El proceso de la convocatoria MIR 2026 ha estado marcado desde su inicio por una sucesión de retrasos e incidencias técnicas que han alterado el calendario habitual de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE). Lejos de tratarse de un episodio puntual, la cronología revela una cadena de problemas que han afectado a distintas fases del procedimiento, desde la inscripción hasta la publicación de listados.
El primer episodio se remonta a abril de 2025, cuando se produjo un fallo técnico en la web del Ministerio de Sanidad durante el inicio del proceso de elección de plazas FSE. La caída del sistema impidió el acceso de los aspirantes a la plataforma digital, bloqueando un procedimiento clave que, en los últimos años, se ha desarrollado de forma completamente telemática. Esta incidencia generó incertidumbre entre los candidatos, al afectar a una fase crítica en la que se adjudican las plazas.
A este problema se sumó un fallo eléctrico que volvió a interrumpir el sistema en pleno desarrollo del proceso. La incidencia obligó a detener temporalmente la elección de plazas, evidenciando la dependencia del modelo digital implantado por el Ministerio y su vulnerabilidad ante errores técnicos. Ambos episodios marcaron el inicio de una convocatoria que ya comenzaba con dificultades operativas.
Meses después, en septiembre de 2025, el Ministerio volvió a enfrentarse a problemas técnicos durante el periodo de inscripción al examen MIR 2026. Un nuevo fallo informático obligó a ampliar el plazo de presentación de solicitudes. En este contexto, Sanidad justificó la decisión en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, que regula el funcionamiento electrónico del sector público. En concreto, su artículo 11.1.g) establece la obligación de informar sobre cualquier incidencia técnica que impida el funcionamiento ordinario del sistema, así como de ampliar los plazos no vencidos cuando sea necesario. Este precepto habilita expresamente a la Administración para extender los plazos en caso de fallos tecnológicos, como ocurrió en esta convocatoria, tal y como recogió el propio Ministerio.
Retraso en las listas provisionales
Otro de los puntos clave de la convocatoria fue el retraso en la publicación de las listas provisionales de admitidos. En convocatorias anteriores, Sanidad había mantenido una relativa estabilidad: el 9 de noviembre en 2022-23, el 31 de octubre en 2023-24 y el 28 de octubre en 2024-25. Sin embargo, en el MIR 2026 la lista provisional no se publicó hasta el 19 de diciembre, a poco más de un mes del examen, fijado para el 24 de enero de 2026.
Este retraso contrasta con lo establecido en el BOE de la convocatoria, que señala que «finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante hará pública, en el plazo máximo de dos meses, la relación provisional de admitidos y no admitidos», lo que situaba el límite en torno al 18 de noviembre. Finalmente, la publicación se produjo un mes después de ese plazo teórico.
La contratación en cuatro convocatorias
La comparación de los expedientes de contratación de las últimas cuatro convocatorias FSE permite ver con claridad cómo se ha ido desplazando el calendario administrativo hasta alcanzar en el MIR 2026 su punto más tardío. En la convocatoria 2022-2023, el pliego se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23 de mayo de 2022 y el anuncio de formalización del contrato se publicó el 3 de septiembre de 2022, con fecha de formalización de 31 de agosto de 2022. El procedimiento se tramitó por vía ordinaria, con un valor estimado de 267.400 euros, un presupuesto base de 323.554 euros y un plazo de ejecución de siete meses. El adjudicatario fue ODEC Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas S.A., que presentó la única oferta recibida y obtuvo la adjudicación por 218.200 euros sin impuestos y 264.022 euros con impuestos.
En la convocatoria 2023-2024, el pliego se publicó el 26 de mayo de 2023 y el anuncio de formalización apareció el 13 de septiembre de 2023, aunque el contrato había quedado formalizado dos días antes, el 11 de septiembre de 2023. Aquí ya se produjo un cambio relevante: el expediente pasó a tramitarse por urgencia, con la justificación de que la contratación no había podido iniciarse antes por la acumulación de trabajos ligados a la adjudicación de plazas de la convocatoria 2022/2023 y por la necesidad de que el contrato estuviera firmado antes de septiembre. El valor estimado bajó a 225.500 euros, con un presupuesto base de 272.855 euros y un plazo de ejecución también de siete meses. De nuevo resultó adjudicataria ODEC, única ofertante, con una adjudicación de 196.500 euros sin impuestos y 237.765 euros con impuestos.
En la convocatoria 2024-2025, el pliego volvió a llegar más tarde que en los dos ejercicios anteriores: se publicó el 18 de junio de 2024. El anuncio de formalización del contrato se difundió el 2 de octubre de 2024, con fecha de formalización de 30 de septiembre de 2024 y entrada en vigor ese mismo día. El expediente mantuvo la tramitación urgente, apoyada esta vez en la memoria de declaración de urgencia, y conservó prácticamente intacta la estructura económica del año anterior: 225.500 euros de valor estimado, 272.855 euros de presupuesto base y siete meses de ejecución. También en este caso el adjudicatario fue ODEC Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas S.A., que figura ya como pyme, con una única oferta presentada por 225.500 euros sin impuestos y 272.855 euros con impuestos, es decir, sin baja sobre el presupuesto base.
