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Las comunidades temen que el objetivo de déficit implique nuevos recortes en sanidad

Las regiones contrarial objetivo de dfécit advierte de que el objetivo podría afectar a los servicios básicos.

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J.P.R. Madrid | jueves, 09 de julio de 2015 h |

Nueve comunidades autónomas rechazaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el objetivo de déficit que ha impuesto el Gobierno central. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció este martes a las autonomías que el objetivo para 2016 se situará en el 0,3 por ciento en 2016, el 0,1 por ciento en 2017 y el equilibrio en 2018.

Pese al voto en contra de la mayoría de las comunidades, el Gobierno central hizo valer su “mayoría cualificada”, según explicó la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, una de las más críticas la término de la reunión.

Las cuestiones que afectan a Sanidad apensa si tuvieron peso en el encuentro y sólo los consejeros expresaron sus temores al término de la reunión. Montero lamentó que el Gobierno exija a las comunidades autónomas los mayores sacrificios y explicó que la sanidad, la educación y la dependencia son las áreas “en las que más repercute el objetivo de déficit”.

Su homólogo en la Comunidad Valenciana, Vicent Soler, se expresó en la misma línea. Soler subrayó que el esfuerzo exigido a la regiones podría derivar en “un abismo fiscal”, con graves repercusiones en los servicios básicos.

Ya antes de la celebración del consejo, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, expresó sus dudas acerca del plan de Montoro. “Estoy dispuesto a hacer todos los esfuerzos del mundo, ahora bien, que no me pida que toque la sanidad y la educación porque no lo voy a hacer”.

Ante esta situación, las comunidades contrarias al objetivo de déficit reclamaron al Gobierno una nueva Ley de Financiación, que se ha quedado “obsoleta”, a juicio de Montero. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, señaló que una vez que el Gobierno ha cerrado la liquidación de 2013 se dan los elementos necesarios para iniciar el cambio legislativo. “La Ley de Financiación pedía que a los cinco años se hiciera un informe sobre el sistema”, señaló. Este informe sería un primer paso. “Cuando hagamos esa valoración, podremos hacer cambios”, añadió.