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La ampliación de servicios “amenaza” la sostenibilidad

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CISNS/ Los consejeros del PP vuelven a reclamar propuestas de viabilidad financiera

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Jiménez alega que son las regiones las que deben presentar iniciativas económicas

La mayoría de CC.AA. ya cumple el plazo de espera fijado para cinco operaciones

| 2010-10-22T17:25:00+02:00 h |

M.R.

Madrid

El debate sobre la sostenibilidad del sistema sanitario volvió a protagonizar, una vez más, la reunión del último Consejo Interterritorial del SNS con Trinidad Jiménez como ministra de Sanidad, pese a que, también una vez más, no estaba incluido en el orden del día aunque así lo llevan pidiendo desde hace tiempo los representantes populares.

Los consejeros del PP tildaron el encuentro de “irresponsable” y “fuera de la realidad”, echando de menos que Sanidad planteara en este foro propuestas concretas en aras de la viabilidad financiera del sistema, en lugar de añadir “más gastos y prestaciones”, mientras Jiménez alegó que son las autonomías las que deben presentar sus iniciativas en este sentido, insistiendo en que este debate debe trasladarse al Consejo de Política Fiscal.

Sin embargo, la titular canaria, Mercedes Roldós —para la que también sería su último CISNS—se mostró muy crítica con el departamento de Jiménez, a la que recordó cómo durante siete meses no se ha cumplido “ni una sola” de las medidas urgentes recogidas en el acuerdo aprobado el 18 de marzo, mientras el Pacto por la Sanidad propuesto hasta el momento es un documento “vacío de contenido” para una situación “dramática” en la que está en riesgo la calidad, cohesión y equidad del sistema. Por ello, apostó por el establecimiento de un plan de pagos a las comunidades autónomas, la modificación del sistema de financiación para que el presupuesto sanitario tenga carácter finalista, el aumento de la dotación del Fondo de Cohesión y una nueva regulación de éste.

En la misma línea, la consejera de Galicia, Pilar Farjas, ha reclamado la entrada en vigor “inmediata” de la Orden de Precios de Referencia —acumula seis meses de retraso desde su aprobación en el Interterritorial de mayo— para reducir el gasto farmacéutico y garantizar así la sostenibilidad. Además, propuso extender la medida aprobada en el Parlamento gallego para financiar sólo los medicamentos más baratos de cada principio activo (ver GM, nº 350).

Por su parte, el consejero madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, se mostró en desacuerdo con el esquema que, en su opinión, sigue el sistema actual, en el que Sanidad decide y las CC.AA. pagan, algo “inviable” económicamente. Fernández-Lasquetty se refería así a la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva —como parte del desarrollo de la ley de reproducción y de interrupción voluntaria del embarazo—, en la que se propone mejorar el acceso a métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones y consensuar una cartera de servicios comunes para la atención sexual. Además, el documento aprobado plantea una Estrategia de Atención al Parto Normal para promover el respeto a la evolución natural de éste.

Otras novedades introducidas en la cartera de servicios del SNS fueron la financiación de la atención y los costes relacionados con el proceso de donación cuando los trasplantes se hagan con donante vivo y la ampliación de la prestación de los productos dietoterápicos, cubriendo los tratamientos por trastornos del metabolismo de aminoácidos.

180 días de espera

Sanidad informó también a las autonomías del proyecto de real decreto en el que se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias, homogeneizando éste por primera vez y fijando en un tiempo límite obligatorio de 180 días naturales la espera para las intervenciones de cirugía cardiaca valvular y coronaria, de cataratas y de prótesis de cadera y rodilla, quedando excluidos los trasplantes de órganos y tejidos, las técnicas de reproducción asistida, la atención de urgencia —incluidos los reimplantes de miembros y la atención a quemados— y el resto de procesos no incluidos en la cartera de servicios.

Sin embargo, la mayor parte de los consejeros aseguró que sus regiones no sólo cumplen con estos plazos desde hace tiempo sino que los reducen prácticamente a la mitad y además incluyen muchas más patologías. Jiménez reconoció que el tiempo acordado busca que todas las comunidades lo puedan satisfacer y que su intención es ir acortándolo y ampliándolo.