La convocatoria 2025-2026 es la que concentra el mayor retraso y también la mayor alteración del esquema previo. El pliego se publicó el 12 de agosto de 2025, ya avanzado el verano; la formalización del contrato no se produjo hasta el 6 de noviembre de 2025 y su anuncio en la Plataforma no llegó hasta el 18 de noviembre de 2025. El expediente siguió tramitándose por urgencia, pero con una justificación mucho más escueta en el propio pliego, limitada a la necesidad de asegurar el cumplimiento de los plazos legales y operativos del proceso selectivo. También volvió a resultar adjudicataria ODEC, única empresa presentada, con una oferta de 229.000 euros sin impuestos y 277.090 euros con impuestos. Sin embargo, esta convocatoria introduce dos diferencias de fondo respecto a las anteriores: por un lado, el valor estimado del contrato se dispara hasta 964.320 euros; por otro, el plazo de ejecución se reduce a cuatro meses, frente a los siete meses de las tres convocatorias previas. El resultado es un procedimiento que se licita más tarde, se formaliza más tarde y deja menos margen de maniobra para ejecutar un servicio esencial en el desarrollo del examen
La comparación muestra varias tendencias: continuidad en la empresa adjudicataria (ODEC CENTRO DE CÁLCULO Y APLICACIONES INFORMÁTICAS S.A. en los últimos años), incremento significativo del valor del contrato en 2026 y, sobre todo, un retraso en la formalización (noviembre frente a septiembre) que reduce el margen operativo.
Justificación de la tramitación «urgente»
En todas las convocatorias se mantiene un esquema común: procedimiento abierto, presentación electrónica de ofertas y centralización en el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, la tramitación urgente se consolida desde 2023 como norma.
En la convocatoria de 2024 para el acceso en 2025, la urgencia no se justificó con una fórmula genérica, sino mediante una memoria específica firmada por la Dirección General de Ordenación Profesional. En ese documento, Sanidad recuerda primero que el acceso a la formación sanitaria especializada debe articularse a través de una convocatoria anual de carácter nacional y, a continuación, explica que la contratación debía tramitarse por urgencia porque los plazos del proceso así lo exigían y porque la gestión de la convocatoria anterior había prolongado los trabajos hasta el punto de afectar la preparación de la siguiente. La propia memoria añade, además, que el Ministerio pretendía corregir esa dinámica en el futuro y planificar el procedimiento a lo largo de todo el año para evitar volver a recurrir a esta vía excepcional.
Ese mismo esquema ya aparecía en la convocatoria de 2023 para el acceso en 2024, aunque formulado en los pliegos. El expediente señalaba que «el inicio de la contratación no ha podido tramitarse con antelación» porque los trabajos de elaboración de la nueva convocatoria se habían visto afectados por la organización de la adjudicación de plazas de la convocatoria 2022/2023, y añadía que el contrato tenía que estar firmado antes de septiembre, que es cuando debían comenzar los trabajos previstos en los pliegos. Ahí es donde entra de forma expresa el artículo 119 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público: la tramitación urgente se ampara en ese precepto al concurrir una necesidad inaplazable de interés público que exige una adjudicación acelerada del contrato.
En otras palabras, el Ministerio sostiene que la acumulación de tareas críticas de la convocatoria previa retrasó la elaboración técnica de la nueva licitación y que, dado que la ejecución de las prestaciones debía iniciarse inexcusablemente antes de septiembre para garantizar la continuidad del servicio, quedaban acreditadas razones de urgencia suficientes para declarar el expediente como tal, con dos efectos concretos sobre el procedimiento: la reducción de los plazos a la mitad y el despacho preferente de las actuaciones administrativas.
Frente a ese nivel de detalle, la convocatoria de 2025 para el acceso en 2026 ofrece una motivación más escueta. El pliego mantiene la tramitación urgente, pero la justificación se limita a señalar que, «para asegurar el cumplimiento de los plazos legales y operativos vinculados al proceso selectivo y garantizar la adecuada gestión del mismo, resulta imprescindible que la contratación se tramite por el procedimiento de urgencia». Es decir, frente a lo que ocurría en la convocatoria anterior y en la memoria del MIR 2025, aquí ya no se especifica qué circunstancia concreta ha impedido iniciar antes el expediente, no se menciona una sobrecarga heredada de la convocatoria previa ni se desarrolla una argumentación sobre la continuidad del servicio.
