La Proposición de Ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios sigue su curso parlamentario. Este lunes, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por el Sindicato de Enfermería (SATSE), se debatió en la Comisión de Sanidad. Durante la sesión, los grupos parlamentarios volvieron a respaldar su puesta en marcha. Así, destacan la necesidad de aprobarla para mejorar la calidad asistencial y las condiciones laborales de los profesionales de la Enfermería.
La propuesta pasará a junta de portavoces para que decidan su inclusión en un pleno para su toma en consideración. Todo ello tras varias ampliaciones del plazo de enmiendas y retrasos por las diferentes convocatorias electorales que se han dado desde 2018. Sin embargo, SATSE reclama que se aceleren los plazos tras varios años de espera. Así, recordaron que, a pesar de que se tomó en consideración en 2020, aún continúa en trámite. De hecho, en la anterior legislatura se realizaron 83 prórrogas en el plazo de presentación de enmiendas parciales.
El secretario general de Acción Sindical de SATSE, Rafael Reig, destacó, en una entrevista para Gaceta Médica, que a pesar de las buenas palabras y el reconocimiento de la labor de las enfermeras por parte de todos los grupos parlamentarios, “solo dos de ellos expresaron un apoyo claro y decidido a la Ley”. Esta Ley «establecerá una ratio adecuada y segura de pacientes por enfermera». Todo ello «permitirá incrementar las plantillas de forma ordenada y progresiva, aliviando así la actual sobrecarga laboral”, tal y como incidió.
Por su parte, el presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, también resaltó la larga espera que se está dando con esta Ley. Así, pidió agilizar “de una vez por todas” el trámite parlamentario al haber sido analizada en las anteriores legislaturas.
El retraso afecta a los profesionales
En la actualidad, una enfermera puede atender hasta 20 o 25 pacientes en un hospital. La propuesta de SATSE establece que el número máximo debería situarse entre seis y ocho pacientes por enfermera. “Es una diferencia abismal que repercute directamente en la calidad de la atención sanitaria y en la seguridad de los pacientes”, explicó.
El retraso en la aprobación de esta ley está afectando gravemente tanto a los profesionales como a los pacientes, según Reig. “La sobrecarga laboral de las enfermeras es una realidad que se ha ido agravando en los últimos años por la falta de plantillas suficientes”, lamentó. Se trata de una situación que, según diversos estudios, está generando importantes secuelas en la salud física, psicológica y emocional de los profesionales. Estrés y ansiedad que son responsables de la creciente desmotivación de las enfermeras.
Reticencias a resolver el déficit en Enfermería
La Proposición de Ley promovida por SATSE se centra en resolver el «déficit crónico de plantillas enfermeras» que sufre España. Un problema que «nos sitúa muy por debajo de la media europea», tal y como enfatizó Reig. Así, el objetivo de la norma es “mejorar la atención y los cuidados que prestamos a las personas”. No obstante, también reconoció otras reivindicaciones de gran importancia para SATSE como “acabar con la temporalidad y la precariedad laboral, lograr una clasificación profesional justa, la jubilación anticipada voluntaria, o recuperar derechos y recortes salariales”.
Por todo ello, a pesar de las dilaciones que están sufriendo en su tramitación, Reig mostró la disposición de SATSE a “revisar y flexibilizar las cifras y los plazos para dar tiempo a que los servicios de salud puedan asumir, organizativa y económicamente, este aumento de plantillas”. Según pormenorizó, uno de los factores que puede haber generado reticencias es «el temor al coste económico que supone el incremento necesario de plantillas enfermeras». Además, indicó que algunos grupos parlamentarios dudan de si la oferta actual de plazas de formación en el Grado de Enfermería es suficiente para cubrir la demanda que generaría esta ley.
Por su parte, Pérez Raya, reconoció que la aprobación de esta Ley “va a suponer un reto y un esfuerzo en todo el sistema sanitario. Tanto público, como privado. Si bien, reclamó “analizar entre todos su puesta en marcha de forma paulatina y razonable para que sea sostenible”. Así, recordó que se persigue “la seguridad del paciente y establecer criterios de calidad en la asistencia sanitaria”. De este modo, recalcó que no se trata de “una reivindicación corporativista”.
Seguridad del paciente
Precisamente, este es uno de los aspectos que SATSE considera más importantes es el impacto directo de esta ley: la seguridad del paciente. Esto se debe a “la mayor relevancia” que se le ha dado en los últimos años por «la creciente evidencia científica que demuestra que los errores y las complicaciones evitables son una de las principales causas de mortalidad y morbilidad”, tal y como explicaron.
Para prevenir estas complicaciones, SATSE insiste en la necesidad de contar con “recursos humanos suficientes” en Enfermería, y eso incluye un número adecuado de enfermeras por paciente. “Esta ley busca evitar riesgos, reingresos, complicaciones, efectos adversos y, en los casos más graves, incluso fallecimientos en los hospitales, centros de salud y otros centros sociosanitarios como las residencias de mayores”, insistió Reig.
