F inalizado el traspaso de las competencias sanitarias en la Comunidad de Madrid —labor que tuvo que asumir el entonces consejero de Sanidad, hoy de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz—, Manuel Lamela aterrizó a finales de 2003 en este departamento para sorpresa de los agentes del sector por su marcado perfil económico. La región contaba entonces con seis millones de habitantes —una cifra de potenciales pacientes que no dejaba de crecer y a la que se sumaban los de otras autonomías y de fuera de España, atraídos por sus servicios asistenciales de referencia nacional— y un sistema público en el que trabajaban unos 70.000 profesionales repartidos en 400 centros de atención primaria y 26 hospitales de gran tamaño, sin duda una estructura compleja con unos presupuestos limitados por la necesidad de reforma del modelo económico —la región demandaba 50 millones del Fondo de Cohesión del SNS—.
Sin embargo, con un espíritu de “diálogo y negociación”, Lamela consiguió grandes mejoras mediante acuerdos con todos los actores, apostando por el acercamiento de los recursos sanitarios a la población —facilitando el acceso y reduciendo los tiempos de espera—, por las infraestructuras —planteando la construcción de los actuales ocho nuevos hospitales, siete de ellos con los servicios no sanitarios externalizados y otro de gestión privada y 50 centros de AP— y por la mejora de las condiciones de los profesionales —incrementando los efectivos y dotando a los médicos de una carrera profesional y una estructura económica acorde con dicha época—.
Para Julián Ezquerra, secretario general de la Asociación de Médicos y Titulares Superiores de Madrid (Amyts) —sindicato adscrito a CESM—, durante su etapa reactivó la mesa sectorial de Sanidad y contó con la participación de las organizaciones profesionales para poner en marcha mejoras “históricas” que situaron a los médicos por encima de la media nacional gracias al nuevo horario de 35 horas, la creación de los famosos Servicios de Asistencia Técnica (SAT) —que liberaron de guardias a los médicos que todavía las hacían en el ámbito rural— y, sobre todo, los acuerdos firmados en 2006 que reconocieron la carrera profesional y pusieron en marcha una mejora retributiva de las guardias y del salario del personal residente.
Este consejero llegó incluso a crear un Grupo de Trabajo de Atención Primaria con la idea de que participaran todas las sociedades científicas del primer nivel, tanto nacionales como madrileñas, para analizar la situación y los problemas de la AP en la comunidad y consiguió el acuerdo de todas las fuerzas políticas en la Asamblea regional para “reordenar, modernizar y potenciar” la primaria como una fórmula de descongestión de la especializada.
Logros truncados
Ezquerra señala que, lamentablemente, gran parte de aquellos logros se quedaran por el camino, a excepción de la carrera profesional, el incremento del pago de las guardias y ciertas mejoras en la prestación por incapacidad temporal (IT), el descanso maternal o la acumulación de horas por lactancia. Fue el caso del Plan de Acción Social, la creación y constitución de grandes bolsas de empleo, el Plan de Urgencias y Emergencias, la inversión prevista en AP para aumentar las plazas, el cambio radical que necesitaba y sigue necesitando el sistema retributivo y las ofertas periódicas de empleo y de traslados para identificar las plazas, entre otros muchos compromisos “truncados”. El representante sindical destaca además como especialmente negativa la paralización del decreto de selección y provisión de plazas, que derivó en la puesta en marcha en los últimos años de dos Ofertas de Empleo Público (OPE) en primaria y una en especializada no exentas de polémica, sobre todo en el caso de esta última.
Y es que la buena relación que las organizaciones sindicales mantuvieron con Lamela se transformó en un conflicto permanente con la llegada a la consejería de Juan José Güemes en 2007, produciéndose un “parón” e incluso un “retroceso” en todos los avances conseguidos. Para Ezquerra, se convirtió en un obstáculo desarrollando una gestión que, a su juicio, será “difícil de empeorar” pues dejó ésta en manos de una viceconsejera que planteó medidas como la libre elección y el área única que han supuesto el “desmantelamiento” de la atención primaria, un “cambio radical” del que, en su opinión, se han derivado gran parte de los problemas que existen en la actualidad.
Contando con el respaldo de la presidenta Esperanza Aguirre, Güemes llegó a Sanidad desde el departamento de Empleo y Mujer transmitiendo la sensación de “estar de paso” a todos los actores del sector. Apenas transcurridos diez meses desde su toma de posesión y con los 8 nuevos hospitales en marcha, planteó una remodelación de su departamento que pretendía “fortalecer” la gestión del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y separar la planificación estratégica de la gestión cotidiana de la asistencia. El Sermas se transformó así en una nueva Viceconsejería de Asistencia Sanitaria al frente de la que situó a Ana Sánchez —hasta ese momento gerente de la Fundación Hospital de Fuenlabrada— y de la que pasaron a depender tres direcciones generales de nueva creación (Atención Primaria —ocupada por la hoy viceconsejera Patricia Flores—, Hospitales y Urgencias-Gerencia SUMMA 112) así como cuatro direcciones corporativas, esquema que se completó con otra nueva viceconsejería de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras, liderada por Belén Prado y dividida en dos direcciones generales (Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios y Ordenación e Inspección).
Su idea era potenciar el primer nivel otorgándole competencias relativas a la prevención, promoción y educación para la salud y reforzar la gestión hospitalaria, revisando procesos, optimizando recursos y evaluando objetivos, aunque la eliminación de la Dirección General de Salud Pública le valió no pocas críticas por “fragmentar y descoordinar” estas competencias.
