La prescripción enfermera vuelve a situarse en el centro del debate sanitario al inicio de 2026, prolongando uno de los conflictos más relevantes del año anterior. Apenas dos semanas después de arrancar el año, médicos y enfermeras vuelven a confrontar posiciones tras la decisión de la Audiencia Nacional de admitir la petición de la Organización Médica Colegial (OMC) y acordar la suspensión cautelar de la Guía para la Indicación, Uso y Autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de enfermeras/os en el tratamiento de la infección de tracto urinario inferior no complicada en mujeres adultas
Sin embargo, el auto judicial establece que la guía no podrá aplicarse en ningún caso hasta que exista una sentencia firme en el contencioso-administrativo interpuesto por la corporación médica. Desde la OMC, su presidente, Tomás Cobo, considera que el auto judicial “respalda los argumentos de la corporación médica para garantizar la seguridad del paciente y la adecuada cualificación profesional para el diagnóstico y tratamiento”. En esta línea, Cobo sostiene que la resolución de la Audiencia Nacional “refuerza la posición de la corporación médica y confirma que nuestra actuación ha sido responsable, proporcionada y orientada exclusivamente a la protección de los ciudadanos y a la calidad del sistema sanitario”.
El Consejo General de Enfermería (CGE), por su parte, advierte de que la suspensión cautelar, adoptada sin que la Audiencia Nacional haya entrado en el fondo del asunto, tendrá consecuencias negativas tanto para las pacientes como para el propio sistema sanitario. En concreto, alerta de que la medida “perjudica de forma clara a las mujeres que sufren infecciones urinarias” y dificultará el funcionamiento asistencial.
Desde la organización enfermera recuerdan que las infecciones urinarias constituyen una patología altamente prevalente y con un abordaje clínico bien definido. Según sus datos, “el 50% de las mujeres las padecerán al menos una vez en la vida”, por lo que la paralización de esta guía supone, a su juicio, un retroceso en términos de accesibilidad y rapidez en la atención. En este contexto, el CGE avisa de que la suspensión se traducirá en “más retrasos en el abordaje de una patología de tratamiento claramente pautado y eficaz”, con el consiguiente aumento de la presión asistencial.
El CGE alerta de que la medida “perjudica de forma clara a las mujeres que sufren infecciones urinarias”
El CGE señala directamente a la OMC, a la que acusa de recurrir de manera sistemática a los tribunales para frenar iniciativas que, a su entender, están amparadas por la legislación vigente y funcionan con normalidad en otros sistemas sanitarios. “Una vez más, los representantes de la OMC se empeñan en paralizar en los tribunales medidas que recoge la legislación vigente y que funcionan con normalidad en algunos de los países más avanzados del mundo”, subrayan. En su opinión, esta estrategia desemboca en “un sistema sanitario con más esperas, con más ineficacia y donde las perjudicadas son las pacientes”, una situación que enmarcan en la defensa de “intereses puramente corporativistas”.
El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, defiende que estas guías no invaden competencias médicas y aportan seguridad tanto a los profesionales como a los pacientes. “La guía objeto de la suspensión cautelar, así como el resto de guías que afectan a distintas áreas de la salud, permiten agilizar la atención, descongestionar el sistema e incrementar la seguridad jurídica de las enfermeras”, afirma. Según Pérez Raya, “todo ello beneficia al paciente y, en ningún caso, implica un menoscabo en la actuación esencial del médico ni de sus competencias”.
Desde el CGE insisten en que la indicación enfermera no pretende sustituir al médico, sino mejorar la eficiencia del sistema dentro de un marco regulado. “Siempre hemos dejado claro que las enfermeras y enfermeros no quieren ser médicos ni cuestionan las competencias de estos profesionales en materia de prescripción”, concluye el presidente de la organización.
Ley de los Medicamentos
El conflicto de la prescripción enfermera no es nuevo. El pasado mes de abril el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, una reforma que amplía el número de profesionales sanitarios facultados para prescribir medicamentos. El texto habilita a enfermeras y fisioterapeutas para prescribir, siempre dentro del marco de sus competencias, reabriendo un conflicto histórico entre colectivos profesionales que apunta a convertirse en uno de los grandes asuntos sanitarios de 2026.
