El Ministerio de Sanidad ha convocado al Comité de Huelga a una nueva reunión este miércoles a las 15:00 horas «con el objetivo de continuar las negociaciones y buscar una salida al conflicto que evite la huelga», según señalan fuentes del propio departamento. Estas mismas fuentes enmarcan la convocatoria en la voluntad de mantener abierto el diálogo y avanzar hacia un acuerdo que permita acercar posturas entre ambas partes.
Asimismo, desde el Ministerio explican que «para facilitar el avance se ha propuesto la participación de una Organización de Pacientes «como posible mediadora», después de que los representantes sindicales hayan rechazado «tanto el papel del Foro de la Profesión Médica como el de los sindicatos del ámbito de negociación». Añaden que esta propuesta «responde a lo acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a iniciativa de varias comunidades autónomas», con el objetivo de «abrir una vía alternativa que permita desbloquear la situación».
El Comité de Huelga, integrado por CESM, SMA, Metges de Catalunya, AMYTS, SME y O’MEGA, acude a esta cita con seis demandas irrenunciables. Entre ellas destacan la creación de un Estatuto de la Profesión Médica propio, una mesa de negociación directa sin sindicatos generalistas y la clasificación en el Grupo 9 (A1 Plus) para reconocer sus 11 años de formación y su responsabilidad legal única.
El punto de fricción más complejo se encuentra en la clasificación profesional, con la creación de un nuevo grupo, que el Ministerio de Sanidad tacha de «técnicamente inviable» y hasta de «ilegal» en la caso de la creación de un Grupo 8 para médicos sin especialidad, argumentando que el ejercicio sin título MIR es residual en España.
Respecto a la jornada laboral, la brecha es igualmente profunda: mientras los facultativos exigen las 35 horas semanales con guardias estrictamente voluntarias y pagadas al 150%, Sanidad defiende una jornada de 45 horas en cómputo cuatrimestral. El departamento de Mónica García sostiene que ya ha cumplido con esta petición al delegar en las comunidades autónomas la potestad de organizar sus propios turnos.
El mediador pactado llegará al Pleno del 9 de abril
El próximo Pleno del CISNS del jueves 9 de abril, según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad a Gaceta Médica, incluirá finalmente un punto específico para comentar lo tratado en la reunión del día anterior sobre la figura del mediador. Ese pleno extraordinario, convocado inicialmente con carácter monográfico sobre la huelga médica, servirá ahora para dar continuidad política al acuerdo alcanzado el 27 de marzo, cuando Sanidad y las CCAA pactaron plantear al Comité de Huelga una figura de mediación «reconocida por todas las partes» para tratar de desbloquear el conflicto.
La inclusión de este asunto en el orden del día supone trasladar al máximo órgano de coordinación sanitaria el debate sobre cómo articular esa mediación y qué papel debe desempeñar en la negociación del Estatuto Marco. La referencia cobra relevancia porque el Ministerio y las autonomías ya habían coincidido en la necesidad de abrir una vía aceptable para todas las partes que permitiera seguir avanzando en los puntos ya negociados y evitar una escalada mayor de las movilizaciones.
En ese contexto, el Pleno del 9 de abril se perfila como una cita clave para concretar el recorrido institucional del mediador pactado en la reunión anterior y comprobar si esa fórmula logra convertirse en una herramienta real de desbloqueo. La convocatoria extraordinaria nació por las quejas de varias comunidades autónomas por el impacto asistencial de la huelga, y ahora suma además la tarea de encauzar el mecanismo de mediación que quedó sobre la mesa tras el último Interterritorial.
El conflicto ha trascendido lo laboral para convertirse en una batalla política de primer orden. Los consejeros de Sanidad del PP han formado un frente común para lanzar un órdago directo al Gobierno. Alejandro Vázquez (Castilla y León) ha advertido que, si para el 27 de abril no hay un acuerdo firme, exigirán a Pedro Sánchez la sustitución inmediata de Mónica García por una figura capaz de resolver la crisis.
