo Interterritorial del SNS. En la carta, fechada en Madrid el 13 de abril y remitida a las consejerías y al Departamento liderado por Mónica García a la que ha tenido acceso Gaceta Médica, las organizaciones firmantes sostienen que el objetivo es abrir un espacio en el que puedan exponer de forma «directa, rigurosa y transparente» la posición del colectivo ante la reforma y explicar el alcance real del conflicto.
El escrito subraya que la petición no se limita a una cuestión formal. El Comité de Huelga argumenta que las autonomías deben conocer «sin distorsión alguna» los elementos fundamentales del choque abierto con el Ministerio, su evolución y las consecuencias que las propuestas normativas actualmente en discusión pueden tener tanto sobre los profesionales como sobre la propia sostenibilidad del sistema sanitario público. La carta insiste en que, al tratarse de un cambio que afectará de lleno a las condiciones laborales y a la organización asistencial, las comunidades no pueden quedar al margen del debate.
Los sindicatos recuerdan además que las comunidades autónomas son las responsables directas de la organización y gestión de los servicios sanitarios y, por tanto, un actor esencial no solo en la aplicación práctica de cualquier modificación normativa, sino también en la garantía de unas condiciones de trabajo que permitan sostener la calidad asistencial. Desde esa premisa, el Comité considera “imprescindible” que las consejerías conozcan de primera mano las reivindicaciones del colectivo médico y facultativo, el contenido del documento de consenso ya trasladado a Sanidad y la valoración sindical sobre las propuestas que se encuentran sobre la mesa.
La carta añade otro elemento de fondo: el impacto territorial. Los representantes de la huelga quieren que las autonomías escuchen directamente su análisis sobre cómo determinadas medidas pueden repercutir en la organización asistencial de cada territorio, una apelación con carga política y sanitaria en un momento en que el conflicto ha superado la mera negociación laboral para instalarse en el núcleo de la gobernanza del SNS. En ese sentido, el escrito plantea la reunión como una vía para evitar que el choque siga escalando.
El Comité defiende que ese encuentro serviría para abrir un espacio de escucha «directa y bidireccional», favoreciendo una comprensión más completa de la situación y contribuyendo a la búsqueda de soluciones. En el cierre del documento, las organizaciones solicitan que se fije una fecha «a la mayor brevedad posible», ya sea en formato presencial o telemático, y reiteran su voluntad de diálogo y su compromiso con la defensa de un sistema sanitario público de calidad, basado en condiciones profesionales «justas y sostenibles».
La iniciativa llega en un momento delicado, después de varios episodios de máxima tensión política e institucional alrededor del Estatuto Marco y tras un nuevo intento de reconducir la negociación entre el Comité de Huelga y el Ministerio.
Lo que ocurrió en el pasado Consejo Interterritorial
El paso del conflicto por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no solo evidenció la falta de avances en la negociación del Estatuto Marco, sino que elevó el choque político entre el Ministerio de Sanidad y varias comunidades autónomas gobernadas por el PP. La reunión terminó con una ofensiva conjunta contra la ministra, Mónica García, a la que varios consejeros acusaron de no ser capaz de encauzar la crisis abierta con los médicos y de haber agravado el deterioro institucional en pleno conflicto.
La voz más dura fue la de la consejera madrileña, Fátima Matute, que pidió la dimisión de la ministra y la responsabilizó directamente de haber «dinamitado» la negociación, pero no fue la única. El conselleiro gallego, Antonio Gómez Caamaño, aseguró que el Consejo se cerró «sin ningún avance» en el principal conflicto sanitario del país y denunció que el Ministerio parece sentirse «muy cómodo» con esta situación, pese al impacto asistencial. En la misma línea, Castilla y León confirmó a Gaceta Médica también su petición de dimisión, alineándose con Galicia y Madrid en la exigencia de un relevo al frente de Sanidad.
A esa presión se sumó Extremadura, cuya consejera, Sara García Espada, reprochó a la ministra no haber puesto «ninguna solución encima de la mesa» y la acusó de estar «cómoda en el conflicto», tras el fracaso de la reunión previa con el Comité de Huelga. García Espada llegó a invitar formalmente a Mónica García a visitar el Servicio Extremeño de Salud para comprobar sobre el terreno el efecto de los paros sobre consultas, cirugías y pruebas. Así, el Consejo Interterritorial dejó una imagen de fuerte contestación autonómica al Ministerio y confirmó que la crisis del Estatuto Marco sigue desbordando la mesa laboral para convertirse en un frente político e institucional de primer orden.
La reunión de ayer entre el Comité de Huelga y Sanidad
La reunión de ayer entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad supuso, al menos de entrada, un giro de método. Ambas partes volvieron a sentarse cara a cara en la sede del Paseo del Prado y lo hicieron sin mediador externo, después de que la semana anterior saltaran por los aires los contactos por la controversia generada con la presencia propuesta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. En este sentido, el encuentro se celebró finalmente con interlocución directa y con un acuerdo de discreción sobre su contenido.
Ese cambio respondía al desgaste acumulado tras semanas de declaraciones cruzadas y al llamado «conflicto del mediador». Los sindicatos médicos habían rechazado de plano que los pacientes actuaran como mediadores u observadores, al considerar que no reunían el perfil técnico-laboral que exigía una negociación de esta complejidad y que su incorporación desviaba la atención del núcleo del problema. La eliminación de esa figura permitió reconducir el formato de la mesa y volver al cauce original de negociación bilateral entre el Ministerio y los representantes de los facultativos.
La otra gran novedad fue el pacto de silencio. Frente a la dinámica anterior, marcada por filtraciones, interpretaciones enfrentadas y un intenso «cruce de titulares», ambas partes optaron por blindar la reunión y rebajar la exposición pública del choque. El trasfondo, no obstante, seguía siendo muy delicado: la negociación se producía con las huelgas aún convocadas y con un impacto asistencial que, según la información periodística, ya superaba 1,5 millones de citas médicas perdidas. Más que un acuerdo de fondo, la cita de ayer dejó la imagen de un intento de salvar la interlocución antes de que el conflicto entre en una fase todavía más difícil de revertir.
