La sanidad española se adentra en el parón de Semana Santa sumida en un clima de desconfianza. Lo que comenzó como una discrepancia técnica sobre la reforma del Estatuto Marco ha mutado en una crisis de gestión nacional que amenaza con cronificarse, dejando tras de sí un rastro de miles de pacientes afectados y una quiebra de confianza entre los profesionales y el Ministerio de Sanidad. Mientras la ministra Mónica García intenta proyectar una imagen de optimismo y «buena fe negociadora» tras la reunión del pasado del pasado jueves que sirvió para reabrir el diálogo, el Comité de Huelga responde que la huelga nacional se mantiene intacta hasta junio.
A las puertas de las vacaciones, las incógnitas no solo se multiplican, sino que se profundizan, entre la vía de diálogo y la «escenificación política», con la duda de quién será el mediador que todas las partes dicen aceptar pero nadie conoce formalmente. La principal duda sigue siendo: ¿cómo se va a salvar el abismo técnico que separa las demandas de los médicos de las propuestas del Ministerio?.
¿Desescalada o más paros?
Uno de los puntos de mayor fricción ha sido la narrativa construida por el Ministerio tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). La ministra García dejó entrever un final próximo de las movilizaciones, apelando a una supuesta «desescalada» tras el periodo vacacional. Sin embargo, esta afirmación ha sido recibida con indignación por los sindicatos, quienes la califican de «estrategia para confundir a la opinión pública» y de «intentar deslegitimar al interlocutor sindical».
La realidad es que el calendario de paros nacionales no se ha movido un ápice y se mantiene firme hasta junio, con la próxima gran cita marcada en rojo para la semana del 27 al 30 de abril. Para el Comité de Huelga, integrado por la CESM, SMA, Metges de Catalunya, AMYTS, SME y O’MEGA, la reunión del pasado jueves no fue un avance sustancial, sino apenas «un desbloqueo tras meses de silencio administrativo asfixiante» por parte del Ministerio. La ministra García sostiene que ya se han celebrado 26 reuniones con el Comité, pero los sindicatos denuncian que las propuestas ministeriales son «un simple reciclaje de ideas ya rechazadas en diciembre».
La ministra Mónica García se aferra a su perfil activista para defender la reforma. Para la titular de Sanidad, el nuevo Estatuto Marco «representa la primera piedra necesaria para abrir futuras negociaciones sobre la organización del sistema», por lo que rechaza tajantemente retirar el texto. El Ministerio insiste en que no puede permitir que el marco regulatorio de 2003 permanezca inalterado, reivindicando avances históricos como la periodicidad de procesos selectivos cada dos años o la limitación de los turnos de trabajo a un máximo de 17 horas para acabar con las guardias de 24 horas.
Desde el departamento de Sanidad se lanza un órdago directo a las comunidades autónomas, instándolas a «aplicar mejoras que ya están en su mano en lugar de alimentar el conflicto». García ha sido especialmente incisiva al retar a los consejeros regionales que afirman tener recursos para eliminar las guardias de 24 horas a que lo hagan de inmediato mediante su propia capacidad organizativa. El Ministerio defiende que «la ley estatal solo fija los límites generales, pero que la dotación de plantillas, la planificación del trabajo y las retribuciones específicas son competencia exclusiva de las autonomías», calificando de «desleal» la postura de regiones como Madrid por fomentar la confrontación.
Finalmente, la ministra ha cuestionado abiertamente el objeto de las movilizaciones, señalando una falta de «voz única» y de «reivindicaciones coherentes» entre los representantes sindicales. García sostiene que existe una paradoja en la huelga, puesto que el Comité le ha transmitido que mantendrá los paros tanto si se continúa con la tramitación del Estatuto como si este se retira. Ante este escenario, el Ministerio reclama «flexibilidad y realismo» a los facultativos, lamentando que los acuerdos alcanzados en mesas transversales con sociedades científicas y decanos no estén traduciéndose en una desescalada que considera justa para los pacientes.
El laberinto del mediador
La figura del mediador se ha presentado como la posible vía para desbloquear el conflicto, medida a la que se aferran tanto el Ministerio como las Comunidades Autónomas (CCAA) para evitar el colapso total de las negociaciones. No obstante, lo que debería ser una solución técnica se ha convertido en una nueva fuente de incertidumbre.
A pesar del anuncio mediático del Ministerio sobre el pacto con las CCAA para nombrar a un mediador, los sindicatos denuncian que «no hemos recibido ni una sola línea de comunicación formal» al respecto. Denuncian que la propuesta solo existe, por ahora, en los medios de comunicación. Mientras, existe un desacuerdo sobre quién debe ejercer este papel. El Ministerio propuso inicialmente al Foro de la Profesión Médica, pero los sindicatos exigen «un perfil mucho más técnico y laboral». Por otro lado, algunas CCAA han sugerido que sean las organizaciones de pacientes quienes medien, al ser los principales damnificados por la huelga. Los sindicatos como Amyts no cierran la puerta a que los pacientes estén presentes, pero más como testigos «para dotar de transparencia al proceso» que como mediadores técnicos, un perfil que defienden desde CESM.
