En el marco del 47º Congreso Nacional de SEMERGEN celebrado en el Palacio de Congresos de Granada, ha vuelto a salir uno de los temas que mas preocupa en la sanidad actualmente: el aumento silencioso de las agresiones a los sanitarios. En la mesa «Hoy he sufrido otra agresión. ¿Todo ha de seguir igual?», Juan Carlos Aguirre Rodríguez, médico de familia en el Centro de Salud Fortuny-Velutti y miembro del Grupo de Trabajo de Agresiones, ha presentado los datos sobre la violencia contra profesionales sanitarios en España. Las cifras no solo confirman una tendencia al alza, sino que reflejan una preocupante normalización de estas situaciones en el ámbito asistencial.
Según el último informe del Ministerio de Sanidad, en 2024 se registraron más de 17.000 agresiones a personal sanitario en España, lo que representa un incremento del 106% desde 2017. El dato más alarmante: «Cada día se producen más de dos agresiones a médicos en nuestro país». Aguirre ha subrayado que, si bien se han reforzado las campañas institucionales y se reconoce al profesional sanitario como autoridad, los resultados no se están traduciendo en una disminución real de las agresiones. “Parece que ser autoridad no ha disuadido al agresor. Al contrario, las cifras se han duplicado en apenas siete años”, ha advertido en su ponencia.
El análisis demográfico revela un patrón claro: el 68,3% de las víctimas de agresiones son mujeres, muchas de ellas jóvenes profesionales. El 80% de los casos se produce en el sistema público, y los servicios más afectados son Atención Primaria (40%) y Urgencias (40%). Aunque el hospital no está exento, concentra un menor porcentaje (18%).
“Parece que ser autoridad no ha disuadido al agresor. Al contrario, las cifras se han duplicado en apenas siete años”
Juan Carlos Aguirre Rodríguez, médico de familia en el Centro de Salud Fortuny-Velutti y miembro del Grupo de Trabajo de Agresiones
“Ser mujer, trabajar en el sistema público y hacerlo en atención primaria o en urgencias te sitúa en una zona de alto riesgo”, ha afirmado el experto. Este patrón se ve reforzado por la feminización progresiva del sector, especialmente en medicina familiar. Uno de los puntos más destacados de la ponencia fue la caracterización del agresor. Aunque se tiende a pensar en perfiles marginales o pacientes conflictivos, los datos muestran que el 55% de los agresores son hombres y el 44,7% mujeres, con una edad media a partir de los 40 años. De hecho, el 17% de los agresores son reincidentes, un dato que evidencia la falta de medidas disuasorias efectivas.
Además, Aguirre ha llamado la atención sobre el rol de los acompañantes, especialmente en pediatría, donde “las madres y las abuelas pueden ser más problemáticas que los propios pacientes”. En 2024, los Colegios de Médicos recibieron 847 comunicaciones por agresión, pero solo el 43% acabaron en denuncia formal. La mayoría de las agresiones quedan impunes, lo que refuerza la sensación de desprotección entre los profesionales. En Andalucía, por ejemplo, se contabilizaron 1.504 agresiones verbales (insultos, amenazas) y 362 físicas, pero apenas un 24% de estas últimas acabaron en sentencia condenatoria.
Herramientas reales para los profesionales
Junto al análisis clínico y social, Igor Pinedo García, abogado y director legal de DAC Beachcroft en Madrid, ha ofrecido una visión legal y estructural sobre el fenómeno, subrayando que el sistema necesita dotar a los profesionales de herramientas reales para prevenir, gestionar y denunciar las situaciones de violencia.
«Este no es un tema menor ni puntual», ha afirmado el letrado. «Tan es así que ya se imparte formación específica sobre agresiones sanitarias en facultades de medicina y odontología, para que los futuros profesionales comprendan esta realidad desde el inicio de su carrera». Para Pinedo, más allá de las consecuencias penales, la clave está en la prevención y en la capacidad del profesional para gestionar el conflicto, algo que a menudo no se aborda de forma adecuada ni desde las instituciones ni desde la propia formación.
Pinedo ha repasado la evolución jurídica de la protección al personal sanitario, recordando que la reforma del Código Penal en 2015 supuso un punto de inflexión: desde entonces, cualquier agresión o intento de acometimiento a un profesional sanitario público es considerado delito de atentado contra funcionario público, aunque con penas menores que las aplicadas a otros colectivos como las fuerzas de seguridad.
«Se ha construido una narrativa donde el paciente es exclusivamente sujeto de derechos, lo que ha debilitado el respeto hacia el profesional»
Igor Pinedo García, abogado y director legal de DAC Beachcroft
«Aunque la reforma fue importante, veníamos de situaciones absolutamente indignantes. He visto condenas de 40 euros por un bofetón a una médica. Eso generaba reincidencia porque al agresor le salía barato», ha señalado el experto. La presión social, las sentencias pioneras —como una del Tribunal Supremo en 2007— y el trabajo de los colegios profesionales fueron clave para cambiar esta realidad legal.
