La llegada de nuevos gobiernos autonómicos y nuevas caras en las distintas carteras traen de la mano otros cambios colaterales. En materia sanitaria, estos afectan a las gerencias de hospitales, centros de salud y servicios de salud. Conscientes de esta realidad los directivos sanitarios han aprovechado la coyuntura de cambios para llamar a la calma y reflexión en la elección de los nuevos gestores sanitarios para que sea en base “a la confianza profesional y no a la personal”, recalcó el secretario de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), Mariano Guerrero, durante la jornada ‘La profesionalización de la gestión sanitaria’, organizada por el Círculo de la Sanidad y Sedisa.
La permeabilidad entre la gestión y la política sanitaria es algo que preocupa pero “no del todo” a los gestores. Como reconoció Joaquín Estévez, presidente de Sedisa, “es preferible tener gestores sanitarios dirigiendo la política, que otros perfiles alejados del sector”. Sin embargo, esta relación no debería ir más allá y la solución para evitar elecciones erróneas pasaría por la profesionalización del directivo y por acreditar la capacidad de gestión de los profesionales que ocupen las gerencias.
Esta carencia de profesionalizar la gestión lleva arrastrándose desde hace mucho tiempo. Aunque es cierto que se han ido dando pequeños pasos hacia la puesta en marcha de herramientas, su despegue definitivo está pendiente de “la voluntad política”. Por ejemplo, salió a colación el máster que está impulsando Sedisa para formar a estos profesionales, así como la puesta en marcha en algunas universidades de algunos programas de formación en gestión sanitaria.
Sin embargo, esta especialización pasa por un proceso de recertificación. Al igual que el médico precisa de una carrera profesional, los gestores quieren acreditar su valía profesional y experiencia.
Por ello, instaron al Gobierno a poner en marcha un proceso de acreditación. En muchos casos, la formación que reciben los gestores es “poco uniforme, escasa y está poco verificada”, apuntó Guerrero, al tiempo que reconoció que no hay voluntad política para impulsar esta acreditación y profesionalizar la gestión. “Existe un cierto grado de fariseísmo, ya que se dice una cosa y se hace lo contrario”, acusó.
Licencia para acreditar
Para Joseba Barroeta, director gerente del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, el modelo tradicional es insostenible, y por tanto, la fragmentación que existe por comunidades, exige una profesionalización de las gerencias. En esta línea, el director gerente del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Félix Bravo, está convencido de que la experiencia es un aval con la que cuentan muchos de los gestores. De hecho, recurrió a las cifras de Sedisa, que indican que el 68 por ciento de los directivos tienen una trayectoria al frente de la dirección de un hospital de diez o más años trabajando en el sector. Asimismo, el 90 por ciento de los directivos cuentan con una formación completa, sin embargo, la gran dispersión entre comunidades que existe del modelo retributivo precisa de una homogeneización en este ámbito.
Antonio Alemany, que acaba de ser nombrado subdirector gerente del Hospital Clínico San Carlos, destacó las tres esferas en las que debe trabajar un directivo en el sistema sanitario público: la gestión estratégica, la gestión del entorno político y la gestión operativa.
En este sentido, Josu Rodríguez, gerente adjunto de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, está convencido de que todas estas capacidades del gestor se ven condicionadas por la “fecha de caducidad de los gobiernos autonómicos”. La limitación que tienen los gestores por el tiempo de gobernanza, en función de los vaivenes políticos imposibilitan la existencia de un “prestigio profesional, la ausencia de autoridad moral, ausencia de liderazgo y por tanto de implicación”.
Por tanto, que la política condiciona los nombramientos de los equipos directivos es una realidad, y qué mejor momento que ahora para que el Gobierno ponga cartas en el asunto y dé competencias a Sedisa para avalar a estos profesionales.
Así, Barroeta considera que es una obligación del SNS, ya que el político no tiene la capacidad de evaluar al gestor, debe ser un organismo externo al Ejecutivo quien lo acredite.
En este sentido, una buena manera de bloquear la caducidad es, a juicio de Alemany, cambiar el sistema de elección de los equipos, y evitar que coincida con los cambios autonómicos. “Prescindir de amiguismos y dejar la gestión en manos de profesionales con experiencia acreditada”, apuntó.
En este punto, se puso en valor la medición de resultados. Algo con lo que desde la sanidad privada ya cuentan y en la pública falta por desarrollar. De hecho, “cuando por ejemplo una mutua está mal gestionada, es absorbida por otra”, explica Rodríguez, al tiempo que indica que la carta de presentación de un gestor privado son los resultados.
Por último, los expertos plantearon el Área de Capacitación Específica (ACE) como una herramienta clave para capacitar a estos profesionales. Algo que en opinión de Guerrero llevarán a cabo las sociedades científicas, que juegan un papel fundamental en este aspecto.
“No hay una confrontación real entre el modelo público de gestión sanitaria y el modelo privado sino entre buena y mala gestión”. Los expertos están de acuerdo en que la principal diferencia entre gestión pública y privada es la mayor limitación en la gestión del sector público, especialmente en lo referente al personal.
Así se puso de manifiesto en la mesa ‘La gestión empresarial en la sanidad’, donde además destacaron q ue el principal reto del sector privado es ofrecer la misma calidad asistencial del sector público y hacerlo a un coste inferior.
Asimismo, los incentivos son una buena herramienta de las gerencias en los dos ámbitos. Sin embargo, mientras que en el sistema público, su regulación obedece a los dictámenes de Hacienda, y por tanto es lo que dificulta que sean objetivos, de aplicación transparente, y ligados a resultados de salud, en la privada, se utilizan mal. Para Pedro Rico, director general Corporativo de Operaciones de IDC Salud, el mayor handicap es que “existen muchos incentivos a la producción y no a la mejora de la asistencia sanitaria, algo que no siempre es bueno”, explicó. De este modo, los expertos coincidieron en que es un ámbito que está en pleno desarrollo. Además, hay que buscar nuevas vías para fidelizar a los profesionales sanitarios para que “se queden en el ámbito privado”. Asimismo, Francisco José Juan, director general de Salud de DKV Seguros, cree que el sistema público adolece de tener incentivos negativos, algo que “aunque no sea necesario utilizar siempre es una buena estrategia para motivar a los profesionales”. Enrique de Porres-Ortíz de Urbina, consejero delegado de Asisa, recordó que hay que alinear todos esos incentivos con los objetivos de la organización.
