Sociedades/ Reclaman libertad para recetar marcas a igual o menor precio y que se garantice la bioapariencia
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Semfyc recuerda que el gasto farmacéutico en Andalucía no es menor que en regiones como Madrid o Cataluña
Facme califica como “inadmisible” que se cambien los tratamientos prescritos por equivalentes terapéuticos
Redacción
Madrid
Las sociedades científicas en pleno se muestran expectantes sobre el curso que seguirá la implantación de la prescripción por principio activo en todas las comunidades españolas. La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) es una de las muchas que se ha sumado a las dudas sobre la conveniencia de esta medida, ratificada en el Consejo de Ministros del 19 de agosto —y ratificada por el Congreso el 23 del mismo mes— en el marco de un conjunto de iniciativas que ahondarán en el recorte del gasto público.
A falta de conocer el texto definitivo de la norma, la SEMG denuncia, por la información que trascendido a los medios de comunicación, que en la propuesta “no parecen garantizarse aspectos tan importantes como la fármaco-apariencia”, lo que, tal y como también recalcó la propia Organización Médica Colegial, resulta imprescindible para facilitar el cumplimiento de los tratamientos.
La SEMG subraya que resulta “difícilmente justificable” que, a igualdad de precio, “no se pueda prescribir un medicamento de marca”, en línea con el resto de sociedades científicas de atención primaria. “Consideramos imprescindible garantizar la calidad del sistema, y por supuesto, preservar el acceso a las novedades terapéuticas aprobadas, hasta ahora, por la administración central”, insiste.
La sociedad lamenta que una vez más, el CISNS no haya abordado la sostenibilidad del sistema “en su integridad y magnitud” y que se haya limitado a propuestas aisladas, “reiteradamente relacionadas con el gasto farmacéutico, que pueden tener una repercusión puntual”, pero que no plantean un abordaje integral que proponga reformas estructurales.
Por su parte, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) ha pedido al Ministerio de Sanidad que tenga en cuenta la opinión de los profesionales a la hora de redactar la normativa. “Nunca se debe comprometer la libertad de prescripción del médico y este tipo de medidas no se deberían imponer sin consultar antes con los profesionales sanitarios”, indica Semfyc en un comunicado. Además, destacan desde Semfyc, el gasto farmacéutico en comunidades como Andalucía, pionera en la prescripción por principio activo, no es menor que en otras regiones, como “Cataluña y Madrid, basadas en la evidencia científica y en la idoneidad de la prescripción”.
La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), también se ha sumado a las críticas. “El médico es el responsable directo del proceso terapéutico del paciente y la libertad de prescripción es uno de sus derechos fundamentales. No puede ser objeto de limitación o coacción”, asegura en un comunicado oficial.
La federación “solicita el mayor respeto a la libre prescripción para indicar y proporcionar al paciente la mejor opción de tratamiento posible, en función de sus características clínicas y siguiendo los protocolos que elaboran las sociedades científicas en función de criterios de seguridad, eficacia y, si es posible, al menor precio”.
Facme califica como “inadmisible” que se cambien los tratamientos prescritos por equivalentes terapéuticos o que se sustituya por otro o se modifique su apariencia por motivos economicistas, en la medida que afecta al seguimiento y cumplimiento de la terapia.
