Los facultativos avalan el regreso del catálogo

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La aceptación del catálogo gallego no implica que los facultativos de la comunidad pasen por el aro de todas las medidas impuestas por el Sergas. Su batalla por conseguir que la prescripción de más de un 3% de innovadores no anule por completo la posibilidad de cobrar la retribución variable continúa en marcha. El Consejo de Médicos de Galicia ha criticado la “falta de ética” de que un objetivo exclusivamente economicista pueda excluir de la percepción de un complemento, como puede suceder. El consejo sigue “abogando por el diálogo con la Administración y apostando por la eficiencia para lograr el ahorro”.

E.M.C.

Madrid

El auto del Pleno del Tribunal Constitucional de la semana pasada que levanta la suspensión del catálogo priorizado de fármacos gallego ha sido recibido tanto por la Organización Médica Colegial como por el Colegio de Médicos de Lugo como una buena noticia.

Entre los argumentos que recoge el texto, que justifica el ahorro que pretende conseguir la medida, aunque no aclara la polémica sobre competencias nacionales y autonómicas, el auto del TC descarta el perjuicio sobre la libertad de prescripción que puede tener el levantamiento de la suspensión, amparándose en los informes aportados durante el proceso, en particular “el elaborado por la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, en el que se pone de manifiesto la falta de objeciones que, desde la perspectiva de la deontología profesional, suscitan medidas del tenor de las cuestionadas en el presente proceso”, según cita textualmente la agencia EP.

La Organización Médica Colegial celebra esta referencia, tal y como explica a GM su vicesecretario general, Jerónimo Fernández Torrente, que no oculta su satisfacción por el hecho de que el TC refleje en su argumentación unos criterios éticos y deontológicos que la corporación defiende desde el año 2000.

“Apoyamos como siempre la libertad de prescripción, no una capacidad sin límites, pero que no limite la capacidad para prescribir principios activos, que no marcas concretas, que es el fondo de la cuestión, siguiendo los intereses del paciente y los cánones que se deben utilizar con el fundamento prescriptor”, aclara Fernández Torrente, que continúa argumentando que este término no debe llevarse al extremo porque “no es ninguna patente de corso”.

“Dentro de lo estandarizado, debemos entender las razones que la administración pueda aducir en un momento concreto, siempre que no atenten contra la calidad asistencial y el bien del enfermo”, asegura. Además, el portavoz no cree que de la decisión de esta administración regional se pueda entender que vaya a perjudicar o atentar contra la libertad de prescripción siempre que existan grupos equivalentes, similares y de efectividad contrastada. Incluso la posibilidad de recetar un fármaco apropiado para un paciente concreto por sus excipientes está recogida en la norma regional como una situación excepcional, matiza.

Competencias sin aclarar

En cualquier caso, Fernández Torrente no entra a valorar de quién es la competencia, un asunto “que no deja resuelto el auto” y que según el presidente de Farmaindustria, Jordi Ramentol, espera que quede determinado en la sentencia final, reconociendo que vulnera competencias del estado, aunque no se sabe cuánto tiempo tendrá que pasar para ello.

El Ministerio de Sanidad, que ha anunciado que recurrirá el auto del TC, insiste en que el ahorro alcanzado en estos tres meses de suspensión es mayor del que se lograría con el catálogo autonómico. Algo que no convence a Pilar Farjas. La consejera de Sanidad gallega, pletórica por el respaldo del TC, cree firmemente que “los profesionales de la sanidad pública deben sentirse orgullosos”.