El conflicto entre el colectivo médico y el Ministerio de Sanidad ha escalado en las últimas horas tras la suspensión de una reunión clave con las comunidades autónomas. El Comité de Huelga, integrado por varias organizaciones sindicales médicas, ha acusado al departamento dirigido por Mónica García de difundir una versión «incorrecta» de los hechos y ha exigido su dimisión o cese inmediato.
El órgano de representación sindical —formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y O’MEGA— ha salido al paso de las declaraciones del Ministerio, que responsabilizaban a los convocantes de la huelga de la cancelación del encuentro previsto para este jueves con las autonomías.
A pocos días de la tercera huelga médica y en un contexto de “pacto de silencio” acordado entre ambas partes para permitir que las negociaciones entre médicos y Sanidad se desarrollaran sin mayor tensión —evitando el cruce de titulares y las filtraciones que ya habían dinamitado encuentros previos, como ocurrió con la polémica propuesta ministerial de incluir a asociaciones de pacientes como mediadores, calificada por los sindicatos como “cortina de humo”—, el conflicto ha vuelto a escalar. El Comité sostiene que la versión ofrecida por el Ministerio “no se corresponde en absoluto con la realidad” y que omite elementos clave del proceso negociador.
El Comité sostiene que la versión ofrecida por el Ministerio “no se corresponde en absoluto con la realidad” y que omite elementos clave del proceso negociador
En concreto, rechazan que se les atribuya tanto la solicitud de la reunión como su posterior frustración, cuando —según su relato— la convocatoria estaba condicionada a la aceptación de una propuesta ministerial que finalmente fue rechazada por inviabilidad jurídica.
El Ministerio de Sanidad comunicó ayer, 22 de abril, a las comunidades autónomas la suspensión de la reunión prevista para este jueves entre ambas partes y el Comité de Huelga. En dicha comunicación sostiene que el encuentro había sido solicitado por el propio comité, al que reprocha haber rechazado su última propuesta y mantener la convocatoria de huelga prevista para la próxima semana, del 27 al 30 de abril en todo el país.
Los médicos han hecho públicas las propuestas que se están intercambiando con Sanidad, así como las elaboradas por el propio colectivo. La última, fechada el 21 de abril, corresponde a la devolución de la contrapropuesta por parte del comité, en la que insisten en sus “líneas rojas”.
Una propuesta «inviable» en el marco legal actual
El origen de la controversia se sitúa en la reunión mantenida el pasado 17 de abril entre representantes sindicales y el Ministerio de Sanidad. En ese encuentro, el equipo ministerial planteó como posible salida al conflicto la creación de mesas de negociación específicas para médicos y facultativos en el ámbito de las comunidades autónomas.
Ya en esa reunión, el Comité de Huelga señaló que tras el encuentro del 17 de abril no se habían producido “los avances sustanciales necesarios para desconvocar las movilizaciones”.
El planteamiento incluía el compromiso de trasladar esta iniciativa a las autonomías y promover un acuerdo a tres bandas que facilitara su implantación. El comité de huelga aceptó entonces estudiar la propuesta y fijar una posición posterior, dejando claro que la reunión con las comunidades solo tendría lugar si la iniciativa era respaldada por los sindicatos.
Sin embargo, tras el análisis jurídico, las organizaciones concluyeron que la propuesta no era viable. Según explican, el actual marco normativo estatal impide la creación de mesas de negociación específicas para el colectivo médico sin una modificación previa de la legislación básica. Por ello, trasladaron formalmente su rechazo al Ministerio, lo que —a su juicio— hacía innecesaria la reunión posterior con las comunidades autónomas.
La escalada de tensión ha culminado con una exigencia directa: la dimisión de la ministra de Sanidad. El comité considera que la reiteración en lo que califican como «manipulación del relato» justifica su salida del cargo. En caso de no producirse, reclaman su cese inmediato. Este nuevo episodio añade presión a un conflicto que enfrenta al colectivo médico con el Ministerio en torno a cuestiones estructurales como las condiciones laborales, la clasificación profesional, la jornada o la jubilación. Mientras tanto, la falta de avances en la negociación y el cruce de acusaciones entre ambas partes complican aún más la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de la convocatoria de huelga.
