El gran apagón eléctrico vivido el pasado lunes en casi toda España puso de manifiesto una realidad poco considerada por la población, pero de enorme relevancia desde la perspectiva de la salud pública: la fragilidad del sistema sanitario y comunitario ante fallos en infraestructuras críticas como el suministro eléctrico. Más allá de los trastornos en el transporte, el tráfico urbano o los servicios digitales, un corte de luz masivo conlleva riesgos tangibles e inmediatos para la salud individual y colectiva.
Según Antoni Trilla, jefe de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, en declaraciones a Gaceta Médica, un apagón prolongado o que afecte a grandes áreas puede desencadenar una cascada de eventos adversos sanitarios.
"Algunos de los más importantes son la interrupción de servicios médicos si no disponen de generadores suficientes, problemas con pacientes que necesitan dispositivos eléctricos en sus domicilios, pérdida de la cadena del frío en fármacos y en alimentos, problemas de suministro de agua si fallan las bombas o las plantas de tratamiento, y la interrupción de las comunicaciones, que puede impactar en las llamadas a emergencias y el acceso a información fiable", explica el epidemiólogo.
Servicios esenciales interrumpidos por el gran apagón
En un contexto de corte eléctrico, los hospitales y centros de salud deben activar protocolos de emergencia para mantener la continuidad de sus funciones críticas. Si bien en este último episodio la mayoría de hospitales pudieron seguir funcionando gracias a generadores y la respuesta coordinada de sus profesionales, la situación fue distinta en otros niveles de atención.
"Vimos dificultades para mantener la actividad ambulatoria y la dispensación de fármacos en las oficinas de farmacia", señala Trilla. En estos escenarios, la resiliencia del sistema sanitario depende tanto de los recursos técnicos como de la preparación previa de su personal y del entramado organizativo.
Uno de los puntos más críticos es el impacto de esta situación en pacientes crónicos o personas que dependen de dispositivos eléctricos para su tratamiento en el hogar —como concentradores de oxígeno o bombas de insulina—. Si estos equipos dejan de funcionar, las consecuencias pueden ser graves e incluso mortales.
Además, las personas mayores, con movilidad reducida o que viven solas están especialmente expuestas al aislamiento, la incertidumbre y al deterioro de su estado general de salud cuando fallan las comunicaciones y la asistencia domiciliaria.
Impactos en vigilancia epidemiológica y salud ambiental
Los apagones también suponen una amenaza silenciosa para la salud pública en términos estructurales. Sistemas como la vigilancia epidemiológica, el control de brotes o la trazabilidad de campañas de vacunación pueden verse comprometidos si se interrumpen las redes de datos, el acceso a sistemas digitales de información sanitaria o los registros electrónicos, señala Trilla. La pérdida de conectividad dificulta la coordinación entre servicios, la notificación de casos y el seguimiento de medidas preventivas.
En paralelo, el corte de suministro eléctrico pone en riesgo la integridad de la cadena de frío de medicamentos sensibles —como vacunas, insulina o productos biológicos—. Este problema no solo afecta a la eficacia de los tratamientos, sino que puede generar desabastecimientos, pérdidas económicas y retrasos en campañas preventivas o en la atención a enfermedades crónicas.
Además, la falta de refrigeración en domicilios y comercios puede acelerar la descomposición de alimentos perecederos, con el consiguiente aumento del riesgo de intoxicaciones alimentarias. En ciertas zonas, el funcionamiento de las estaciones de bombeo o las plantas de tratamiento de aguas residuales depende de la electricidad, lo que puede comprometer el acceso al agua potable y generar riesgos higiénico-sanitarios adicionales.
Vulnerabilidades sociales
Desde el punto de vista social, los grandes apagones amplifican las desigualdades ya existentes. Las poblaciones más vulnerables, como las personas mayores, aquellas con enfermedades crónicas o familias con bajos recursos, suelen tener menos capacidad de adaptación y afrontamiento ante estos eventos.
"La falta de comunicación puede aumentar la incertidumbre, el estrés e incluso crear temor o pánico entre la población", advierte Trilla.
Estas reacciones no son menores. En situaciones de emergencia, la confianza en las autoridades sanitarias y la disponibilidad de información fiable son elementos cruciales para evitar reacciones desorganizadas, bulos o conductas de riesgo. La pérdida de cobertura móvil o el fallo de los sistemas de emergencia pueden agravar aún más estos efectos psicológicos y sociales.
Preparación y simulacros
Aunque el apagón vivido fue de duración limitada, su impacto evidencia la necesidad de reforzar los protocolos de preparación ante emergencias en todos los niveles del sistema de salud pública.
"Como cualquier situación de emergencia posible, debe existir un protocolo que detalle las medidas a tomar para paliar los efectos negativos de la misma en tanto no se restablezca la normalidad", subraya Trilla. En este sentido, la realización de simulacros, tanto prácticos como teóricos, es una herramienta útil para identificar fallos, mejorar la coordinación intersectorial y capacitar al personal implicado.
Las lecciones aprendidas deben trasladarse también a la planificación estratégica. La integración de la salud pública en los planes de gestión de infraestructuras críticas, como el suministro eléctrico, las telecomunicaciones o el transporte, resulta indispensable en un contexto global cada vez más condicionado por el cambio climático, las ciberamenazas y los fenómenos extremos.
La capacidad de respuesta ante eventos como el de esta semana no puede depender únicamente de la improvisación o del esfuerzo individual de los profesionales sanitarios. Requiere planificación, inversión y una visión integral que conecte salud, infraestructura y comunidad.
