“Cierre en falso”, “discriminación”, “maltrato” o “ninguneo”. Con estos términos resumen los sindicatos médicos la situación actual del conflicto abierto con el Ministerio de Sanidad por el nuevo Estatuto Marco. Este sábado, el colectivo volverá a manifestarse en Madrid en una movilización que servirá como pistoletazo de salida a la huelga indefinida convocada a partir del 16 de febrero —una semana al mes hasta junio—.
La reivindicación de fondo atraviesa todos los discursos: la exigencia de un estatuto propio o, al menos, de una mesa de negociación específica a nivel estatal. “Puesto que nuestro desempeño es extraordinario y nuestras condiciones son diferentes a las del resto, se negocie con nosotros en una mesa a nivel estatal”, defiende en Gaceta Médica Ángela Hernández, secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts). No se trata, insiste, de una reclamación “por capricho”, sino de adecuar el marco normativo a una realidad laboral diferenciada.
“Puesto que nuestro desempeño es extraordinario y nuestras condiciones son diferentes a las del resto, se negocie con nosotros en una mesa a nivel estatal”
Ángela Hernández (Amyts)
Mercedes Tallón, vicepresidenta del Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), incide en este medio la misma idea: “Queremos tener la capacidad de representarnos a nosotros mismos”. A su juicio, los médicos están “infrarepresentados en las mesas del ámbito”, donde su representación aseguran que es menos del 20% frente a otras categorías profesionales. “Queremos decidir sobre la problemática de nuestro día a día y la regulación de las actuaciones médicas. Es nuestra profesión y somos nosotros los que tenemos que marcar las pautas de actuación. No queremos que nos las marquen otros”.
En esta misma línea, Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), lo resume con claridad: “Si tengo unas condiciones laborales distintas, se debe negociar con los médicos, y eso se llama norma propia”. Desde CESM rechazan negociar las condiciones laborales del resto de profesionales sanitarios, pero reclaman que todo lo que afecta de forma exclusiva al ejercicio médico sea tratado con sus representantes. “No queremos decidir las condiciones laborales del personal administrativo, de enfermería ni de otros trabajadores. Todo lo que tenga que ver exclusivamente con el colectivo médico se tiene que negociar con el colectivo médico”, recalca.
Desde Cataluña, Xavier Lleonart, secretario general de Metges de Catalunya (MC), explica a este medio que el Ministerio de Sanidad “no nos reconoce como interlocutores válidos para negociar los asuntos de los médicos y facultativos a nivel estatal” y que el acuerdo alcanzado en el ámbito “cronifica la situación de discriminación que sufren los médicos respecto al resto de colectivos profesionales”.
«el Ministerio de Sanidad no nos reconoce como interlocutores válidos para negociar los asuntos de los médicos y facultativos a nivel estatal”
Xavier Lleonart (Metges de Catalunya)
Por su parte, Ana Santorcuato, delegada del Sindicato Médico de Euskadi (SME), afirma en Gaceta Médica que en la mesa estatal “no existe la representatividad profesional” y que, aunque el nuevo Estatuto Marco reconoce “la especificidad y la especial complejidad del personal médico y facultativo”, esa singularidad “no se ve reflejada” en medidas concretas: “Se admite que hay una especificidad en una categoría, pero no se le da respuesta”.
Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico de Andalucía (SMA), ha subrayado que los facultativos llevan años soportando unas condiciones laborales “intolerables y precarias”, sin que sus reivindicaciones hayan sido atendidas. “Tenemos un sistema sanitario basado en la explotación del médico, que ha devaluado nuestro liderazgo, nuestra figura y la relación médico-paciente. Ahora el Ministerio pretende perpetuar este modelo fracasado con un Estatuto Marco que no recoge ni una sola de nuestras demandas. No vamos a consentirlo y no vamos a parar hasta que se nos escuche”.