Sin embargo, las cifras actuales demuestran que el marco jurídico por sí solo no basta: «Los datos están ahí. El cambio legal no ha frenado el aumento de las agresiones. Por tanto, el problema está en otra parte: en la percepción social del sistema sanitario y en la escasa cultura de las obligaciones ciudadanas frente a los derechos».
Durante su intervención, Pinedo ha trazado una revisión normativa desde la Ley General de Sanidad de 1986 hasta la actualidad. En su análisis, ha destacado cómo la legislación ha desarrollado de forma amplia y progresiva los derechos de los pacientes, pero ha dejado en un segundo plano sus obligaciones. “En 1986 había 15 derechos y solo cuatro obligaciones del paciente. En la actualidad seguimos en esa línea. Se ha construido una narrativa donde el paciente es exclusivamente sujeto de derechos, lo que ha debilitado el respeto hacia el profesional”, ha advertido.
Esta percepción desequilibrada —ha añadido— ha contribuido a la pérdida de autoridad del sanitario, especialmente en la sanidad pública. «El profesional tiene que cumplir con múltiples obligaciones, propias e impropias, mientras que al paciente rara vez se le recuerda que también tiene deberes, como el respeto al personal o el uso adecuado de los recursos».
Uno de los aspectos más delicados que ha abordado el abogado fue el miedo a denunciar, especialmente en entornos pequeños o rurales, donde los profesionales y pacientes se conocen fuera del centro de salud. «He trabajado con casos donde el profesional no denuncia por miedo a represalias o por pensar que no servirá de nada. Pero lo no denunciado, sencillamente, no existe», ha remarcado.
Pinedo ha ofrecido recomendaciones prácticas para facilitar la denuncia, subrayando que no es necesario hacerlo de inmediato y que es válido documentar los hechos en frío, con informes médicos, testimonios o anotaciones personales que ayuden a reconstruir lo ocurrido ante la policía o el juzgado.
AL igual que se ha repetido en toda la ponencia, el letrado ha insistido en que la lucha contra las agresiones no se resolverá solo con reformas penales, sino con un enfoque integral que incluya formación, prevención, respaldo institucional y un cambio cultural. “El sistema ha de proteger a quien protege. Y eso empieza por dar al profesional sanitario las herramientas legales, emocionales y prácticas para actuar. Porque si no se denuncia, la justicia no puede actuar. Y si la justicia no actúa, el agresor reincide”.
Las agresiones no se notifican
En esta misma línea ha continuado José María Rodríguez Vicente, secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), durante su intervención en el Congreso Nacional de SEMERGEN. En una exposición cargada de datos, memoria histórica y propuestas estructurales, Rodríguez ha reivindicado el papel del CGCOM en visibilizar, documentar y combatir la violencia que sufre el personal médico, así como el camino recorrido durante más de 15 años de trabajo desde la creación del Observatorio de Agresiones del Consejo.
“Las encuestas muestran que por cada agresión comunicada, hay al menos cuatro que no se notifican ni a los colegios ni a las autoridades. Multipliquen las cifras oficiales por cinco y nos vamos a más de 4.000 agresiones al año”, ha denunciado. Aun así, el Observatorio permite conocer tendencias y patrones: las agresiones físicas o verbales ocurren principalmente en el ámbito de la atención primaria, en horario de mañana, y con mayor frecuencia hacia mujeres profesionales.
Rodríguez ha alertado sobre un aumento de la violencia social tras la pandemia, donde la presión sobre el sistema sanitario y el desgaste emocional de los profesionales ha coincidido con una creciente hostilidad por parte de algunos sectores de la población. “En 2020, año de confinamientos y consultas restringidas, hubo menos agresiones comunicadas, pero el índice por día de consulta fue superior al de años anteriores. A eso le sumamos que se incrementaron las agresiones a personal administrativo y vigilantes de seguridad”, ha explicado.
“Las encuestas muestran que por cada agresión comunicada, hay al menos cuatro que no se notifican ni a los colegios ni a las autoridades. Multipliquen las cifras oficiales por cinco y nos vamos a más de 4.000 agresiones al año”
José María Rodríguez Vicente, secretario general del CGCOM
Una de las mayores preocupaciones del secretario general es la disparidad en las sentencias judiciales ante casos similares. “Hemos visto penas de solo cuatro meses de cárcel por agredir a un médico, o multas de 280 euros. No puede ser que, dependiendo del juzgado o del magistrado, haya criterios tan dispares”, denunció.
