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A más de diez días de la aprobación del RDL 16/2012 en el pleno del Congreso de los Diputados, la comparecencia de la secretaria general de Sanidad en la comisión arrojó pocas luces sobre su desarrollo. Pilar Farjas demostró saber a pies juntillas el contenido del texto, que describió con la misma precisión que la ministra (ver GM, nº 422), pero sin avanzar novedades de calado.
El único elemento clarificador es el que guarda relación con el acceso de los llamados “rentistas” a la atención sanitaria. La secretaria general avanzó que se establecerá un convenio especial que proporcione derecho a la asistencia sin necesidad de que tengan que declararse “persona sin recursos”.
Precisamente es sobre este término, pero en su acepción legal, sobre el que advirtieron varios grupos de la oposición. El portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, aseguró que repagos y exclusiones traerán cola: “Creo que se preparan para una cantidad enorme de recursos y que, además, se los van a ganar. Será un momento en la boca y muchos años en las caderas”, apuntó.
Por su parte, los nacionalistas recalcaron sus dudas sobre la “constitucionalidad” del texto. Emilio Olabarria, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, recordó que las atribuciones sobre profesiones colegiadas son exclusivas del País Vasco, a pesar de su regulación en el real decreto, y Concepción Tarruella, de Convergencia i Unió, aseguró que es preciso hablar, sobre todo, de la invasión de competencias que podría suponer la norma.
“Nos hubiera gustado que nos explicara qué va a pasar ahora, una vez finalizado el trámite del real decreto, cómo van a hacer los reglamentos y cómo llevarán a cabo todas estas medidas, expuso la portavoz de CiU. Tarruella añadió que confía en el diálogo para evitar que las correcciones se hagan con otro real decreto, “y con otro, y con otro”, y reiteró su colaboración para impulsar el pacto.
Un acuerdo que José Martínez-Olmos, portavoz del grupo socialista, sigue condicionando a la rectificación de una norma que, afirmó una vez más, constata un cambio de modelo. Desde su aprobación, recalcó, “ya no tenemos un Sistema Nacional de Salud”.
