España tendrá en 2050 una de las poblaciones más envejecidas del mundo, lo que conlleva una mayor incidencia de las enfermedades cerebrovasculares, que son actualmente la primera causa de dependencia en España. El coste económico y social de esta enfermedad es muy alto, pero se puede reducir gracias a los avances científicos y sanitarios (Código Ictus) y a la educación de la población en hábitos preventivos.
Además, actualmente hay más de 925.000 personas afectadas por ictus, de las cuales 400.000 presentan alguna discapacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria. Cada año se dan más de 120.000 nuevos casos en España, que podrían prevenirse en un 80 por ciento de las ocasiones.
En 2005 se implementó el Código Ictus en el SNS. Este procedimiento implica una evaluación urgente del paciente sintomático y su traslado urgente a una de las unidades de ictus más cercanas. Según Francisco Purroy, director del grupo de Neurociencias Clínicas del Instituto de Investigación Biomédica de Lérida y responsable de la Unidad de Ictus del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lérida, en la primera hora y media se puede mejorar a uno de cada dos pacientes tratados, y en las primeras cuatro horas y media, a uno de cada siete, refiriéndose como mejora a la disminución de las secuelas para que la persona sea autónoma y no tenga discapacidad o con una muy leve.
Sin embargo, en España no existen unidades de ictus en todas las provincias. Joan Montaner, director del Programa de Ictus IBIS-HVR-VM, Sevilla y del Laboratorio de Investigación Neurovascular del Hospital Vall d’Hebrón, explicó durante una jornada organizada por la Federación Española de Ictus (FEI) que en Andalucía existe lo que se conoce como el “cinturón del ictus”, ya que es la comunidad en la que se dan más casos, y tiene la tasa más alta de mortalidad. A su juicio, es significativo que para ocho millones de andaluces solo existan cuatro unidades de ictus a pesar de que para prestar una atención óptima se necesitarían 16, especialmente si se tiene en cuenta que “cada minuto cuenta” en la atención de estos pacientes y estas unidades de ictus reducen la mortalidad. Asimismo, tanto Galicia como Baleares y Extremadura solo disponen de una unidad de ictus.
La investigación es también un componente fundamental en la prevención. Entre los factores que pueden reducir la alta incidencia del ictus en España están las últimas investigaciones en sistemas de detección precoz, como los biomarcadores. Además, los anticoagulantes de nueva generación reducen hasta en un 50 por ciento los efectos secundarios ya que son “mucho más seguros, pero no están disponibles para la mayoría de pacientes ya que son tratamientos con un alto coste económico”, remarca Purroy.
En el ámbito social es clave dotar a los hospitales de una estrategia integrada que involucre a todos los afectados: profesionales, pacientes y familiares. La calidad de vida del paciente pasa por una rehabilitación que le ayude a recuperar su máximo potencial. En el Hospital de Górliz (Vizcaya) se ha puesto en marcha la escuela de ictus. El objetivo de la misma es informar a pacientes y familia y formar a cuidadores.