El decreto de libre elección de médico, enfermero y centro —aprobado en agosto de 2010 por su sucesor, Javier Fernández Lasquetty— fue otro de sus caballos de batalla pues tuvo que librar una defensa a ultranza de una norma que rechazaron de forma contundente todas las organizaciones profesionales, especialmente por la propuesta que incluía de eliminar las 11 áreas sanitarias. Así, 22 entidades firmaron un alegato conjunto incluyendo alegaciones al entonces anteproyecto en el que defendían una reforma en profundidad de la primaria sin dificultar el establecimiento de planes específicos adaptados a cada zona, complicar la coordinación entre niveles ni penalizar a los cupos más pequeños.
Esta norma, que salió adelante sin consenso, ha supuesto, según Ezquerra, una total “desorganización” de la estructura de un nivel que está infrafinanciado —la inversión se ha reducido un dos por ciento este año—, dejando al médico sin referentes a la hora de resolver un problema por la falta de cauces de diálogo. A ello se añade el “caos informático” por la convivencia de dos modelos, el antiguo sistema OMI-AP y el nuevo AP-Madrid —implantado con muchas dificultades en una parte de los centros de salud—, que se ha ralentizado aún más tras la reciente aprobación nacional de la prescripción por principio activo, cuando los médicos de primaria de Madrid ya estaban recetando de esta forma desde hace tiempo, una prueba más de que la Administración “olvida” que el del grueso de la asistencia es la atención primaria. Estos problemas han impedido además la implantación de la receta electrónica en la región, que la sitúan a la cola frente a comunidades como Andalucía o Galicia en las que ya está funcionando prácticamente al cien por cien.
Pese a ello, el secretario general de Amyts agradece la reapertura del diálogo que trajo en 2010 Fernández Lasquetty, a quien define como una persona que escucha, entiende los problemas sanitarios, se deja aconsejar por los profesionales e intenta buscar soluciones. Desde su llegada, apunta Ezquerra, las mesas sectoriales funcionan con un ritmo semanal y se ha comprometido a cumplir con muchos procesos que están en fase de acuerdo, como las OPE de especializada, la contratación de interinos o la conversión de los eventuales en interinos, promesas que no pone en duda pues hasta el momento ha respondido a todo lo pactado.
De cara al futuro, los médicos madrileños tienen claro que la región no va a ser una isla —pese a que la últimas declaraciones del consejero de Economía hacen pensar que no tienen por qué producirse recortes— y no se libran de cierta incertidumbre respecto a cómo les va a afectar la crisis, aunque esperan que la consejería les haga partícipes y cuenten con ellos para “paliar el mal”. Por lo pronto, su mayor problema es la carrera profesional, “absolutamente parada” desde su implantación en 2007 y sobre la que la Administración no quiere ni oír hablar, algo que supone un “paso atrás”.
Nueva etapa colegial
En cuanto al Colegio de Médicos de Madrid, “pena y vergüenza” es el sentimiento compartido por el colectivo respecto a la institución médica colegial más importante del país por el número de número de profesionales que representa (37.000). Durante la última década, los escándalos y las presuntas irregularidades denunciadas por diferentes voces ante la gestión de su Junta Directiva y, en especial, de su ya ex presidenta, Juliana Farilla, han manchado la imagen de una entidad que se ha quedado anclada en normas del siglo XIX, tal y como señala Julián Ezquerra, que expone como médico una opinión muy extendida entre sus colegas de la comunidad. A su juicio, Fariña se equivocó a la hora de prolongar su actividad en el Colegio de Médicos, dejándose llevar por intereses que no estaban precisamente relacionados con la defensa de la profesión.
Las injerencias injustificadas y consentidas de una correduría de seguros (Uniteco) con demasiado poder, las denuncias interpuestas por sus propios trabajadores por despidos injustificados, los programas incumplidos, las presuntas agresiones y vulneraciones de derechos fundamentales, los abusos de poder, las reformas estatutarias de última hora y a la carta y, recientemente, la dimisión de Fariña tras reprobación de la mayoría de los compromisarios en la última Asamblea extraordinaria, han ocupado más de un titular en la prensa especializada.
Ya en las últimas elecciones colegiales de 2008, los otros dos candidatos a dirigir la entidad, Carlos Amaya y Guillermo Sierra, denunciaron estas y otras actuaciones cuanto menos poco éticas, aunque su propuesta de someter a los miembros de la Junta a una auditoría de cuentas externa e independiente fue rechazada por la Asamblea. Fariña contó entonces incluso con el apoyo del consejero de Sanidad, Juan José Güemes, que acusó a Sierra y Amaya de emplear estos argumentos con fines meramente electoralistas.
En su carta de dimisión, la ex presidenta dice sentirse “satisfecha y orgullosa” de lo conseguido en sus 12 años al frente de una entidad que, asegura, ha salido de la “quiebra técnica” en que se encontraba y ha multiplicado por más de diez la formación médica continuada que ofrece a sus colegiados, rebajando las cuotas y ofreciendo gran variedad de actividades lúdicas y culturales. Los colegiados, sin embargo, esperan que su sucesor en el cargo inicie el cambio radical que la institución necesita para devolverla al centro de la profesión.
Lamela reactivó la mesa sectorial de Sanidad y contó con los profesionales para poner en marcha mejoras históricas, según el sindicato médico Amyts
Güemes planteó una remodelación de su departamento que pretendía fortalecer el Sermas y separar la planificación estratégica de la gestión de la asistencia
La carrera profesional está parada desde su implantación en 2007 y la Administración no quiere oír hablar de ella, lo que supone un “paso atrás” para los médicos
La paralización del decreto de selección y provisión de plazas ha sido muy negativa y ha derivado en dos OPE de primaria y una de especializada no exentas de polémica
