Los médicos intentan frenar otra “traba” a su ejercicio

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Los médicos que se encuentren en situación de prórroga voluntaria en la comunidades valenciana y madrileña podrán acceder a su jubilación durante el mes de junio y no perder así la posibilidad aún vigente de complementar su pensión, sin que sea necesario el preaviso preceptivo fijado hasta ahora. Así lo han determinado las consejerías regionales mostrando su rechazo a la orden que impedirá compatibilizar el ejercicio libre a los facultativos pensionistas a partir del día 1 de julio y que los sindicatos médicos autonómicos también recurrirán. Para CESM-Comunidad Valenciana se trata de una modificación que cambia el contenido de una ley sin tener el rango suficiente, por lo que debería elaborarse otro texto de rango superior para someterlo reglamentariamente a su tramitación parlamentaria. En su opinión, el problema de fondo radica en la “importantísima pérdida de ingresos” que experimenta un médico cuando se jubila pues, al existir un tope máximo para las pensiones, no puede optar, ni siquiera voluntariamente, a cotizar por el total de su salario. Además, su prolongado periodo de formación les obliga a entrar en el mercado de trabajo rondando la treintena por lo que existen muchos médicos que ni siquiera a los 67 años habrán cotizado lo suficiente para recibir su pensión completa.

M.R.

Madrid

Sindicatos y colegios de médicos han anunciado que recurrirán la orden del Ministerio de Trabajo e Inmigración publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 26 de mayo por la que se establece la incompatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y el ejercicio libre de la profesión.

Con el fin de “disipar las dudas” que se han producido ante la jubilación de estos profesionales en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, el departamento de Valeriano Gómez ha modificado la Ley General de la Seguridad Social para ampliar dicho régimen de incompatibilidades al ejercicio por cuenta propia de los médicos incluidos en el campo de aplicación del Regimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) o en mutualidades de previsión social que cumplen los requisitos para ser alternativas a éste.

Con el objetivo de paralizar una medida que entrará en vigor el próximo 1 de julio pero que no tendrá carácter retroactivo, los gabinetes jurídicos de la Organización Médica Colegial (OMC), los colegios provinciales, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y sus delegaciones autonómicas está preparando sus recursos pues consideran que se trata de una orden “absolutamente injusta” que limita un derecho profesional y que, como señala la Asociación de Médicos y Titulares Superiores de Madrid (Amyts), supone un aporte extra a la financiación pública por la mayor cotización a través del IRPF.

Amyts no comparte tampoco que los pacientes se vean privados de la posibilidad de ser atendidos por “extraordinarios” profesionales con una “alta cualificación”, elemento que resulta además paradójico en un contexto de déficit de médicos en especialidades y zonas determinadas de nuestro país.

En la misma línea, la Asamblea de la OMC ha calificado la medida como una “expropiación” para unos facultativos que compensan en la última etapa de su vida laboral las deficiencias de la pensión con su ejercicio profesional. También consideran que, especialmente en el sector privado, además de reducirse las opciones de creación o mantenimiento del empleo, se acabará con algo “tan fundamental” para los médicos como la posibilidad de continuar ejerciendo sus competencias mientras éstas no se vean mermados por incapacidad física o mental, una “traba” más para el ejercicio de esta profesión, según ha matizado el secretario general de CESM, Patricio Martínez. Y es que esta modificación normativa no viene sino a poner la puntilla al malestar de un colectivo que, como reseñaba un reciente estudio de CESM-Granada, perderá poder adquisitivo en su jubilación pues la reducción en relación a su sueldo en activo puede llegar a más del 37 por ciento ya que su tiempo de trabajo durante 30 años equivale a los 40 ó 45 de otras profesiones (ver GM nº 376)

A ello se suma el proyecto de reforma de las pensiones —que establece la jubilación forzosa a los 67 años, aunque médicos y enfermeros podrían ser incluidos en el catálogo de profesiones sometidas a excepciones (ver GM nº 364)— y el anteproyecto de ley que eleva hasta 800.000 euros la cuantía para interponer un recurso por lo contencioso ante el Tribunal Supremo, por el que la central sindical emitió una queja al Defensor del Pueblo (ver GM nº 366) sin haber obtenido ninguna respuesta por ahora.