La ministra de Sanidad, Mónica García, asegura que «hemos ajustado el Comité de Expertos y mejorado el procedimiento de las preguntas«. García reconoce este martes en una entrevista en RNE que «como suele ocurrir con muchos cambios, no todos los sectores lo han recibido bien», pero destaca que el proceso «cuenta con la aprobación de los decanos y decanas de enfermería, así como de medicina». Añade que «seguiremos trabajando para mejorar este proceso, especialmente en nuestro sistema MIR, que es uno de los mecanismos que garantiza el talento entre los médicos».
El conflicto del examen MIR y EIR salió a la luz la semana pasada: el Comité de Expertos responsable de diseñar las preguntas de la prueba —clave para que los médicos accedan a una plaza MIR— ha quedado desmantelado a menos de un mes del inicio del proceso para la convocatoria de 2026.
Respecto a las criticas de la Comunidad de Madrid, que aseguran que este cambio era «innecesario«, la titular del ramo afirma que «no es que no existiera un problema, sino que el procedimiento podía mejorarse, y eso es justamente lo que hemos hecho». La ministra subraya que «estamos en el gobierno para fortalecer y mejorar nuestro sistema sanitario, no para complicar los procesos. Y en eso seguimos trabajando».
La situación ha estallado el pasado 17 de julio, cuando los miembros del Comité —entre cinco y seis profesionales con una sólida trayectoria en educación y formación sanitaria— presentaron su dimisión en bloque. A esta renuncia colectiva se han sumado también los comités equivalentes de otras titulaciones sanitarias: Farmacia, Enfermería, Física y Química, ampliando así el alcance de la crisis más allá del ámbito médico.
En declaraciones a anteriores del Ministerio a este medio, negaron que se esté poniendo en riesgo la calidad del examen MIR o el nivel de exigencia que lo caracteriza. “Muy al contrario, el Ministerio está trabajando de forma coordinada con equipos expertos y profesionales cualificados para garantizar que se mantenga el más alto estándar técnico y científico en la elaboración y evaluación de la prueba”.
Críticas del Partido Popular
Por su parte, el Partido Popular ha manifestado su “máxima preocupación” ante lo que califica como “una grave situación” provocada por las modificaciones introducidas por el Ministerio. A juicio del PP, la salida de estos profesionales se debe a “una modificación unilateral de las condiciones de trabajo” impuesta por el Ministerio.
Entre las medidas cuestionadas, se encuentra la reducción del número de colaboradores por experto, que ha pasado de 15 a 5, la rebaja del pago por pregunta (de 15 a 9 euros), y el cambio en la gestión organizativa, que pasará a estar parcialmente en manos del Ministerio de Función Pública en lugar del de Sanidad.
“El Ministerio rompe un modelo que funcionaba, basado en el consenso profesional y la independencia técnica, y lo sustituye por un esquema opaco, centralizado y sin garantías”, han señalado desde el PP. Además, advierten de que, a estas alturas del calendario, “no hay nada organizado para la selección de preguntas”, un proceso que habitualmente comenzaba en junio y se cerraba entre septiembre y octubre.
