Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
El Gobierno ha adquirido gran maestría durante los últimos seis años y medio en el uso de cortinas de humo para difuminar sus contradicciones y sus enormes fallos. En medio del estrepitoso fracaso diplomático en el Sáhara, y de una economía hundida que le está sepultando en las encuestas, ha optado por sacarse ahora de la chistera un conejo llamado Muerte Digna. El anuncio de una norma de tal naturaleza era sólo cuestión de tiempo, aunque la crisis en la que está inmerso ha obligado al Ejecutivo a actuar en este campo con más rapidez de la prevista. Tanta, que Leire Pajín apenas tuvo tiempo de aludir someramente al tema, al enunciar en el Congreso de los Diputados las líneas estratégicas de su departamento para esta legislatura. ¿Improvisación o silencio interesado? De todo un poco.
La muerte digna ha sido un asunto socorrido para el PSOE en los últimos años, y un buen experimento dialéctico para ir calentando el debate público sobre la eutanasia, para la que no existe demanda social. Puede decirse que la película Mar adentro constituyó el pistoletazo de salida de una carrera a la que contribuyó enormemente el escándalo de las sedaciones en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Una vez apagado el fuego en este hospital público, se han encargado de mantener la llama mediática comunidades autónomas como Andalucía, que aprobó su propia norma, y varias organizaciones sanitarias con dirigentes afines al partido, mediante la divulgación de encuestas, la promoción de foros y la exposición de pareceres la mayor parte de las veces pseudocientíficos. La bandera de todos estos actos en apariencia casuales eran precisamente los cuidados paliativos y las alusiones a esa muerte digna que ahora se pretende regular para el mes de marzo. ¿Acaso mueren en estos momentos de forma indigna los pacientes en España? ¿Practica algún médico el ensañamiento terapéutico con los enfermos terminales? Si es así, y tiene constancia de ello, lo primero que tendría que hacer el Gobierno es acudir a la abogacía del Estado para llevar a la cárcel a los gerentes y jefes de servicio de media España. Y luego, si quiere, ponerse a legislar, pero no antes.
Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes, vuelve a dar en el clavo, como casi siempre. Preguntado sobre el tema, recuerda que la futura ley “no tiene ni dinero ni ministerio para aplicarse”, y que “ahora mismo no es la prioridad” de los enfermos. Remarca, además que en el Plan Nacional de Cuidados Paliativos y en la Ley de Autonomía del Paciente ya se recogen la mayoría de los derechos de los enfermos terminales, como el de negarse a recibir un tratamiento. ¿De qué tipo de ley se habla entonces por parte de un Gobierno que recalca, quizás para curarse en salud, que no se incluirá en ella nada de eutanasia?
Para terminar, otra disquisición. Los que esperaban que Pajín hiciera valer su peso político en el Gobierno para salvar a la sanidad de la bancarrota en la que se halla sumida, se equivocaban. Sus recetas contra el gasto son tan escasas y pobres como el dinero de las consejerías. El Gobierno lo ha dejado claro a las primeras de cambio: su único remedio contra la situación indigna en la que está situando la sanidad es la muerte digna. Si tras esta boutade no hay ya rebelión masiva en el Interterritorial, los consejeros merecerán lo que les pase cuando dentro de siete meses vuelvan a quedarse otra vez sin presupuesto.