Jornada y guardias: el principal punto de fricción
La regulación del tiempo de trabajo es, para todos, el núcleo del conflicto. Hernández recuerda que la jornada médica “alcanza actualmente las 48 horas” y que, con la reforma propuesta, “bajaría a 45, pero sigue siendo muy superior a las 35 horas que hacen el resto de profesionales sanitarios”. Aunque reconoce que la reducción es “una mejora”, advierte de que el texto contempla excepciones por “necesidades del servicio”, lo que, en la práctica, “nos devuelve al punto de partida”.
Lleonart subraya que mientras otras categorías pueden hacer “como mucho hasta 12 horas de trabajo diarias”, en el caso médico se contemplan jornadas de 17 horas y se toleran hasta 24. “Eso no tiene ningún tipo de sentido”.
“Si tengo unas condiciones laborales distintas, se debe negociar con los médicos, y eso se llama norma propia”
Víctor Pedrera (CESM)
El elemento diferencial son las guardias. Tallón recuerda que los facultativos no solo tienen jornada ordinaria, sino también “una jornada complementaria obligatoria, con muchísimas horas seguidas”. Santorcuato insiste en que la mayoría de médicos “se ve obligada a realizar una jornada complementaria además de la ordinaria” y que esa carga adicional implica que a lo largo de la vida laboral “trabajemos más tiempo, más años que cualquier otra persona funcionaria”, sin que “a la hora de cotizar o de cara a la jubilación haya ningún beneficio ni compensación”.
Aunque las guardias se retribuyen, coinciden en que lo hacen en peores condiciones. “Su retribución es inferior a la hora ordinaria”, denuncia la delegada del SME, que habla de “una imposición de horas extraordinarias baratas”. Tallón abunda en la misma idea: están “mal pagadas, por debajo en casi todas las comunidades de lo que es la hora ordinaria”. Para Amyts, además, la obligatoriedad de las guardias hasta los 55 años —50 en Cataluña— impide ordenar de forma justa el tiempo de trabajo.
Clasificación profesional: formación y responsabilidad
El segundo gran bloque de discrepancia es la clasificación profesional. Hernández critica que el borrador “mezcla categorías en la misma numeración” y que sitúa “en el mismo número a una enfermera con especialidad que a un médico que no la tenga”, algo que, desde su punto de vista, “no tiene ningún sentido en cuanto al grado de responsabilidad sobre los pacientes”. Insiste en que “todos los profesionales son dignos y necesarios”, pero cada uno debe tener reconocidas sus competencias.
Tallón sostiene que el nuevo texto “no reconoce nuestra responsabilidad ni nuestras competencias en el trabajo con los enfermos”. Recuerda que la carrera de Medicina implica “seis años, más la preparación del MIR y cuatro o cinco años más para ser especialista” y que a ello se suma “la responsabilidad del acto médico, que es muy superior a la de cualquier otra categoría”.
«El nuevo texto no reconoce nuestra responsabilidad ni nuestras competencias en el trabajo con los enfermos”
Mercedes Tallón (O’MEGA)
Lleonart añade el argumento académico: tras el Plan Bolonia, “medicina pasó de licenciatura a grado con categoría de máster”, pero “el grado con categoría de máster no se reconoce en ningún lado” en la norma acordada. “Es otra discriminación respecto al colectivo médico y facultativo”, afirma.
Asimismo, Pedrera pone el foco también en la responsabilidad inherente al acto médico. “Cuando un paciente acude a atención primaria, al hospital o al quirófano, el máximo responsable de lo que ocurre con ese paciente es el médico. La última responsabilidad siempre recae en el médico y eso tiene que estar perfectamente reconocido”, afirma.
Santorcuato subraya que el colectivo médico es “la única categoría profesional en el Sistema Nacional de Salud que podría dar respuesta a toda la traza de la asistencia sanitaria” y que la propuesta ministerial “no da respuesta a esa especificidad”. En el acuerdo firmado en enero, insiste, “no se reconoce esa singularidad de responsabilidad”.
