DENUNCIA
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REDACCIÓN
Madrid
Los facultativos estatutarios quedará indefensos ante posibles “atropellos” e “incumplimientos” por parte de las administraciones si sale adelante el anteproyecto de ley de medidas de agilización procesal que ha presentado el Ministerio de Justicia, según han denunciado sindicatos autonómicos de médicos como el gallego y el balear con el apoyo de la Confederación Estatal CESM.
Según un comunicado de esta entidad, la situación se complica aún más para unos profesionales que ya comenzaron a encontrar dificultades para hacer viables sus derechos cuando la Ley del Estatuto Marco de 2003 sustituyó la vía de lo Social por la Contencioso-Administrativa, “inoperante” por su lentitud.
Lejos de solventar este “escaso amparo” judicial, el ministerio de Francisco Caamaño “amenaza”, según CESM, con convertir en una “trágala” el recurso por lo Contencioso-Administrativo pues establece un aumento de las cuantías mínimas en litigio, que pasan de los 18.000 euros a los 50.000 si se apela a los tribunales superiores de justicia y de los 150.000 a los 800.000 en los recursos de casación ante el Tribunal Supremo.
Por otra parte, la confederación destaca como otra novedad “lesiva” del anteproyecto que se impondrán costas al facultativo siempre que pierda el juicio, lo que actualmente sólo tiene vigencia en los supuestos de “mala fe”, que casi nunca se aplican por ser difíciles de probar.
Con todo ello, convertirse en médico en nuestro país se convertirá en un “verdadero suicidio laboral y social”, como ha señalado el presidente de CESM-Galicia, Cándido Andión, en la carta que ha enviado a Caamaño, en la que propone recuperar la figura de los conflictos colectivos —donde en un sólo acto se pueden juzgar reclamaciones que afectan a muchos profesionales—para descongestionar la Justicia, y advierte de que, de salir adelante tal cual la norma, sólo les quedará el recurso de la huelga para proteger sus derechos.