encuesta/ El 63,3% de los facultativos considera mala su cultura jurídica
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Este desconocimiento e inseguridad condiciona su relación con el enfermo
Es necesaria una reforma normativa que convierta al médico en autoridad pública
REDACCIÓN
Madrid
El 76,5 por ciento de los profesionales considera que su formación médico-legal es mala o muy mala pues el 87 por ciento no sabe diferenciar entre un juez y un magistrado ni entre una denuncia y una querella, a lo que se suma que un 63,6 por ciento cree que existe mucha confusión normativa entre los preceptos autonómicos y estatales. Este desconocimiento e inseguridad en torno a los temas legales de su actividad condiciona el trabajo y el trato con el paciente, cuya relación además ha cambiado sustancialmente.
Por ello, una de las principales conclusiones extraídas de la encuesta que Pfizer ha realizado a 2.800 facultativos, es la necesidad de que los profesionales mejoren su formación en esta área para evitar unas distorsiones en la relación con el enfermo que en demasiadas ocasiones están desembocando en violencia física o verbal —el 68 por ciento de los participantes reconoce haber sido víctima de agresiones, amenazas o coacción—. Además, según expuso durante su presentación José Carlos Fuertes Rocañín, especialista en Psiquiatría, sería muy conveniente que el médico tuviera la condición legal de autoridad. Por otra parte, la buena comunicación con el paciente y su familia es, en su opinión, la mejor “medicina defensiva”, junto con el “cuidado del cuidador” y la educación sanitaria. Desde un punto de vista más práctico, José Godino Izquierdo, presidente de la sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, considera que reducir las agresiones pasa por instaurar cámaras y medidas de seguridad en las consultas, como los conocidos como “botones del pánico”, así como por incrementar las penas para estos delitos y llevar a cabo una reforma legislativa que convierta al médico en una autoridad pública, situación que ya fue reconocida por una sentencia en 2007. Así, aunque cree que se debería analizar cada caso de forma individual, a su juicio debería instaurarse la regla categórica de que no se pueden tolerar ni justificar las conductas agresivas ni físicas ni verbales contra los profesionales.
