Adeslas no va a presentar una oferta a la nueva licitación de Muface. En un comunicado conocido este viernes, la aseguradora rechaza la nueva oferta, que tilda de «insuficiente» y con su negativa complica todavía más este caso, en el que están en juego tanto la asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios como la sostenibilidad del Sistema Sanitario español.
En el comunicado, Adeslas expone que seguir asumiendo este servicio –junto a Asisa y DKV– le implicaría unas perdidas «de 250 millones de euros», por lo que insiste en que es inviable coger el guante del Gobierno para renovar el concierto.
El pasado 17 de diciembre, en uno de los últimos Consejos de Ministros del año, el Gobierno hizo pública su segunda oferta por Muface, que cristalizó en apenas unos días con la segunda licitación.
Esta nueva oferta se tradujo en un aumento de la prima del 33%, una mejora de las condiciones que llegó después de que las aseguradoras implicadas -Adeslas, Asisa y DKV- dejaran desierta la primera licitación, en la que ya se incluía una mejora del 17%.
“Con esta licitación, el Gobierno cumple con su compromiso de lanzar un nuevo concierto antes de que finalice el año. en este sentido”, subrayó Pilar Alegría, la ministra portavoz, que también quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los mutualistas, a los que aseguró la prestación sanitaria.
Pese a todo, la aseguradora insiste en que valora positivamente el esfuerzo del Ejecutivo, pero insiste en que el modelo es deficitario y en que no puede continuar con estas condiciones: «Con nuestros planteamientos no pretendemos obtener beneficio con este convenio ni perseguimos recuperar las pérdidas en los años pasados, pero tampoco podemos continuar soportando la senda de déficit actual«.
Duro golpe
No obstante, la negativa de Adeslas vuelve a sembrar importantes dudas en este caso. Como destaca Efe, se trata de la aseguradora más elegida por los mutualistas -alrededor del 50%-, que ahora verían comprometida su prestación sanitaria, al menos como la venían recibiendo hasta ahora.
Hasta que se resuelva la licitación -sobre la que no se han pronunciado todavía ni Asisa ni DKV-, el Gobierno prolongó un mes más el contrato anterior. No obstante, la asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios, así como el encaje que un desembarco masivo de estas personas pueda tener en la ya golpeada sanidad pública, vuelve a estar en el aire. La crisis del caso Muface se ha reavivado en plena Navidad.
