patrono de la Fundación de Ciencias de la Salud viernes, 22 de enero de 2016 h
El sector académico y la industria biomédica tienen una larga y exitosa historia de colaboración que nos permite hablar de grandes logros, entre ellos, el importante descubrimiento de la insulina que, en poco más de dos años después de su hallazgo, se había comercializado con el consiguiente beneficio que esto supuso para los pacientes diabéticos. Dicha colaboración público-privada ha evolucionado de forma considerable en los últimos años y ha proporcionado nuevas vías y oportunidades económicas para ambas partes. Este progreso creciente, impulsado por todos los gobiernos en España, independientemente de su color político, ha supuesto, sin embargo, la aparición de ciertos riesgos que siempre han existido, pero que toman más fuerza por la creciente preocupación en el sector académico: los conflictos de intereses en investigación.
El conflicto de intereses se define como cualquier situación donde las actuaciones profesionales o decisiones de un investigador, que pertenece a una institución académica, pudieran verse influenciadas por consideraciones de beneficio personal, que habitualmente son de índole económica, como resultado de tener intereses fuera de su ámbito de investigación. Desde esta perspectiva, los conflictos de intereses son frecuentes en la colaboración público-privada y no deben entenderse como algo estrictamente negativo, ya que, entre otros motivos, su existencia denota la consolidación de una relación fructífera en la que existen riesgos que deben tenerse en cuenta. En mi caso, como patrono de la Fundación de Ciencias de la Salud y director general de CIC bioGUNE y CIC biomaGUNE, debo ser consciente, por ejemplo, de que los intereses de mi institución están por encima de los personales o los de la industria farmacéutica que colabora en mi investigación.
El estado de alerta frente a los posibles conflictos de intereses nos permite abordarlos con una filosofía en la que no se traspasen ciertas líneas rojas como la honestidad y la ética y en la que domine el concepto de transparencia, un elemento indispensable en las relaciones público-privadas. La declaración de todas las actividades por parte de los investigadores a la institución académica permite atajar el problema antes, incluso, de que aparezca o gestionarlo de forma correcta cuando ya se ha producido.
En este sentido, los modelos de éxito del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del IDIBAPs pueden ser una referencia para la consolidación de una relación basada en la transparencia en otras instituciones académicas y hospitales de España. Para ello, además, se hace necesario un esfuerzo en formación con el fin de garantizar que los investigadores conozcan los protocolos de actuación y los potenciales riesgos que rodean su labor profesional. Solo así se protegerá a la ciencia de intereses ajenos a la propia investigación.
Los conflictos de intereses son frecuentes en la colaboración público-privada y no deben entenderse de forma negativa