Aunque, el Comité de Huelga advierte que «no aceptaremos a ninguna figura que sea impuesta sin consenso» y que debe ser reconocida por todas las partes para que sus conclusiones sean válidas.
Los puntos clave de la negociación
Si algo ilustra la magnitud del conflicto son las líneas rojas de sobre la mesa de negociación, que revela diferencias «innegociables» e «inviables» a día de hoy.
Jornada y guardias
Los médicos exigen una jornada máxima obligatoria de 35 horas semanales, equiparándose al resto de los profesionales públicos. La respuesta del Ministerio es una propuesta de 45 horas en cómputo cuatrimestral, específica solo para médicos y facultativos. Además, mientras el Comité de Huelga reclama que cualquier hora fuera de la jornada ordinaria (guardias) sea estrictamente voluntaria y retribuida al 150%, el Ministerio mantiene su carácter obligatorio y una retribución que, según los sindicatos, se sitúa por debajo del precio de la hora ordinaria.
Clasificación profesional: el grupo 9
Los facultativos demandan el reconocimiento de su singularidad mediante la creación del Grupo 9 para especialistas, basado en sus 11 años de formación y su responsabilidad legal única. El Ministerio, por el contrario, ve «técnicamente inviable» crear nuevos grupos profesionales y se limita a proponer criterios de formación académica sin concreción alguna. Para el Ministerio, la propuesta sindical de un grupo para médicos sin especialidad (Grupo 8) es «ilegal» en España.
Jubilación anticipada y desgaste
Otra de las grandes líneas rojas es la jubilación. Los sindicatos piden que «las más de 500 horas anuales que muchos médicos realizan en exceso (guardias) computen para reducir la edad de jubilación mediante coeficientes reductores». El departamento de Mónica García ha lanzado la pelota al tejado de la Seguridad Social, argumentando que la ley actual no permite tales coeficientes basándose solo en la jornada efectiva.
El ultimátum de las CCAA y el pulso político
El conflicto ha trascendido los despachos del Ministerio de Sanidad para convertirse en una batalla política regional. Tras el CISNS del pasado viernes, los consejeros de Sanidad del PP han formado un frente común para presionar a la ministra. El consejero de Castilla y León, Alejandro Vázquez, llegó a amenazar con pedir la sustitución de García si no hay acuerdo antes del 27 de abril.
Las comunidades aseguran que «no se pueden eliminar las guardias de 24 horas ni mejorar retribuciones sin fondos específicos del Estado«. Fátima Matute (Madrid) comparó la situación con el Ministerio de Transportes, señalando que «Óscar Puente puso 1.800 millones sobre la mesa para desconvocar una huelga (de Renfe)», algo que Sanidad no ha hecho.
Las CCAA apoyan la demanda sindical de que los médicos tengan una mesa de negociación directa y vinculante con el Ministerio, separándolos de los sindicatos generalistas como CCOO o UGT. Además, los consejeros lamentan la ausencia de los ministerios de Hacienda, Función Pública y Trabajo en las reuniones, considerando que sin ellos cualquier reforma de calado es imposible.
García ha respondido a las críticas afirmando que «sería una traición pasar por el Ministerio sin intentar reformar el Estatuto Marco». Sin embargo, acusa a comunidades como Madrid de «intentar poner más gasolina al conflicto» y les insta a aplicar mejoras que ya están en su mano, como el pago de la hora de guardia por encima de la ordinaria.
La ministra defiende que su reforma es histórica porque busca acabar con las guardias de 24 horas, limitándolas a un máximo de 17 horas de trabajo, mientras, para los sindicatos, el nuevo texto no resuelve los problemas de fondo. Mientas, el seguimiento de la huelga se estimó en un 80% en hospitales y un 50% en Atención Primaria durante la última semana de huelga, según los sindicatos médicos.
El horizonte del 9 de abril
La hora de la verdad llegará el 9 de abril, fecha fijada para un Pleno Extraordinario del CISNS dedicado monográficamente a este conflicto. Será entonces cuando se compruebe si el anuncio del mediador ha servido para algo más que para ganar tiempo durante las vacaciones.
En el horizonte está por ver si el Ministerio presentará los «nuevos documentos de análisis» prometidos al Comité de Huelga, si habrá algún compromiso de financiación por parte del Gobierno central para desbloquear las demandas de las CCAA o si logrará el mediador, si es que finalmente se nombra y acepta, reducir la brecha técnica del cuadro de la CESM.
La sanidad española se va de vacaciones en un nuevo pico de tensión que, el 9 de abril, si no hay propuestas firmes, la «primavera de movilizaciones continuará imparable», acumulando actos médicos cancelados y una relación entre médicos y administración totalmente fracturada. La pelota vuelve a estar en el tejado de Mónica García.
