CISNS/ Los consejeros populares se niegan a acudir al consejo para debatir temas “poco urgentes” con responsables que cambiarán en semanas
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Critican que Pajín les anunciara por SMS 15 días antes su intención de convocar un CISNS que no se reúne desde diciembre del año pasado
El Ministerio de Sanidad incorporó 24 horas después de presentar el orden del día la gestión de la llamada “crisis del pepino”
E.M.C.
Madrid
La “crisis del pepino” irrumpió en menos de 24 horas en el apartado de ruegos y preguntas del orden del día de un Consejo Interterritorial que, después de seis meses en el limbo, se convocaba con tintes de urgencia a pesar de que los consejeros del Partido Popular advirtieran una semana antes al secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, de que no respaldarían la celebración de un encuentro con responsables en funciones para tratar temas del calado de la Ley de Cuidados Paliativos (ver GM nº379).
Unos y otros cumplieron sus advertencias. El ministerio de Sanidad se negó a aplazar la reunión y los consejeros populares no acudieron a la llamada de la ministra Leire Pajín.
Tal y como habían anunciado a principios de semana, los consejeros de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, Comunidad Valenciana, Manuel Cervera, y Galicia, Pilar Farjas, además de la consejera de Murcia, Mª Ángeles Palacios, y los representantes de Ceuta y Melilla plantaron a la ministra generando una situación insólita en este órgano. Y es que, aunque en distintas ocasiones los consejeros de diferente signo político hayan “jugado” con su asistencia al foro en señal de protesta ante medidas concretas, el rechazo se materializaba solo con la salida anticipada de la reunión.
La convocatoria “express”, según criticaron durante toda la semana los consejeros populares, se planteó de manera “inoportuna e improcedente”, en opinión del responsable de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, para abordar asuntos que no requieren tanta urgencia. Su ausencia, además, ha sido especialmente sonada, puesto que en la reunión era nombrado representante de las comunidades autónomas en las reuniones del Consejo de Empleo, Política Social y Consumidores de la Unión Europea durante el segundo semestre de este año.
Por su parte, el madrileño Javier Fernández-Lasquetty solo ve en la iniciativa de Pajín un intento desesperado por sacar adelante la controvertida ley de “muerte digna” con responsables “en funciones” que ya no representan a la voluntad de los ciudadanos.
Desde la Comunidad Valenciana, su consejero, Manuel Cervera, aseguraba que hace quince días recibió un SMS en el que la ministra anunciaba de forma “oficiosa” su intención de celebrar un consejo para resolver cuestiones técnicas, invitación que no convenció al consejero, consciente de que aunque se trate de una convocatoria “legal”, resulta de “dudosa ética” adoptar decisiones de este tipo quince días antes de la renovación de buena parte de los gobiernos regionales.
En el caso de Pilar Farjas, la consejera gallega, la crítica al interterritorial también pasa por la ausencia de temas de calado, como el debate de la sostenibilidad del sistema sanitario. Además, coincide con el resto de consejeros del PP a la hora de cuestionar que la ministra se haya saltado la celebración de la Comisión Técnica Delegada que lo precede.
Desde el grupo socialista la ausencia de los consejeros resulta difícil de justificar. Según recoge EP, la portavoz en la Comisión de Sanidad del Congreso, Pilar Grande, ha tachado de “irresponsables” a los consejeros que han fallado a la cita y ha criticado la negativa a apoyar iniciativas a favor de los productores hortofrutícolas españoles, a pesar de que el Ministerio de Sanidad decidió abordar este asunto a posteriori, un día después de que se enviara el primer orden del día, aunque la crisis de la E. Coli ya estaba en pleno apogeo.
Cerrando filas con el ministerio, quienes participaron en la reunión han criticado de manera general que el órgano se utilice como arma de confrontación política, aunque no dudan del respaldo de los ausentes a los productores.
Sólo con su visto bueno, Pajín ha dado salida los anteproyectos de ley de muerte digna y de ley servicios funerarios, además de aprobar la distribución de 45 millones de euros para programas de prevención y repasar las actuaciones del gobierno español ante la última alerta sanitaria.
