Sanidad responde al Comité de Huelga: «Traen las mismas propuestas que acordamos en diciembre»

El Ministerio de Sanidad reclama "voluntad de acuerdo, flexibilidad y adecuación al marco legal" para desbloquear el conflicto, mientras tacha de "inviables" puntos clave de la propuesta sindical, como la creación de grupos para médicos sin especialidad o cambios en la jubilación ajenos a su competencia

El Ministerio de Sanidad ha decidido dar un paso al frente en un intento por desbloquear la crisis que mantiene en vilo al Sistema Nacional de Salud, lo que se suma a la «voluntad de diálogo» de los sindicatos médicos. En un escenario de tensión creciente, Mónica García ha movido ficha para reactivar los canales de negociación con los representantes de los facultativos, aunque el clima de confianza parece estar bajo mínimos.

Según han confirmado fuentes ministeriales, «la convocatoria de la reunión con el Comité de Huelga para los días 26 y 30 de marzo ha partido por iniciativa del propio Ministerio, con el objetivo de reactivar el diálogo y avanzar en la negociación».

No obstante, este movimiento no ha estado exento de reproches hacia las formas del Comité, ya que, desde el departamento, «llama la atención que, en lugar de trasladar una respuesta formal al departamento por los cauces institucionales habituales, el Comité haya optado por pronunciarse a través de los medios de comunicación».

Propuestas repetidas y falta de flexibilidad: el diagnóstico de Sanidad

La principal queja del Ministerio radica en la falta de novedades en el pliego de demandas del sindicato CESM y el resto de integrantes del Comité. Para Sanidad, el documento presentado por los huelguistas no es más que una vuelta a una casilla de salida que ya se creía superada tras las conversaciones de finales del pasado año. En este sentido, fuentes oficiales destacan que «todas las cuestiones incluidas en el documento difundido por el Comité de Huelga han sido ya abordadas, respondidas o encauzadas en el proceso de negociación». El Ministerio defiende que ha hecho el máximo esfuerzo posible dentro de la legalidad, «incorporando los avances posibles dentro del marco competencial vigente y dejando abiertas vías de desarrollo en aquellos aspectos que requieren la participación de otros niveles de la Administración».

La frustración en el Ministerio es palpable al recordar que la hoja de ruta actual no es una imposición unilateral, sino un camino trazado de forma conjunta con el sector. Según el Ministerio, «estas posiciones, además, han sido compartidas y avaladas en espacios de representación profesional como el Foro de la Profesión Médica, en el que está representada la organización CESM además de ser preacordadas durante las negociaciones que se mantuvieron en diciembre». Por ello, consideran que el proceso se ha estancado por una falta de realismo en la parte sindical, advirtiendo que «un proceso de negociación exige necesariamente voluntad de acuerdo, flexibilidad y adecuación al marco legal existente». Bajo este prisma, fuentes de Sanidad son tajantes al señalar que «resulta difícil avanzar si se mantienen posiciones invariables en aspectos que, por su naturaleza competencial o jurídica, no pueden ser asumidos por este departamento».

Las barreras técnicas y legales: por qué Sanidad no cede en todo

El Ministerio de Sanidad sostiene que muchas de las exigencias del Comité de Huelga chocan frontalmente con el ordenamiento jurídico o con las competencias de otros ministerios y regiones. Un ejemplo claro es la clasificación profesional. Aunque los sindicatos reclaman un modelo de 9 grupos que sitúe a los médicos especialistas en la cúspide (Grupo 9), Sanidad ve inviable la creación de un grupo específico para médicos sin especialidad (lo que los sindicatos llaman Grupo 8). La razón es técnica: en el sistema asistencial español, el ejercicio sin título de especialista es ilegal, salvo casos muy residuales, por lo que, según Sanidad, no tendría sentido normativo crear una categoría asistencial para ellos. El Ministerio propone, en cambio, reformar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) para diferenciar grados de responsabilidad según los niveles MECES.

En cuanto a la jubilación anticipada, el conflicto se topa con el muro de la Seguridad Social. Sanidad recuerda que la normativa actual no permite aplicar coeficientes reductores basados únicamente en la duración de la jornada laboral efectiva, como exigen los médicos para compensar el desgaste de las guardias. Como alternativa, el Ministerio ha incluido en el borrador del Estatuto Marco la posibilidad de iniciar trámites de jubilación anticipada según la ley vigente y ha activado la jubilación parcial de forma inmediata para todo el personal estatutario.

Respecto a la jornada de 35 horas, Sanidad argumenta que ya ha cumplido con esta petición al posibilitar que cada comunidad autónoma organice el trabajo mediante turnos o guardias, limitando estas últimas a un máximo de 17 horas, salvo consentimiento expreso del profesional. Además, se propone un estudio a tres años vista para evaluar la reducción de la jornada máxima en función de las necesidades asistenciales y la salud laboral.

Hacia un pleno monográfico: la presión autonómica surte efecto

La inquietud de los consejeros autonómicos ha forzado al Ministerio a convocar un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el próximo 9 de abril, que tendrá carácter «monográfico sobre la huelga de facultativos». Esta decisión llega tras las reiteradas quejas de comunidades como Madrid, Andalucía, País Vasco, Canarias y Castilla-La Mancha, que reclamaban abordar el conflicto «antes de empezar a ver nada más» debido a su gravedad.

A pesar de las profundas diferencias, el Ministerio de Sanidad mantiene una puerta abierta a la esperanza. Fuentes oficiales aseguran que el departamento «valora la disposición manifestada públicamente para acudir a la reunión del próximo 26 de marzo» y confía en que estos nuevos encuentros permitan «reconducir el proceso hacia un diálogo efectivo, centrado en los ámbitos donde sí es posible alcanzar acuerdos«. La resolución de este conflicto, que ya ha desbordado el ámbito laboral para convertirse en un problema estructural de coordinación nacional, dependerá de la capacidad de ambas partes para ceder en sus posiciones más enrocadas.


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