Ha transcurrido un año desde que el Parlamento aprobó el nuevo Código Penal en el que reconocía al médico como autoridad pública. Esta reforma entró en vigor el pasado 1 de julio y reconocía cualquier agresión física contra un profesional sanitario púbico como un delito de atentado. En este contexto, la Organización Médica Colegial (OMC) contabilizó el año pasado 361 ataques físicos o verbales contra médicos, un 4,9 por ciento más que en 2014. Existe otra lectura más positiva. Por tercer año consecutivo, el dato se ha consolidado lejos de las 400 agresiones al año. En concreto, en el último trienio los facultativos han sufrido 1.059 actos violentos, un 22 por ciento menos que en el periodo comprendido entre 2010 y 2012, cuando se registraron 1.360.
Este descenso se produce en un contexto marcado por la crisis económica. “El que pone la cara a esta situación derivada de los recortes es el médico”, advirtió Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC. Aunque, los datos no reflejan el total de las agresiones, “un porcentaje muy alto comunica y también denuncia”, añadió Serafín Romero, vicepresidente del consejo.
Por el lado de los enfermeros, la violencia parece haberse estabilizado, a tenor de la encuesta que realiza de manera anual el Consejo General de Enfermería (CGE). En este estudio, un 33 por ciento de los 1.623 enfermeros consultados ha sido víctima de una agresión de tipo físico o verbal, el mismo porcentaje registrado el año anterior.
Causas de la agresión
Los motivos que conducen a un paciente o un familiar a agredir a un profesional son diversos. La principal causa en 2015 son las discrepancias con la atención médica. Este argumento se produce en un 36 por ciento de las ocasiones. Le siguen en orden de importancia discrepancias personales, tiempo en ser atendido, no recetar lo propuesto por el paciente, informes no acordes a sus exigencias, el mal funcionamiento del centro y la incapacidad temporal.
En el caso de los enfermeros, en un 41 por ciento de los incidentes la razón del ataque son las expectativas no satisfechas del paciente; en un 27 por ciento se debe a diferencias en la valoración o en el diagnóstico, y en un 12 por ciento, al rechazo por parte del profesional de las demandas del usuario.
Existen diferencias en el lugar más habitual de la agresión. En el caso de los médicos se produce con mayor asiduidad en la consulta de atención primaria. Un 53,4 por ciento de los actos violentos ocurre en la denominada puerta de entrada del Sistema Nacional de Salud (SNS). En la consulta del hospital tienen lugar el 18, 28 por ciento de los ataques; en la urgencias de primaria y de hospital, un 9,69 por ciento y un 7,75 por ciento, respectivamente, y en otros ámbitos, el 10,8 por ciento. En cuanto a enfermería el lugar más común de la agresión es en atención especializada, donde se producen el 53 por ciento de los ataques; el 44 por ciento, en primaria, y un tres por ciento en urgencias. El tipo de agresor más común para los médicos suele ser el paciente —un 39 por ciento programado y un 27 por ciento no programado—, mientras que en enfermería suele ser un familiar, un 52 por ciento de los casos.
En ambos casos, el mayor número de las agresiones son de tipo verbal. En los enfermeros suponen un 69 por ciento del total, además de un siete por ciento de amenazas. Una cuarta parte, el 25 por ciento, son de carácter físico.
Los médicos realizan una valoración diferente. El 68 por ciento de las agresiones no provocaron lesiones. De las 115 —un 32 por ciento— que sí acarrearon daños, un 55 por ciento fueron de tipo físico y un 45 por ciento de carácter psíquico. La cifra ha preocupado a la OMC, ya que en 2014, las lesiones sólo suponían un 18 por ciento del total.
La reforma del Código Penal satisfizo a medias a médicos y enfermeras. Los profesionales valoran positivamente que la agresión física haya quedado tipificada como atentado, pero no entienden por qué no ocurre lo mismo con las injurias o las amenazas. El sindicato Satse reclamaba recientemente una ley específica contra las agresiones que “regule a nivel estatal las actuaciones que a todos los niveles (prevención, sensibilización, información, apoyo) se han de acometer por parte de las diferentes administraciones implicadas”.
Las demandas de los médicos van en la misma línea. “Solicitamos que se unifique la tipificación judicial para que las agresiones sean penadas con los mismos criterios en todas las comunidades autónomas y así evitar que las lesiones y amenazas sean consideradas delito en unos casos y faltas en otros”, según rezaba el manifiesto publicado por la OMC en el Día nacional contra las agresiones, que se celebró el pasado miércoles 16 de marzo. En sus peticiones, los médicos reclamaron incluso que este problema se incluya en la agenda del Consejo Interterritorial.
Durante el pasado año, la OMC registró 64 sentencias por casos de violencia contra profesionales médicos en los tribunales. En un 75 por ciento, hubo un fallo condenatorio, mientras que en el 22 por ciento se decidió la absolución y en un tres por ciento, el acuerdo. Los jueces consideraron atentado la agresión en 18 ocasiones, 29 quedaron tipificados como delitos leves y cinco como graves. Las decisiones judiciales llevaron aparejadas 16 penas de prisión y 17 de privación de derechos e inhabilitación. En enfermería, el estudio del CGE pone de manifiesto que solo el ocho por ciento decide acudir a los tribunales para denunciar.
