La reunión mantenida este viernes en el Ministerio de Sanidad ha concluido bajo el mismo blindaje informativo que ha caracterizado los últimos dos contactos entre el departamento de Mónica García y el Comité de Huelga. Tras horas de interlocución, ambas partes han decidido mantener su estrategia de discreción absoluta, evitando el habitual «cruce de titulares» y las filtraciones interesadas que dinamitaron encuentros previos.
El hermetismo actual es un giro radical adoptado para intentar salvar el diálogo antes de que el conflicto entre en una fase irreversible. El detonante de este cambio de método fue el fracaso de la semana anterior, cuando la propuesta ministerial de incluir a pacientes como mediadores fue tachada de «cortina de humo» por los sindicatos. Ahora, con las cartas sobre la mesa, la prioridad es avanzar en la complejidad técnica de las demandas sin la presión mediática constante, aunque fuentes cercanas a la negociación advierten que las posturas de partida siguen estando, en términos generales, «alejadísimas».
Uno de los grandes interrogantes que sigue sobrevolando la mesa es la incorporación de las comunidades autónomas (CCAA) a las conversaciones. El Comité de Huelga, integrado por CESM, SMA, Metges de Catalunya, AMYTS, SME y O’MEGA, insiste en la necesidad de una negociación a tres bandas. Argumentan que las regiones, como responsables directas de la gestión asistencial, «deben conocer sin distorsión alguna el alcance de las propuestas».
Mientras se mantiene el silencio en el Paseo del Prado, el 27 de abril, en menos de diez días, volverán los paros nacionales. El impacto de las movilizaciones previas ya es, en palabras de los propios sindicatos, «demoledor», con más de 1,5 millones de actos médicos cancelados y un seguimiento que ha llegado al 80% en el ámbito hospitalario. De no alcanzarse un acuerdo firme en los próximos días, el calendario de la denominada «primavera de movilizaciones» prevé huelgas también durante los meses de mayo y junio.
En el núcleo del conflicto persiste un abismo técnico y legal difícil de salvar. Los facultativos consideran «irrenunciables» puntos como la jornada de 35 horas, la creación de una nueva clasificación profesional (Grupo A1 Plus) y el pago de las guardias al 150% de la hora ordinaria, además de un estatuto y una mesa de negociación propios. Por su parte, el Ministerio de Sanidad se mantiene firme en la «rigidez competencial», calificando algunas de estas peticiones como «técnicamente inviables» o directamente ilegales, al tiempo que remite la organización de los turnos a la capacidad de las propias autonomías.
A la tensión laboral se suma una ofensiva política sin precedentes por parte de los consejeros de sanidad del bloque del Partido Popular. Líderes regionales como Fátima Matute han lanzado un ultimátum nítido: si el 27 de abril no hay un acuerdo que ponga fin a la huelga, exigirán formalmente al presidente Pedro Sánchez la dimisión de Mónica García. Las CCAA denuncian encontrarse en «una trampa política», donde se les insta a aplicar mejoras sin recibir una financiación finalista que las haga sostenibles.
El éxito o fracaso de la vuelta a la negociación bilateral determinará si el sistema sanitario logra una tregua o si se encamina hacia una cronificación del conflicto. Por ahora, los médicos permanecen a la espera de que las comunidades recojan el guante de la reunión a tres bandas para negociar el futuro de la profesión.