«Traición a los médicos»
Por su parte, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha afirmado que, tras este nuevo episodio del conflicto en torno al Estatuto Marco, la ministra de Sanidad no ha logrado ofrecer una solución a los médicos y ha asegurado que “los ha traicionado” de una forma “cobarde”.
Además, Matute sostiene que “García miente y manipula las informaciones tanto de los médicos como de las comunidades autónomas”, lo que, a su juicio, deriva en “una falta de rigor y de gestión” que acaba repercutiendo directamente en los profesionales sanitarios y en los pacientes. En esta línea, insiste en que es necesario trabajar con “rigor técnico” y reclama que la ministra no “engañe” ni a las comunidades autónomas, ni al Comité de Huelga, ni a los propios médicos.
“García miente y manipula las informaciones tanto de los médicos como de las comunidades autónomas”
“Cuando eres un alto cargo tienes que tener un rigor con la verdad que aquí falta precisamente porque creo que no le importa la sanidad y está cómoda en este estado de ‘guerra civilista‘, de huelga y de confrontación entre categorías profesionales”, ha añadido la consejera.
Matute ha señalado además que las dos primeras jornadas de huelga han tenido un impacto directo en la asistencia sanitaria, tanto en la actividad asistencial como en la programación de pruebas y cirugías. Según sus datos, el coste económico se sitúa en torno a los 11 millones de euros, una cifra que, afirma, “les encantaría poder revertir en los profesionales sanitarios que sostienen el sistema”. En concreto, ha apuntado a la anulación de aproximadamente 150.000 consultas externas, 15.000 pruebas diagnósticas y alrededor de 7.000 intervenciones quirúrgicas, cifras que, según ha indicado, seguirán aumentando conforme avance el conflicto.
«Líneas rojas» de los sindicatos médicos
En paralelo, las “líneas rojas” del colectivo médico siguen sobre la mesa. Reclaman un Estatuto propio, frente a la posición del Ministerio de mantener un Estatuto Marco único para todo el personal sanitario. Exigen un ámbito de negociación específico, con una mesa propia y “garantías jurídicas reales”, sin dependencia de estructuras generalistas.
Entre sus principales reivindicaciones figura la jornada de 35 horas, con reconocimiento y compensación de las horas adicionales y su cómputo a efectos de jubilación. El Ministerio, en cambio, ha llegado a plantear jornadas de hasta 45 horas en cómputo cuatrimestral, remitiendo su aplicación a las comunidades autónomas.
Asimismo, plantean una reclasificación profesional basada en el sistema MECES, que diferencie niveles de formación, especialización y responsabilidad, situando al grupo MECES 3 por encima del resto y evitando, según sostienen, la equiparación entre titulaciones con distinto nivel formativo. También reclaman una jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la “penosidad del ejercicio médico” y el desgaste acumulado tras décadas de guardias obligatorias.
El conflicto, además, ha incorporado un nuevo elemento de presión desde las comunidades autónomas. Los sindicatos han reclamado una reunión a tres bandas entre el Ministerio, las Comunidades Autónomas y los representantes médicos, aunque hasta ahora las negociaciones se han mantenido en un formato bilateral. El objetivo, según explican, es evitar que el Ministerio actúe como “único filtro” ante unas autonomías que asumen la gestión directa del sistema sanitario.
En paralelo, la presión política se intensifica. El bloque de consejeros de sanidad del Partido Popular ha advertido de que, si para el 27 de abril —fecha de inicio de la nueva ola de paros— no existe un acuerdo firme, solicitarán formalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la dimisión inmediata de la ministra de Sanidad. Esto supone otro capítulo en este conflicto que se encamina hacia la tercera huelga médica nacional y que, pro el momento, no tiene previsto terminar.