Apoyo parlamentario
En la Comisión de Sanidad de este lunes, los grupos parlamentarios apoyaron la continuidad del trámite de esta medida. Así, Gaceta Médica contactó con diversos grupos para conocer su posición ante los siguientes pasos legislativos en relación a esta ILP, tanto por parte de los que conforman el Consejo de Ministros -Socialista y Plurinacional Sumar-, como del principal de la oposición (PP). Sin embargo, el PSOE no valoró esta medida a la espera de su toma en consideración.
Desde el Grupo Plurinacional Sumar ya expresaron, en la sesión de la Comisión de Sanidad, su acogida favorable a la ILP de ratios de enfermeras. Entre los motivos, resaltaron “la inmensa movilización” en relación al número de firmas. Pero, además, porque “España tiene unos índices de ratio inferiores a un 20 por ciento a los de la UE”, tal y como confirmaron en declaraciones a GM.
Asimismo, reclaman otras medidas adicionales a esta ILP. Entre ellas, destacaron “la recalificación de categorías, aumentos de plantillas, racionalización y aumentos de financiación en el marco de las reformas de conjunto de nuestro sistema sanitario público que prepara el Ministerio de Sanidad”. Para ello, pidieron la participación de todas las partes -CCAA, sanitarios, sociedades científicas y asociaciones de pacientes-.
La visión de la oposición
La vicepresidenta segunda de la Comisión de Sanidad y diputada del Partido Popular por Zamora, Elvira Velasco, destacó la importancia de actualizar los recursos y procesos en función de los cambios ocurridos en los últimos años que afectan a la atención sanitaria en España.
Por este motivo, Velasco subrayó la relevancia de revisar y adaptar la propuesta inicial. “Desde el momento en que se presentó la iniciativa hasta ahora, la atención sanitaria ha cambiado”. Así, es necesario actualizarla para atender a las «necesidades asistenciales, no solo de ahora, sino del futuro también». Entre las claves que señaló, se encuentran el modelo de AP, el ámbito de la cronicidad y el sociosanitario, que en su opinión no se recogen adecuadamente en la propuesta original.
En cuanto al papel de la Enfermería, para Velasco, “la situación requiere una atención especial” por la diversidad en cuanto al número de enfermeras por todo el territorio nacional. Así, concluyó valorando que a pesar de cerrarse el plazo de enmiendas en la anterior legislatura, el debate no llegó a realizarse, por lo que espera darle un impulso en este periodo legislativo. Si bien, lo supeditó a la actual inestabilidad política.
La posición de los médicos
El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Lorenzo Armenteros, subrayó, en declaraciones para GM, que la medida, aunque simbólica, no aborda por completo los problemas estructurales del sistema de salud. Si bien, descartó valorar las reivindicaciones laborales de otro colectivo, se mostró de acuerdo si así «las piden» desde Enfermería. Aunque les parece “insuficiente para la seguridad del paciente”, resaltó que “hablar de un número concreto puede ser generalizadamente correcto”. Así, matizó que factores como la ruralidad, la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población podrían exigir un ajuste en esos ratios. «Es una ratio estándar, que puede ser útil como punto de partida», añadió.
En cuanto a cómo esta medida podría beneficiar a la profesión médica, Armenteros señaló que cualquier mejora en las condiciones de un colectivo sanitario repercute positivamente en todo el sistema. «Mejoran las condiciones de trabajo de un colectivo”, por lo que “se trabaja de una forma más adecuada, digna y correcta». Además, incidió en la importancia del trabajo colaborativo entre médicos y enfermeras. Sin embargo, desde la SEMG consideran que la ILP, por sí sola, no garantiza la seguridad del paciente. «Para incrementar la seguridad del paciente no solamente hace falta una ratio adecuada. Es necesario mejorar las condiciones de trabajo, mayor dignidad en el trabajo que realizamos, más capacidad resolutiva, reducir la carga burocrática», tal y como explicó el portavoz.
Una iniciativa de SATSE
La ILP presentada por SATSE establece que, en los hospitales, como regla general, haya un máximo de seis pacientes por cada enfermera, pudiéndose asignar hasta ocho. Así, en los centros de salud, la asignación de población por cada enfermera o enfermero no debería superar nunca los 1.500 habitantes.
España carece de una legislación específica que regule la asignación de número de profesionales en los centros sanitarios. Por ello, cada comunidad autónoma establece el número de enfermeras y enfermeros de sus plantillas en función de criterios diversos. SATSE ha alertado de que “cuenta más el interés por el ahorro económico que mejorar la calidad de los cuidados”, de ahí el origen de esta iniciativa.
