La Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario de Andalucía llega al Consejo de Gobierno para su aprobación. Este es el paso previo a su tramitación parlamentaria que, dependiendo del calendario que dejen libre los presupuestos regionales, podría llevarse a cabo en los que queda de 2016 o a comienzos de 2017. El texto, que se anunció hace un año, ha ido incorporando alegaciones tanto del sector como de la sociedad civil y grupos políticos.
Las medidas en torno a la sostenibilidad se articulan en el título II y se dirigen a asegurar la viabilidad del sistema en las vertientes económica, social, ambiental y del conocimiento, la investigación y la innovación. La futura ley garantizará el desarrollo de medidas de uso racional del medicamento, como la prescripción por principio activo, el uso de alternativas terapéuticas más eficientes y la optimización de la selección, adquisición y utilización de los fármacos en todos sus centros. De igual modo, se podrá seleccionar, mediante procedimientos de convocatoria pública, los medicamentos y productos sanitarios que se dispensan en oficinas de farmacia cuando se prescriban por principio activo.
La ley también incluye medidas para paliar el copago. En este sentido, se establece la ausencia de copagos para acceder a la cartera de servicios complementaria de la comunidad autónoma. Asimismo, en aquellas prestaciones de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud donde se prevea una aportación económica por parte de la población, la futura ley andaluza establece que se arbitrarán las medidas necesarias para minimizar su impacto y que, en ningún caso, pueda existir una persona excluida de una prestación por razones económicas.
La ley llega con un semestre de retraso según las previsiones que el consejero de Salud, Aquilino Alonso, había dado a comienzos de curso. En las últimas fechas se están produciendo diversas manifestaciones en varias capitales de provincia andaluzas contra la gestión de la sanidad que han podido acelerar el proceso.
