Recortes/ El foro de la profesión de la comunidad denuncia que los médicos asumirán un recorte adicional de 56 millones de euros
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CESM teme el contagio de las medidas extraordinarias para atajar el déficit regional a otras comunidades como Castilla-La Mancha
Las partidas destinadas al capítulo de recursos humanos en los presupuestos de las autonomías se reducen como media un 5%
Esther Martín del Campo
Madrid
Los 3.700 médicos del Servicio Murciano de Salud tendrán que asumir un recorte adicional de 56 millones de euros en 2011. Es una de las consecuencias de la aplicación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas con las que el Gobierno de Murcia despedía el año con el objetivo de reducir la deuda de la comunidad autónoma, una de las mayores del país. Su anuncio ha caído como un jarro de agua fría para los profesionales, que han visto cómo la medida esquilma aún más unas partidas destinadas a recursos humanos que de entrada se han reducido, como media, alrededor de un 5 por ciento en España.
Tras las amenazas iniciales de paralizar la sanidad regional, el Foro de la Profesión de Murcia, reunido con carácter de urgencia para analizar el impacto de las medidas en el colectivo, solicitó la semana pasada un encuentro con el presidente de la comunidad, así como la apertura de una vía de negociación con los representantes de los médicos para paliar “el agravio y desprecio que se hace a la profesión”. Al mismo tiempo, mostró su profundo rechazo a una ley nacida “por la mala gestión del Gobierno regional”, que consideran especialmente llamativa en el caso de la consejería de Sanidad.
Mientras los portavoces del foro muestran su preocupación por la posible disminución de la calidad y seguridad asistencial, la consejera murciana María Ángeles Palacios insiste en que el Gobierno regional garantiza la asistencia sanitaria y argumenta que los profesionales de la región mantendrán unas retribuciones superiores a la media. No obstante, la consejera admite que la medida “más significativa” que contempla la nueva ley es la extensión de la jornada laboral, que, “en ningún caso” sobrepasará las 37 horas y media semanales. La norma también implica una rebaja del importe de las horas de atención continuada y nocturnidad que, en cualquier caso, matiza Palacios, se acercan a la media nacional.
Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), su secretario general, Patricio Martínez, expresa a GM su temor ante la posibilidad de que este tipo de medidas excepcionales se extiendan a otras comunidades autónomas con un déficit acusado, como Castilla-La Mancha. “El sector sanitario está excesivamente sacrificado —advierte—. Es cierto que la Sanidad acumula una deuda, pero será difícilmente asumible sin fondos adicionales”.
Al margen de estos nuevos recortes, lo que ya es una realidad que afecta y preocupa a los facultativos, según Martínez, es la congelación de la carrera profesional, que no solo depende de las comunidades autónomas, sino de la situación de cada facultativo, en función de la incorporación a los diferentes niveles. Situación a la que hay que añadir, insiste el portavoz sindical, una pérdida de poder adquisitvo cercana al 3 por ciento, la media de subida del IPC que no se verá reflejada en sus salarios, rebajados y congelados, lo que acrecentará aún más la brecha de unos profesionales que el pasado diciembre vieron cómo su paga extraordinaria se reducía alrededor del 50 por ciento.
Así las cosas, casi lo menos inquietante es la confirmación de que la mayor parte de las comunidades autónomas gastarán menos en sanidad —a pesar de ser la partida con más peso en los presupuestos regionales, con un porcentaje que ronda el 40 en Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Canarias—y, en particular, en el capítulo de recursos humanos. Como es lógico a estas alturas, sus presupuestos, en sintonía con la situación crítica de la economía, ya están cerrados en casi todas ellas, a excepción de Cataluña y Baleares, donde el cambio de gobierno y la falta de acuerdo político, respectivamente, han obligado a prorrogar las cifras de 2010.
La partida de recursos humanos, junto al gasto en farmacia, se sitúa entre las más afectadas. Comunidades como Cantabria, Castilla-La Mancha o La Rioja gastarán en RR.HH. casi un 10 por ciento menos, duplicando la media nacional. Las cantidades recogen los recortes anunciados en julio, pero, tal y como subraya Martínez, el margen de ahorro que han buscado estas comunidades también se conseguirá sin cubrir las sustituciones, cuya carga de trabajo asumirán las plantillas.
En la misma línea, el recorte de los salarios se refleja en los presupuestos de los servicios regionales, con tijeretazos sonados como el del 11 por ciento en el presupuesto del canario, o el 8 y 7 por ciento de los servicios cántabro y extremeño, como ejemplo.
El ajuste es de tal calado que buena parte de los consejeros han omitido en sus presentaciones ante las cortes regionales las referencias a las partidas destinadas al mermado capítulo 1 que recoge el gasto en personal. Sin embargo, la mayoría de ellos han recalcado su apuesta por mantener las partidas para culminar las infraestructuras ya proyectadas o el avance de las nuevas tecnologías, que aparentemente se respetan en las dotaciones disponibles para este año.
