asturias/ El Simpa responde a la petición del consejero para que controlen el gasto
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Los profesionales consideran que es la Administración la que “dilapida” recursos
Andalucía y Galicia siguen defendiendo la legalidad de sus proyectos
Frente a la tendencia autonómica de implantar medidas de control del gasto que limitan la prescripción de determinados fármacos, el consejero valenciano de Sanidad, Manuel Cervera, ha optado por dejar que los médicos hagan uso de su libertad total para recetar el medicamento que produzca el mejor beneficio para el paciente y, a su vez, sea lo más eficiente y efectivo posible para el sistema sanitario. Al menos así ha respondido a las críticas que la patronal Farmaindustria ha efectuado contra varios hospitales de esta comunidad por “vetar” la compra de fármacos especializados de última generación para pacientes oncológicos y continuar empleando otros más antiguos por cuestiones meramente “económicas”.
Cervera ha querido dejar claro su desacuerdo con las medidas adoptadas de forma “aislada” por algunas regiones que han elaborado sus propios catálogos y ha abogado por un Pacto por la Sanidad contundente que aborde reformas estructurales, valorando el trabajo de los profesionales y la relación leal con los socios proveedores y colaboradores del SNS. En su opinión, hay que implantar fórmulas consensuadas y desligadas del debate político si realmente se busca la sostenibilidad y calidad del sistema.
REDACCIÓN
Madrid
“Los médicos estamos hartos de que nos culpen del gasto farmacéutico. La pregunta es: ¿por qué se aprueban fármacos iguales o similares a distintos precios?”. Con esta reflexión ha respondido el sindicato médico de Asturias (Simpa) al último anuncio efectuado por el consejero de Sanidad, José Ramón Quirós, explicando que su departamento seguirá los pasos de Galicia, Andalucía o el País Vasco con medidas en favor del uso racional del medicamento en las prescripciones médicas (ver GM, nº 357) .
Ya el pasado mes de junio, Quirós acusó a los profesionales de estar recetando fármacos “demasiado” caros a los enfermos oncológicos terminales y de nuevo en esta ocasión les ha pedido que sean “responsables” y colaboren para mantener un servicio público de calidad. La respuesta desde el Simpa ha vuelto ha ser también la misma, recordado que es la ley la que deja en manos del Estado la decisión de que un medicamento sea o no financiado por el Sistema Nacional de Salud, mientras que el Ministerio de Sanidad fija el sistema de cálculo de precio de venta al público y los márgenes de comercialización correspondientes, por lo que el “sobrecoste” de los fármacos no es responsabilidad de los médicos.
El sindicato cree que es la Administración la que debería aclarar los pactos con la industria que le llevan a aplicar precios distintos a iguales o similares principios activos y con las mismas indicaciones, “dilapidando” así los recursos. Sin embargo, el consejero ni siquiera ha querido reunirse con ellos y escuchar su postura pese a las “múltiples peticiones” que han efectuado.
Así, el Simpa también ha querido denunciar la situación de las plantillas de primaria en la comunidad, que se llevarán la peor parte del recorte presupuestario del Principado, estimando en un 20 por ciento el porcentaje de sustituciones, pese a que llevan tiempo bastante “mermadas”.
Según Carlos Fernández Moro, secretario de Atención Primaria del sindicato, esto acabará afectando inevitablemente a las listas de espera y, consecuentemente, a la calidad asistencial, pues en la actualidad se viene sustituyendo, aproximadamente, al 40 por ciento de la plantilla de AP, cantidad que se va a reducir a la mitad cubriendo sólo a uno de cada cuatro profesionales.
Concurso público “legal”
Por su parte, la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha asegurado que el proyecto en el que está trabajando su departamento para adjudicar mediante concurso público el suministro de los principios activos a los laboratorios que ofrezcan el precio más barato “es perfectamente legal” y ha insistido en que sus interlocutores en este ámbito son la industria, el Consejo Andaluz de Farmacéuticos y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), por lo que ha avisado al Ministerio de Sanidad de que se encuentra dentro del marco de sus competencias y cuenta con el respaldo jurídico de la Junta.
También en Galicia el catálogo de fármacos sigue su curso, siendo en este caso el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) —cuyas enmiendas a la proposición del Grupo Popular han sido aceptadas en la tramitación— el que defiende las competencias del Gobierno regional para establecer criterios de prescripción médica, por lo que espera que el Ejecutivo central no recurra la medida.