La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que en el anteproyecto de la Ley de los Medicamento alcanzó un acuerdo «riguroso, actualizado y comprometido con la profesión enfermera y los fisioterapeutas». García afirmó que se trata de un «avance claro» para el Sistema Nacional de Salud (SNS) y que no supone una competencia ni «colisión» con otros colectivos, sino de ordenar y dotar de seguridad jurídica a una práctica que «ya forma parte del día a día en los hospitales y en el conjunto del SNS».
Desde el CGE la medida ha sido recibida como una reivindicación largamente esperada. Pérez Raya defiende que la prescripción enfermera “responde a lo que dicta la legislación vigente” y asegura que “será beneficiosa para todo el sistema sanitario”. En su opinión, permitirá agilizar la atención, al evitar duplicidades, y contribuirá tanto a una mejor gestión del gasto farmacéutico como a la reducción del gasto sanitario global.
La prescripción enfermera “responde a lo que dicta la legislación vigente”
Sin embargo, el rechazo del colectivo médico ha sido inmediato. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) “rechaza cualquier medida que otorgue a otros profesionales, como enfermeros o fisioterapeutas, la potestad de prescribir medicamentos”, al considerar que “puede comprometer la seguridad del paciente y desdibujar el actual modelo asistencial”. En la misma línea se ha pronunciado el Foro de la Profesión Médica, que advierte del “impacto perjudicial en la seguridad clínica de los pacientes” que, a su juicio, supondría esta ampliación de competencias.
SEMERGEN insiste en que “tanto el diagnóstico clínico como la prescripción de medicamentos son actos exclusivos de la profesión médica”, compartidos únicamente con odontólogos y podólogos en el ámbito de sus competencias. Según argumentan, la prescripción farmacológica debe ir precedida de una evaluación clínica completa que requiere “una formación médica especializada”. El Foro de la Profesión Médica subraya, además, que esta atribución exige “un mínimo de seis años de Grado en Medicina y cuatro o cinco años de especialización”, alertando de que diluir responsabilidades “se aleja de la excelencia asistencial y confronta con el liderazgo clínico del médico”.
Alegaciones formales
El debate ha escalado con la presentación de alegaciones formales por parte de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), que considera que el anteproyecto supone un “punto de inflexión y cambio de rumbo radical”. El sindicato médico sostiene que la reforma contradice la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y solicita “la eliminación de la opción de prescripción para aquellas profesiones que no cuentan con competencias legalmente reconocidas”. A su juicio, prescribir medicamentos “no puede entenderse como un acto aislado”, sino como el resultado de una evaluación clínica integral que requiere una formación profunda en farmacología, diagnóstico y manejo de riesgos.
Amyts apoya sus alegaciones en el marco legal vigente, citando la LOPS, el Real Decreto 1718/2010 sobre receta médica y el Real Decreto Legislativo 1/2015, que establece que solo médicos, odontólogos y podólogos están facultados para prescribir medicamentos sujetos a prescripción médica. “Permitir que otras profesiones realicen actos de prescripción constituye una invasión de competencias y un riesgo innecesario para la calidad y seguridad asistencial”, señala el sindicato, que recuerda además que varios protocolos de indicación enfermera se encuentran recurridos en los tribunales.
La prescripción farmacológica debe ir precedida de una evaluación clínica completa que requiere “una formación médica especializada”
Frente a estas críticas, el CGE ha salido en defensa de la profesión enfermera y acusó a Amyts de “corporativismo mal entendido”. En un duro comunicado, la organización colegial denuncia que se intenta “desprestigiar el trabajo y menospreciar la formación de las 345.000 enfermeras y enfermeros españoles”, alertando de que “no se permitirá ninguna vejación más ni que se confunda a la población con argumentos falaces”. El CGE ha confirmado que ya ha llevado ante la Justicia algunos de estos comunicados y que continuará haciéndolo ante cualquier ataque similar.
Con posiciones cada vez más enfrentadas y un proceso legislativo aún abierto, la prescripción enfermera se perfila como uno de los principales focos de tensión profesional del sistema sanitario español. Un debate que trasciende lo corporativo y que, de cara a 2026, obligará a Sanidad a equilibrar competencias, seguridad del paciente y sostenibilidad del sistema.
