El conflicto que mantiene en vilo al Sistema Nacional de Salud (SNS) parece haber empezado a encauzarse hoy, tras un giro hacia la negociación sin mediador, pero guardando silencio a favor de retomar unas conversaciones que se vieron rotas por la presencia de un mediador, sin previo pacto, en la «no reunión» del pasado miércoles.
Tras semanas de enfrentamientos públicos y declaraciones cruzadas, ambas partes han vuelto a sentarse frente a frente en la sede del Paseo del Prado. Sin embargo, esta cita ha estado marcada por un cambio de estrategia radical, según ha podido saber Gaceta Médica, el departamento que dirige Mónica García y los representantes sindicales, dos de CESM, uno del SME y otro de Metges de Catalunya, han acordado un pacto de discreción sobre el contenido de la reunión, que se ha desarrollado, finalmente, sin la presencia de mediadores externos.
Este acercamiento se produce en un momento de máxima presión asistencial, ya que después de dos semanas de paros, y a tan solo una quincena de la tercera, el balance ya supera los 1,5 millones de citas médicas perdidas, con una «primavera de movilizaciones» que, aún no desconvocada, amenaza con cronificarse hasta el verano si no se alcanza un acuerdo sobre la reforma del Estatuto Marco de 2003.
El fin del «conflicto del mediador»
La reunión de este lunes estaba marcada en el calendario como la cita más crítica en lo que va de año. El principal obstáculo que había dinamitado los puentes la semana pasada fue la propuesta ministerial de incluir a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) como mediadora u observadora. Para los sindicatos médicos (CESM, SMA, Metges de Catalunya, AMYTS, SME y O’MEGA), esta maniobra fue recibida como «una imposición unilateral y una cortina de humo para desviar la atención de los problemas técnicos y laborales hacia la presión social».
Desde el prisma sindical, se argumentó que la neutralidad era imposible si se proponía como árbitro a la parte directamente afectada por los paros: los pacientes. Víctor Pedrera, presidente de la CESM, insistió en que la complejidad técnica del Estatuto Marco exigía un perfil «mucho más técnico y laboral«. Por su parte, la ministra Mónica García llegó a calificar la negativa de los médicos como «un plantón que despreciaba la labor de los pacientes».
Sin embargo, el agotamiento de las vías de confrontación parece haber forzado a ambas partes a prescindir de figuras externas. Al eliminar la figura del mediador, aunque el Ministerio llegó a invitar a los sindicatos a traer por su cuenta si no aceptaban a la POP, la negociación ha vuelto a su cauce original: una interlocución directa entre el departamento de García y los representantes de los facultativos.
Un pacto de silencio para salvar la negociación
La discreción que rodea al encuentro de hoy es una medida inusual en un conflicto que, hasta ahora, se había librado en gran medida a través de «un cruce de titulares». La desconfianza mutua había llegado a tal punto que el Comité de Huelga llegó a plantear que las reuniones fueran grabadas para asegurar la fidelidad de la información ante las discrepancias interesadas en las interpretaciones de los encuentros previos.
Este nuevo pacto de discreción sugiere un intento de blindar la mesa de negociación de la presión mediática y política. El objetivo ahora es desbloquear las seis líneas rojas que los sindicatos consideran «irrenunciables» y que el Ministerio ha tachado en repetidas ocasiones de «técnicamente inviables».
A pesar del silencio actual, las posturas de las que partían Sanidad y los médicos antes de entrar en la sala este lunes seguían siendo, en palabras de Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, «alejadísimas». Estas son las demandas que están sobre la mesa y que ahora se discuten bajo reserva:
- Estatuto propio. Un marco normativo que reconozca la singularidad de la labor médica, diferenciándola de otras profesiones sanitarias.
- Mesa de negociación directa. Exigen una interlocución vinculante donde los médicos negocien sus condiciones sin la tutela de sindicatos generalistas como CCOO o UGT.
- Clasificación profesional (Grupo A1 Plus / Grupo 9). El reconocimiento de los 11 años de formación y la responsabilidad legal que asumen los médicos.
- Jornada de 35 horas y guardias voluntarias. Demandan que las guardias de 24 horas sean voluntarias y se paguen al 150% de la hora ordinaria.
- Jubilación anticipada. Aplicación de coeficientes reductores que compensen el desgaste de décadas de guardias nocturnas.
- Garantías de igualdad. Protección de retribuciones y descansos en situaciones de maternidad, embarazo y lactancia.
El abismo técnico y legal, y la presión política
Frente a este catálogo de peticiones, el Ministerio de Sanidad ha mantenido una postura de «rigidez competencial». El equipo de Mónica García defiende que su propuesta de reforma es «un hito histórico» y que muchas de las demandas de los médicos ya están resueltas o dependen de otras carteras, como Seguridad Social en el caso de la jubilación.
El abismo es especialmente profundo en el tema de la jornada laboral. Mientras los médicos exigen las 35 horas inmediatas, el Ministerio defiende una jornada de 45 horas en cómputo cuatrimestral y remite la organización de turnos a las comunidades autónomas. Además, Sanidad ha calificado de «ilegal» la creación de categorías para médicos sin especialidad y ve inviable el salto al Grupo 9.
La urgencia por alcanzar un acuerdo no es solo asistencial, sino también política. El bloque de consejeros de sanidad del Partido Popular, liderado por Fátima Matute (Madrid) y Alejandro Vázquez (Castilla y León), ha formado un frente común contra la gestión de García. Las autonomías se sienten «atrapadas», alegando que la ministra les insta a aplicar mejoras que no pueden financiar sin fondos finalistas del Estado.
La tensión política alcanzó su punto máximo en el Consejo Interterritorial del 9 de abril, donde se solicitó abiertamente la dimisión de la ministra. El ultimátum es nítido: si para el próximo 27 de abril no hay un acuerdo firme, los consejeros del PP exigirán formalmente al presidente Pedro Sánchez la destitución inmediata de Mónica García.
¿Hacia una tregua o un nuevo bloqueo?
La discreción pactada hoy es una nueva oportunidad para evitar la próxima ola de paros nacionales fijada para la semana del 27 al 30 de abril, a la que se sumarían otras dos semanas por mes en mayo y junio.
El Ministerio asegura que su voluntad de diálogo es inquebrantable y que «no se levantarán hasta que se desbloquee la situación». Por su parte, el Comité de Huelga, aunque escéptico ante lo que denominan «modificaciones retóricas» del departamento de García, ha aceptado este nuevo marco de negociación sin mediadores.
La gran incógnita es si este silencio servirá para que ambas partes cedan en sus posturas técnicas o si, por el contrario, es solo una pausa antes de que el conflicto desborde definitivamente al sistema el próximo 27 de abril. Por ahora, Sanidad y los médicos han decidido que el futuro del Estatuto Marco se juega mejor lejos de los focos, mientras se emplazan a seguir dialogando en próximos encuentros.
