El gasto sanitario continuará en declive en los próximos años, aunque a un ritmo menor. La ‘Actualización del programa de estabilidad. 2016-2019’ que el Gobierno ha remitido a la Comisión Europea lo sitúa en el 5,95 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) este año. En 2017, descenderá al 5,89 por ciento; en 2018, al 5,81 por ciento, y en 2019, al 5,74 por ciento. Estos datos mejoran la estimación del 5,3 por ciento que el Ejecutivo envió el año pasado a Bruselas.
A pesar de que la caída se ha suavizado, expertos en economía de la salud consultados por Gaceta Médica consideran que esta cifra es insuficiente. “Que se rebaje a este nivel es inaudito”, señala Lluís Bohígas, experto en economía de la salud, que prevé ya un problema a corto plazo. “Los partidos prevén regresar a la universalidad”, explica. Esto supondría la entrada “de más gente en el sistema, con menos presupuesto, lo que no se va a poder aguantar”, advierte.
El presidente del Círculo de la Salud, Ángel Puente, considera que “el plan de viabilidad para las comunidades autónomas no se puede cumplir”. Como ya había anunciado una semana antes de la publicación del programa de estabilidad, el Gobierno decidió corregir al alza el objetivo del déficit. En lugar del 0,3 por ciento previsto inicialmente, las regiones tendrán que situar su déficit al 0,7 por ciento.
Uno de los retos que se plantean para la consecución de esta meta es la hepatitis C. La adquisición de estos medicamentos costó el año pasado a las administraciones públicas 1.094 millones de euros. Los ministros de Sanidad y de Hacienda en funciones, Alfonso Alonso y Cristóbal Montoro, respectivamente, avisaron que el gasto no es recurrente y que no se repetirá en 2016. Argumentaron varios motivos. Ya se han tratado al 80 por ciento de los pacientes graves y la entrada de nuevos fármacos abaratará los actuales. A pesar de estas circunstancias, “entendemos que el gasto por la hepatitis C se seguirá disparando”, señala Puente. La opinión se encuentra en línea con la previsión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que cifra el gasto en 2016 en 750 millones de euros.
Con estos límites, Bohígas afirma que las comunidades tendrán de endeudarse más. “Se trata de aparcar al sistema más adelante, lo que provocará que los intereses de la deuda sean mayores que el gasto social”, advierte.
En el documento, el Gobierno establece una serie de medidas para contener el gasto como la implantación de nuevas normas para la revisión del sistema de precios, la aplicación de criterios de coste-efectividad en las decisiones de financiación pública de medicamentos, la actualización permanente del Nomenclátor Oficial de la prestación farmacéutica del SNS en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, el impulso de los medicamentos genéricos, la aplicación del principio de eficiencia en la prescripción, el pacto con Farmaindustria para la fijación de un techo en el gasto farmacéutico y el aumento de la transparencia.
El gasto sanitario se viene recortando desde el comienzo de la crisis económica. En 2011, se encontraba en el 6,47 por ciento del PIB. Tardará años aún en recuperarse y regresar a los niveles precrisis. El Gobierno estima que se situará en el 6,2 por ciento en 2020; en el 6,6 en 2030, y en el 7 en 2040.
