Qué aseguradora ha puesto las miras en el Colegio de Médicos de Madrid, con el fin de desplazar a Uniteco tras las próximas elecciones? ¿Qué miembros de la Junta actual han dado la espalda a la empresa de los Núñez?
A qué conocido consejero de Sanidad socialista le va a dejar tirado su partido? ¿Por qué?
Qué presidente de un Colegio de Médicos se autoproclama ahora de “derechas”, después de apoyar al PSOE en las elecciones de su capital?
Qué comunidad autónoma tiene un déficit sanitario oculto disparado por culpa de inversiones millonarias en infraestructuras que ahora no puede pagar?
A qué tres comunidades no les salen las cifras de demora en los pagos que hizo públicas Farmaindustria?
Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
La libertad de prescripción, el sacrosanto principio que ha de salvaguardar la autonomía de los médicos frente a todo tipo de injerencias externas, se está derrumbando como un castillo de naipes en la sanidad española. El ataque viene de largo, pero en los últimos meses se ha recrudecido de manera alarmante en las diferentes administraciones, al calor de la crisis económica, de la estulticia de políticos y burócratas sin escrúpulos, y del silencio inexplicable de algunos de los colectivos que representan a esta profesión, preocupados, parece, por asuntos de mucha menor enjundia para sus representados. En este contexto de trabas burocráticas a la elección de fármacos autorizados previamente por las autoridades del Ministerio de Sanidad, de toques de atención constantes, de vigilancia sin cuartel por parte de la Administración a los talonarios, y de un cerco de mutuas e inspectores de Trabajo que va en aumento, es digno de destacar el posicionamiento de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España (Facme).
Sin ser un sindicato ni una entidad colegial, la entidad dirigida por José Manuel Bajo Arenas y el sabio Carlos Macaya ha puesto el dedo en la llaga, no se ha ido por las ramas y ha entrado de lleno en el epicentro del meollo. Las guías orientativas que tratan de sustituir a la libertad del prescripción “dificultan y condicionan considerablemente, por criterios ajenos a los estrictamente médicos, el desempeño de la actividad profesional; las medidas que están aprobando las comunidades autónomas están generando graves problemas de equidad y de cohesión sanitaria dentro del Sistema Nacional de Salud, tal y como han denunciado el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social”, asegura la federación.
Facme recuerda además que la libertad de prescripción “es uno de los derechos fundamentales de los médicos”, y subraya que “no puede ser objeto de limitación o coacción”, ni siquiera por razones de índole social, laboral o económica. El toque de atención es muy importante y debería ser objeto de análisis por parte de todas las organizaciones médicas del país. Un posicionamiento conjunto, ajeno a intereses egoístas, partidistas o lucrativos, podría frenar en seco una avalancha de acciones que están degradando la admirable profesión médica en España hasta límites insospechados. Esta voz unánime de los facultativos debe recordar a la Administración y a los gestores ávidos de recuperar fácilmente el dinero que luego dilapidan con su burocracia, que no pueden confundir el todo por las partes. Si hay pruebas de que un médico receta al dictado de los intereses de una compañía farmacéutica, el peso de la ley debe recaer sobre ambos de forma inmisericorde. Pero de ahí a dar a entender que esta práctica está generalizada y extender la vigilancia a todos los facultativos va un largo mundo. También hay que recordar al Estado que los médicos no hacen sino prescribir productos incluidos en el vademécum por la propia Administración, que es la que a la postre fija el precio de los mismos. Si éste es alto, el problema no es del que receta, sino del que autoriza. Bajo estas premisas, las organizaciones médicas han de actuar en todas las comunidades autónomas y en todos los centros de salud del país. La ofensiva en estos momentos es tal, que el médico se está convirtiendo en un mero transmisor de la prescripción que dicta el servicio de salud de turno; su papel se devalúa y es pasto del acoso administrativo y de una presión que le priva de desempeñar el papel para el que fue formado. El problema es muy grave, y ya es hora de actuar. Están en juego el futuro de una profesión golpeada por la nesciencia de los políticos y la equidad de los tratamientos que se ofrecen a los pacientes.
