Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), advierte del riesgo que supone que las decisiones que afectan a la organización del trabajo médico y la distribución de competencias entre profesionales se tomen sin criterios técnicos ni participación efectiva del colectivo médico. “En un momento en el que la calidad asistencial depende esencialmente del acto diagnóstico, resulta inaceptable que se legisle desde el desconocimiento”, señala.
En un documento interno de análisis, Lázaro expone cómo la falta de formación sanitaria entre los responsables políticos puede poner en jaque la calidad del sistema. “Los cargos políticos acceden a sus responsabilidades por designación o elección, sin necesidad de acreditar conocimientos ni experiencia en el ámbito sanitario”, recuerda. “Y sin embargo, eso no les impide tomar decisiones que afectan directamente a la práctica médica, desde la organización de servicios hasta la definición de funciones clínicas”.
“Los cargos políticos acceden a sus responsabilidades por designación o elección, sin necesidad de acreditar conocimientos ni experiencia en el ámbito sanitario”
A raíz de los últimos movimientos en torno al nuevo borrador del Estatuto Marco, el presidente de la CESM ha vuelto a poner sobre la mesa una de las demandas más reiteradas del colectivo desde el inicio del conflicto: la creación de una mesa de negociación propia para los médicos y la aprobación de un Estatuto Médico diferenciado.
Sin embargo, esta reclamación choca con la posición ya expresada en varias ocasiones por la ministra de Sanidad, Mónica García. Tal como ha reiterado, los médicos no contarán con un Estatuto específico, sino con un capítulo propio dentro del Estatuto Marco general.
En cuanto al ámbito de negociación, el Ministerio sostiene que los médicos están representados técnicamente a través del Ámbito de Negociación del SNS. No obstante, los sindicatos médicos denuncian que su peso dentro de este espacio es inferior al 20%, lo que, a su juicio, impide una defensa real de sus intereses.
Sin compromiso real
El presidente de CESM hace una mención directa a la actual titular del ramo quien sí cuenta con formación médica. Pese a ello, Lázaro lamenta que esa condición “no se haya traducido en un compromiso real con los profesionales”. “Teníamos esperanzas en su perfil como médica, conocedora de nuestras condiciones laborales y retributivas. Pero lo que hemos recibido a cambio ha sido frustración y decepción. Pese a la unanimidad de las organizaciones profesionales, no ha querido reflejar en un estatuto propio la singularidad del colectivo médico”, afirma.
A su juicio, esta actitud ha generado una “sensación de desprecio aún mayor, al venir de alguien que conoce perfectamente la realidad del sector”. Esa misma frustración, añade, ha sido una de las principales motivaciones para impulsar una campaña de movilización «inédita» en los últimos años, que ha desembocado incluso en la convocatoria de dos huelgas médicas de carácter nacional.
Prescripción enfermera
Lázaro también denuncia los intentos de delegar funciones clínicas —como el diagnóstico, el seguimiento terapéutico o la prescripción— en otras categorías profesionales sin la cualificación adecuada. “Hemos asistido a una usurpación de funciones médicas promovida desde la política, que pone en riesgo la seguridad del paciente y vulnera el marco legal que establece la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y las directivas europeas”, alerta.
Esta crítica se enmarca en la reciente modificación de la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, que contempla la posibilidad de que enfermeras y fisioterapeutas puedan prescribir dentro de sus competencias. Aunque la prescripción por parte de estos colectivos no es una novedad —ya estaba regulada previamente—, esta es la primera vez que la norma las equipara formalmente con los médicos en este ámbito, algo que ha generado inquietud en parte del colectivo facultativo.
Desde CESM también se critica lo que consideran una “trampa peligrosa” disfrazada de eficiencia. “La justificación de que sustituir médicos por otros profesionales es más eficiente es una falacia”, sostiene. “Se precariza la asistencia, se introducen riesgos clínicos y lo que parece un ahorro, en realidad genera más costes por errores, duplicidades y pérdida de calidad”.
“La justificación de que sustituir médicos por otros profesionales es más eficiente es una falacia”
En este contexto, el líder sindical advierte de los riesgos jurídicos asociados a estas decisiones. “Delegar funciones diagnósticas o terapéuticas en personal no facultativo puede suponer una infracción legal y un atentado contra la seguridad clínica. La ley reconoce la responsabilidad del médico en el proceso asistencial, y la política no puede saltarse ese principio por decreto”, señala.
Para Lázaro, defender la función médica no es corporativismo, sino una cuestión de salud pública. “El acto médico no puede degradarse por decisiones administrativas. Si el diagnóstico es el eje de la asistencia, el médico debe estar presente en la planificación, la gestión y la toma de decisiones organizativas”, insiste. “Proteger la función médica es proteger el sistema, es garantizar una atención segura, rigurosa y eficiente”.
Lázaro resume con claridad el núcleo del conflicto: “La formación médica no puede ser sustituida por decreto ni por mayoría parlamentaria. Delegar funciones médicas por decisión política es una irresponsabilidad técnica y un fraude asistencial. Si otros, sin formación ni responsabilidad clínica, pretenden atribuirse el papel del médico, nos toca defenderlo con firmeza”.
