En los próximos dos meses las comunidades autónomas con dificultades económicas podrán acudir a una nueva línea de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para hacer frente a los pagos a proveedores, que, entre otros, afectan a compañías farmacéuticas y empresas de tecnología sanitaria. Es una de las principales conclusiones del primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado en la tarde de ayer y presidido por el nuevo ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Aunque no se plantea un sistema de control central de los presupuestos autonómicos, en línea con la idea expresada semanas atrás en una entrevista al periódico Financial Times por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, las cuentas de estas comunidades estarán “condicionadas”. De entrada, las regiones que acudan a este tipo de mecanismos para obtener liquidez expcepcional tendrán que presentar un plan de viabilidad presupuestaria y su compromiso de reducir el déficit a través del recorte de entes públicos.
En la misma línea, ministro y consejeros aprobaron establecer sanciones para las regiones que incumplan los objetivos de gasto, así como la posibilidad de “intervenir” sus cuentas, de forma temporal “en términos hacendísticos”, explicó el ministro.
Por otra parte, Montoro anunció la modificación de la Ley de Transparencia del gobierno, que podrá exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que eleven el gasto por encima de lo presupuestado, así como la puesta en marcha de un grupo de trabajo, a petición de varias comunidades autónomas, para la revisión del sistema de financiación autonómico.