Formación y fuga de profesionales
El malestar se extiende a la formación sanitaria especializada y al desarrollo profesional. Desde el SME se pide que el Estatuto Marco incorpore garantías para los periodos MIR, FIR o BIR, con “una formación adecuada y unas condiciones laborales que no den lugar al abuso por necesidades del servicio”, así como protección para los tutores, cuya dedicación “ni se reconoce de forma digna ni dispone del tiempo necesario”.
«El colectivo médico es la única categoría profesional en el Sistema Nacional de Salud que podría dar respuesta a toda la traza de la asistencia sanitaria”
Ana Santorcuato (SME)
El trasfondo, coinciden, es la pérdida de atractivo del sistema público. Hernández habla de “desafección” creciente y de la necesidad de “atraer y fidelizar a los médicos al sistema de gestión directa del Sistema Nacional de Salud”. Tallón advierte de que “la gente se está yendo a la privada y fuera de España porque las condiciones que nos está dando ahora la sanidad pública son malas”. “Queremos que nos cuiden a nosotros para que nosotros podamos cuidar a nuestros pacientes. Médico maltratado, paciente maltratado también”.
Negociación bloqueada
Sobre el acuerdo firmado en enero en los sindicatos nacionales del Ámbito de Negociación del Estatuto Marco, el diagnóstico es compartido: “No es que empeore las condiciones, es que no las mejora”, resume Hernández. Aunque admite que incluye “alguna cosita” positiva —como el prorrateo de guardias en situaciones como el embarazo—, considera que las mejoras son “totalmente insuficientes”.
Para Santorcuato, el texto ofrece “respuestas parciales que no van al asunto clave”. En jornada complementaria “sigue apareciendo, no se habla de su cotización” ni de su impacto en la jubilación. “No se da una solución”.
Pedrera recuerda que la ruptura de las negociaciones con el Ministerio se produjo tras un intento inicial de acercamiento. “Parecía que había voluntad de negociar y en algunas cuestiones hubo aproximaciones, pero otros sindicatos del Ámbito de Negociación presionaron a Sanidad para que no siguieran hablando con nosotros”, asegura Pedrera.
Ojeda asegura que Sanidad “no ha mostrado intención de atender nuestras demandas fundamentales”, aprobando modificaciones que “no solo no contemplan nuestras reivindicaciones, sino que empeoran aún más la situación de maltrato institucional”.
“no solo no contemplan nuestras reivindicaciones, sino que empeoran aún más la situación de maltrato institucional”
Rafael Ojeda (SMA)
Lleonart sostiene que el Ministerio “considera que tiene el trabajo hecho” y no es consciente “de la que se les viene encima”. Tallón es tajante: “El Ministerio da por cerrado el borrador”. Según los sindicatos, tras reuniones puntuales y la última carta de la ministra de Sanidad, Mónica García, a los sindicatos, no se ha producido un acercamiento real de posturas.
Pese a la contundencia del discurso, todos insisten en que la movilización no va contra los pacientes ni responde a intereses partidistas. “No va en contra de ningún partido, ni de derechas ni de izquierdas”, afirma Lleonart. “Va en contra de todo aquel que se ponga en medio de unas condiciones asistenciales dignas”.
“No queremos empeorar la situación de nadie; nos referimos exclusivamente a nuestra situación y creemos que debe dignificarse”, señala Santorcuato. La asistencia urgente y no demorable estará garantizada, recalcan.
Para Tallón, “las huelgas son un fracaso, pero no es un fracaso de nuestra profesión, es un fracaso de la administración”. Hernández espera que el Ministerio “sea receptivo y abra un diálogo”. Y Lleonart lo resume como “un conflicto profesional, de calidad asistencial, de gente que cree en el sistema sanitario público y lo defiende”.
El objetivo común, repiten, es que “se nos reconozca lo que somos, lo que hacemos y la trascendencia que tenemos para el sistema de salud”. Porque, advierten, no quieren “otros 20 o 30 años así”.
