La ministra de Sanidad, Mónica García, sostuvo este martes en el Congreso de los Diputados que su departamento continúa “avanzando” en las conversaciones con el Comité de Huelga sobre el nuevo Estatuto Marco. Según explicó a las puertas del acto Cáncer; cuestión de Estado, el Gobierno mantiene abierta la vía del diálogo con los representantes de los profesionales tras un proceso que, en sus palabras, acumula ya más de una veintena de reuniones.
García vinculó ese avance a una idea central: el Estatuto Marco debe servir para elevar las condiciones laborales del conjunto del Sistema Nacional de Salud sin abrir una negociación por cuerpos o categorías. «No creemos en la fragmentación del sistema», afirmó, al rechazar la pretensión de un «estatuto solamente para el colectivo médico» que deje fuera al resto de profesionales. Para la ministra, el sistema funciona de forma «cohesionada» y «multidisciplinar», y la norma debe reflejar esa arquitectura.
Un texto «con demandas incluidas» y líneas rojas competenciales
La titular de Sanidad defendió que «todas las demandas que pueden estar incluidas en un Estatuto Marco, están incluidas», aunque reconoció que parte de las peticiones planteadas exceden el marco de esa norma. En su intervención, deslizó dos límites claros: no asumir demandas que impliquen invadir competencias autonómicas, ni aceptar exigencias que obliguen a saltarse otras leyes. «No lo vamos a hacer», zanjó.
García insistió en que el Estatuto Marco es un primer escalón para modernizar un marco legal que, según remarcó, está anclado en una ley de 2003 que «nadie ha sacado del cajón» en más de dos décadas. Con esa actualización, defendió, se fijarán límites y estándares mínimos para después trasladar la exigencia de cumplimiento a quienes gestionan plantillas, horarios y retribuciones, es decir, a las comunidades autónomas.
En esa lógica, la ministra situó el Estatuto como una herramienta de presión institucional: definir reglas claras a nivel estatal para que el debate posterior con las autonomías se centre en la implementación real. «Es el primer paso para luego ir a los que tienen realmente la gestión de esas competencias», señaló, apuntando a la necesidad de que las mejoras se materialicen con recursos y organización sobre el terreno.
Guardias: fin de las 24 horas y límites a los turnos encadenados
Uno de los puntos más concretos de su exposición fue el sistema de guardias. García aseguró que el Ministerio ya ha impulsado una medida inédita: «Eliminar las guardias de 24 horas». «El Estatuto Marco elimina las guardias de 24 horas», recalcó, presentándolo como un cambio estructural frente a una práctica que, a su juicio, perjudica tanto a profesionales como a pacientes.
La ministra distinguió entre esa eliminación y el debate sobre la voluntariedad de las guardias, que consideró «absolutamente inviable» por el impacto que tendría en la cobertura de noches y fines de semana. Reconoció la «penosidad» asociada a esos turnos, pero defendió que la clave está en cómo repartirla entre más profesionales, con diferentes modalidades organizativas. En ese esquema, García dejó claro que el Estatuto Marco no pretende decidir el modelo concreto, sino fijar «los límites».
En este sentido, ejemplificó esa idea con una restricción directa: «Como mucho puedes trabajar dos turnos seguidos», salvo que exista una prolongación voluntaria. Frente a ello, describió la situación actual en muchos centros: profesionales que entran a las 8:00 y salen a las 8:00 del día siguiente, lo que equivale a «tres turnos seguidos». «Esto es inviable y esto es dañino para los profesionales y también para los pacientes», advirtió, reclamando que las comunidades «pongan recursos, presupuesto y más profesionales» para hacer viable el reparto del trabajo en mejores condiciones.