Ante la falta de avances legislativos en España, el CGCOM ha optado por internacionalizar su lucha. “Hemos traducido nuestro informe al inglés y lo presentaremos ante la Asociación Médica Europea. Queremos que este problema se reconozca como lo que es: una amenaza global. Ya lo hemos hablado con colegas de América Latina y Estados Unidos. La meta es elevar este asunto hasta la Organización Médica Mundial y la ONU”, ha asegurado Rodríguez.
El CGCOM insiste en que denunciar es fundamental, tanto para actuar legalmente como para visibilizar la magnitud del problema. “Los médicos no podemos solos. Pero desde los colegios ofrecemos apoyo jurídico, psicológico y formativo. Estamos para proteger”, ha afirmado el secretario general. También hizo un llamamiento a otras profesiones sanitarias a sumarse a esta lucha conjunta. Ya se han creado observatorios de agresiones en enfermería, farmacia, veterinaria, y pronto también en terapia ocupacional y podología.
«Lo que no se denuncia, no existe»
Por último, María José Ramírez Campos, inspectora de la Policía Nacional y interlocutora policial territorial sanitaria en Granada, ha aprovechado su intervención para destacar el papel clave de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la protección del personal sanitario frente a agresiones, así como la necesidad urgente de denunciar estos hechos. “Lo que no se denuncia, no existe”, ha sido la frase reiterada por los cuatro ponentes de la jornada, y que resume el enfoque policial y jurídico para atajar un problema aún invisibilizado en muchos casos.
Uno de los puntos más destacados de su intervención ha sido el llamamiento a que cada profesional tenga un plan individual de autoprotección. “No basta con actuar cuando ocurre una agresión. Cada profesional debe pensar de antemano cómo reaccionar, cómo pedir ayuda, cómo salir del habitáculo de forma segura, qué medidas tiene su centro, qué dispositivos de alerta hay disponibles…”, ha explicado la inspectora, instando a que se interioricen protocolos preventivos incluso en centros donde no se realizan simulacros.
Ramírez también ha explicado la aplicación AlertCops, desarrollada por la Secretaría de Estado de Seguridad y disponible gratuitamente para toda la ciudadanía, pero con funcionalidades específicas para el colectivo sanitario. La herramienta, ha afirmado, permite solicitar ayuda inmediata a Policía o Guardia Civil con solo pulsar cinco veces un botón SOS —que puede colocarse fuera de la app, en la pantalla principal del móvil—. En el caso del personal sanitario, si están correctamente registrados como colectivo vulnerable, esa alerta llega directamente a las salas operativas de seguridad, activando la escucha remota del entorno e iniciando una intervención policial sin necesidad de llamada telefónica.
Además, AlertCops permite que un testigo de una agresión (otro compañero, un vigilante, etc.) grabe en tiempo real lo que está sucediendo, enviando imágenes a la policía sin necesidad de almacenarlas en el dispositivo. Estas grabaciones pueden incluso ser incorporadas como prueba en el proceso judicial si así lo solicita el juez.
«Denunciar protege. Si no hay consecuencias, el agresor vuelve. Y si sabe que la denuncia está registrada, es consciente de que sus actos tienen repercusión penal»
María José Ramírez Campos, inspectora de la Policía Nacional y interlocutora policial territorial sanitaria
No obstante, la inspectora ha recordado un punto importante: la app no dispone de botón de prueba, y un uso indebido puede saturar los sistemas de emergencia. También advirtió que el registro como colectivo vulnerable puede verse afectado por la actualización de los datos del REPS (Registro Estatal de Profesionales Sanitarios), por lo que animó a los asistentes a insistir si inicialmente no se les reconoce.
En cuanto al proceso de denuncia, Ramírez ha sido tajante: «Denunciar protege. Si no hay consecuencias, el agresor vuelve. Y si sabe que la denuncia está registrada, es consciente de que sus actos tienen repercusión penal». La profesional ha insistido en que incluso cuando se desconocen los datos del agresor —por ejemplo, si ocurre en la sala de espera—, se debe acudir igualmente a comisaría: “La identificación de los autores es trabajo de la policía, no del profesional agredido”. Asimismo, ha recalcado que si la policía acude en el momento de los hechos, pero no se formaliza la denuncia después, no se activa ningún procedimiento judicial.
La inspectora también ha ofrecido pautas claras sobre cuándo, dónde y cómo denunciar: puede hacerse en cualquier sede de Policía Nacional o Guardia Civil (aunque se recomienda hacerlo en la de la demarcación competente), y no tiene que ser inmediato, salvo en casos en los que haya detención en el momento. En ese caso, sí se requiere acudir a comisaría lo antes posible para completar el atestado.
Y de nuevo, la profesional reitera el mantra que ha sobrevolado de forma constante toda la mesa: la importancia de denunciar. Los cuatro profesionales han insistido en que, sin denuncia, la justicia no puede actuar. Y si la justicia no actúa, el agresor reincide.