Listas definitivas: el mayor retraso de la serie
El retraso también se trasladó a la publicación de las listas definitivas. Mientras que en convocatorias anteriores se publicaron entre finales de noviembre y principios de diciembre (5 de diciembre en 2022-23, 29 de noviembre en 2023-24 y 9 de diciembre en 2024-25), en el MIR 2026 se publicaron el 15 de enero, apenas nueve días antes del examen.
En este sentido, la publicación de las listas definitivas estuvo marcada por varias rectificaciones. Inicialmente prevista para el 23 de enero, el Ministerio la adelantó al 7 de enero. Posteriormente, el 6 de enero volvió a modificar la fecha, fijándola definitivamente en el 15 de enero, sin que se produjera el adelanto que llegó a contemplarse.
En todos los casos, el Ministerio atribuyó los cambios a problemas técnicos relacionados con el nuevo sistema de gestión del proceso. De hecho, fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por este periódico el 7 de enero, explicaron que parte de la demora se debe a la implantación de un nuevo sistema de contratación. Este modelo, señalan, «ofrece mayores garantías pero que en su primer año de implantación ha ralentizado el proceso».
Desde el departamento también defendió que este cambio busca reforzar el control y la seguridad del procedimiento. No obstante, reconocen que su despliegue inicial ha requerido más tiempo del previsto, generando un efecto en cadena sobre el calendario. Este tipo de ajustes administrativos suele tener impacto directo en procesos tan estructurados como el de la FSE, donde cualquier desviación repercute en miles de aspirantes y en todas las fases posteriores.
«Ha habido una transformación del procedimiento»
Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso el 17 de marzo, la ministra Mónica García explicó que los retrasos se deben a una actualización del sistema y del procedimiento administrativo, que ha introducido cambios en la gestión del proceso selectivo. Según defendió, esta modernización busca mejorar la eficiencia y las garantías del sistema, aunque su implantación inicial haya tenido impacto en los plazos.
En la misma línea, el 16 de enero, García aseguró que no existían «unos graves incumplimientos», atribuyendo el ajuste del calendario a una transformación interna del procedimiento. «Ha habido una transformación del procedimiento, lo que ha llevado a que se publiquen las listas un poco más tarde», afirmó, defendiendo que «no se ha incumplido nada» y que el proceso se ha desarrollado, «como todos los años, de manera ejemplar».
El impacto en los admitidos y los no admitidos
Tras la publicación de las listas definitivas, los datos evidenciaron también un volumen significativo de aspirantes no admitidos, lo que obligó a revisar solicitudes y gestionar incidencias en un plazo muy ajustado. Este proceso, unido a los retrasos acumulados, incrementó la presión sobre el sistema y los equipos encargados de su gestión.
Además, el corto margen entre la publicación de las listas definitivas y la celebración del examen redujo el tiempo disponible para que los aspirantes subsanaran errores o realizaran alegaciones, una circunstancia que ha generado críticas en el sector.
En cualquier caso, en el caso concreto del MIR, finalmente el Ministerio admitió a 16.763 aspirantes, mientras que 782 quedaron excluidos. La publicación tardía del listado definitivo generó preocupación entre los candidatos, al reducir el margen de tiempo previo al examen. En el conjunto de las pruebas FSE, se admitieron 35.503 aspirantes para 12.366 plazas, lo que supone un incremento del 10,7% respecto a la convocatoria anterior. Además, el 74,28% de los aspirantes son mujeres.
El desglose por titulaciones refleja la magnitud del proceso:
- Medicina: 16.763 admitidos / 782 excluidos.
- Enfermería: 11.204 / 93.
- Psicología: 4.016 / 97.
- Farmacia: 1.474 / 10.
- Biología: 1.338 / 48.
- Física: 407 / 6.
- Química: 301 / 5.
Pese al aumento de solicitudes, el Ministerio destaca que se ha reducido el número de no admitidos y que se han gestionado más de 5.000 subsanaciones, la mayoría por errores documentales. No obstante, el corto margen temporal y los problemas técnicos han tensionado el sistema y evidenciado las dificultades de adaptación a los cambios introducidos en esta convocatoria.
El cambio en la Dirección de Ordenación Profesional
En paralelo a este calendario tensionado de la convocatoria MIR 2026, también se produjo la salida de Celia Gómez de la Dirección General de Ordenación Profesional. La convocatoria para dirigir Finba se abrió el 17 de diciembre y se resolvió el 29 de enero, en un periodo que se intercala con varios de los principales momentos clave de los retrasos: la publicación de la lista provisional de admitidos el 19 de diciembre y la de la definitiva el 15 de enero, apenas nueve días antes del examen. El BOE hizo oficial su cese el 4 de febrero, aunque fuentes del Ministerio de Sanidad ya habían confirmado a Gaceta Médica su salida el 29 de enero. Su relevo al frente de Ordenación Profesional es actualmente Miguel Ángel Mañez.
