ENTREVISTA/ Licencia, innovación y transferencia inversa son las piezas del puzle
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Cecilia Ossorio
Barcelona
La Fundación Progreso y Salud, una entidad instrumental de la Junta de Andalucía, celebró la semana pasada el encuentro “La investigación en terapias avanzadas: situación en Andalucía”. Para ella trabaja la Oficina de Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario Público autonómico, y su director explicó a GM qué trabas encuentran para materializar los resultados de la investigación.
Pregunta. ¿Cómo valora la transferencia actual de los resultados de investigación en salud?
Respuesta. Suelo ser crítico con el trabajo que hacemos. Una primera cosa que tenemos que realizar es algo que las universidades ya han conseguido, hay que cambiar la mentalidad. Tanto en investigación básica como en clínica, el investigador tiene que tener en mente que el fin último es que sus resultados lleguen a la ciudadanía. Para ello es necesario que el sector privado esté interesado en avalar y desarrollar esa investigación.
Nosotros lo que hacemos es identificar los resultados que pueden tener un potencial de aplicación real en la práctica clínica, e intentar alinear ese grupo de investigación con alguna empresa que tenga interés en llevar a cabo el proyecto. El fin último es intentar que esa investigación llegue a la sociedad, pero también que una parte de los posibles beneficios económicos ayuden en un futuro a la sostenibilidad del sistema, porque el sistema público conlleva unas cargas económicas muy grandes.
P. ¿Por dónde pasa ese necesario cambio de mentalidad?
R. De 2006 a 2009 se llevó a cabo una labor por parte de mi predecesor muy importante para intentar cambiar la mentalidad de los investigadores del sistema sanitario público, para que valorasen más la transferencia de tecnología, lo que implica que haya una protección a través de patente en la mayoría de los casos previa a la publicación de sus resultados. Eso genera implicación por parte del investigador, también en el contacto con las empresas.
A partir de 2009 se intentó estructurar la oficina de transferencia en apartados distintos, uno de transferencia y otro de protección. Esta protección es vital para asegurar el derecho de exclusiva que permite que una empresa pueda amortizar su inversión.
P. ¿Dónde reside la mayor dificultad?
R. Uno de los grandes problemas que tienen las oficinas de transferencia de tecnología es que hay una actuación correcta en identificación de resultados y de su protección y registro, pero nos encontramos con que no tienen recursos suficientes para lograr encontrar empresas que permitan transferir esos resultados. Entonces, habría que poner en énfasis no la protección, sino la traslación.
Si no ponemos los medios en ese apartado, no lograremos el objetivo final, sino tener cada vez más patentes, lo que implica tener mayor gasto pero sin una posibilidad real de retorno.
P. ¿Qué medidas están llevando a cabo?
R. Lo que hemos hecho es apostar por la contratación de personas para ese cometido de transferencia, y sobre todo subcontratamos los servicios de protección.
Éste es un modelo basado en las licencias, que en parte funciona, pero no podemos esperar siempre a que haya resultados, protegerlos y buscar los medios para transferirlos. Ese modelo hay que complementarlo con otro sistema, el modelo basado en la innovación. Aquí no esperas a tener resultados, sino que buscas las demandas de las empresas, los relacionas con los grupos de investigación, e intentas entablar la colaboración pública-privada. La empresa suele adquirir un derecho preferente sobre los frutos de esa investigación. Y la entidad pública se asegura que una empresa esté interesada desde el origen.
También se está intentando un paso más allá, la transferencia inversa. Buscamos las necesidades clínicas que además sean demandas empresariales. Creo que el futuro está en la ponderación de estos tres modelos, en ajustar qué porcentaje de cada uno.