Desde las comunidades se exige «financiación finalista» para aplicar cualquier mejora en el Estatuto Marco. Fátima Matute, consejera de Madrid, ha sido especialmente incisiva al comparar la situación con otros ministerios, recordando que el titular de Transportes, Óscar Puente, puso 1.800 millones de euros sobre la mesa para desconvocar la huelga de Renfe, una voluntad inversora que echan de menos en Sanidad.
Aunque el Ministerio anunció un pacto para designar un mediador, los sindicatos denuncian vivir en «un silencio administrativo absoluto«, sin haber recibido ni una sola comunicación formal sobre los términos de dicha figura. Organizaciones como Amyts advierten que no aceptarán a nadie impuesto sin consenso, mientras que el CESM insiste en que el perfil debe ser estrictamente técnico y laboral.
Sobre la propuesta de que las organizaciones de pacientes actúen como mediadoras, la respuesta sindical ha sido cautelosa. No cierran la puerta a su participación, pero prefieren que actúen como testigos para dotar de transparencia al proceso y que comprendan que la calidad asistencial es imposible con las actuales condiciones de sobrecarga. Entienden que los pacientes son los principales damnificados, pero insisten en que el bloqueo requiere un conocimiento jurídico y técnico profundo del Estatuto Marco.
Los otros temas del Interterritorial
Al margen del conflicto por el Estatuto Marco, el Orden del día del Interterritorial ordinario dibujaba una agenda amplia, con asuntos vinculados a cuidados, cronicidad, salud pública y coordinación territorial. Entre los puntos que figuran en el Orden del día al que tuvo acceso Gaceta Médica figuraban la colaboración público-privada, las organizaciones de pacientes y las enfermedades raras, en una reunión con marcado contenido técnico y político.
Además, el Ministerio había incluido en ese itinerario medidas concretas como la ejecución de la Estrategia de Salud Digital del SNS y la Estrategia Nacional en Donación y Trasplante de Órganos 2026-2030, lo que confirmaba que el CISNS no iba a girar solo en torno a la huelga médica, sino también a varios ejes de planificación y gobernanza del sistema sanitario.
Mónica García, por su parte, se aferra a su «perfil activista» y defiende que su reforma es «un hito histórico para modernizar una norma obsoleta desde hace 23 años». La ministra ha retado a los consejeros regionales a aplicar medidas que ya están bajo su competencia, como la eliminación de las guardias de 24 horas, instándoles a pasar a turnos de un máximo de 17 horas si realmente disponen de recursos.
El lío con las fechas de los Interterritoriales
La confusión surgió porque el Ministerio convocó dos plenos del CISNS en muy poco tiempo: uno ordinario para el 27 de marzo y otro extraordinario para el 9 de abril, en principio monográfico sobre la huelga de facultativos. Después, Sanidad modificó el orden del día del pleno ordinario e incorporó también la huelga médica entre los primeros asuntos, pero sin anular de entrada la cita del 9 de abril. Al final, no dio tiempo a tratar el resto de puntos el 27 de marzo y será el próximo jueves cuando se aborden los 29 temas pendientes.
El seguimiento de la huelga médica en anteriores jornadas, que los sindicatos sitúan en un 80% en el ámbito hospitalario y un 50% en Atención Primaria, revela un malestar que trasciende lo salarial. Los médicos que cumplen los servicios mínimos denuncian que la fatiga crónica y el burnout se han convertido en un problema de seguridad pública. Además, desde CESM ya denunciaron una paradoja que se da en varias regiones donde los servicios mínimos impuestos del 75% son superiores a la dotación de personal real que existe durante los planes de vacaciones de verano.
El horizonte no invita al optimismo si no hay un giro radical el 9 de abril. Los sindicatos ya han avisado de que «la primavera de movilizaciones» continuará imparable durante mayo y junio con paros de una semana al mes. Consideran que las propuestas del Ministerio «son un mero reciclaje de ideas ya rechazadas» y denuncian «mala fe negociadora» por parte del Ministerio.
