El debate parlamentario de cara a la aprobación y puesta en marcha de una Agencia de Salud Pública en España representa una ocasión histórica para arrancar con la necesariamente un instrumento que cumpla con el objetivo de fortalecer la capacidad del país en materia de prevención, promoción de la salud y preparación frente a emergencias. Se trata de una iniciativa largamente esperada y defendida desde distintos ámbitos, como el propio firmante de esta tribuna tuvo la ocasión de expresar ante la Comisión para la Reconstrucción del Congreso de los Diputados en junio de 2020.
Sin embargo, pasar del anuncio a la acción implica sortear varios escollos. A continuación se presenta un decálogo con los principales elementos a resolver para que la nueva entidad nazca con solidez, eficacia y legitimidad:
- Propósito claro y marcos de responsabilidad definidos. No basta con crear otro organismo. Es esencial establecer una misón clara, con objetivos, competencias y mecanismos de rendición de cuentas que doten a la Agencia de una función técnica, independiente y estratégica.
- Encaje institucional y relación con el ISCIII, CCAES y otras instituciones de partida. Es prioritario clarificar su integración en el ecosistema del Sistema Nacional de Salud, especialmente en relación con el Instituto de Salud Carlos III y sus centros (como el CNE o el CNM), así como con estructuras actuales como el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).
- Prioridad en prevención y promoción de la salud. La nueva agencia debe tener un rol activo en impulsar políticas de salud basadas en evidencia que fomenten entornos saludables, con acciones intersectoriales y coordinadas.
- Coordinación territorial real. Dada la descentralización sanitaria en España, resulta imprescindible un diseño funcional que garantice una articulación eficaz con las Comunidades Autónomas, generando sinergias y coherencia en la acción pública, y con autoridad para la obtención de datos de partida para la acción.
- Gobernanza basada en datos. En línea con el punto anterior, la Agencia debe tener acceso a información robusta y actualizada, con capacidad de análisis y vigilancia para orientar la toma de decisiones, sin cortapisas burocráticas ni dependencias opacas.
- Financiación y capacidades humanas. Más allá de la voluntad política, hará falta una dotación presupuestaria suficiente y sostenida, acompañada de una plantilla técnica estable y cualificada, con perfiles profesionales bien definidos.
- Proyección internacional. En un contexto de riesgos globales, la Agencia debe ser un nodo activo de cooperación con organismos internacionales (OMS, ECDC, etc.), contribuyendo y beneficiándose del intercambio de conocimientos y recursos.
- Transparencia y evaluación independiente. Su funcionamiento deberá caracterizarse por la publicidad de sus actividades y la auditoría externa de resultados, reforzando su autonomía técnica y su legitimidad ante la ciudadanía.
- Ubicación territorial equilibrada. La decisión sobre su sede debe manejarse con sensibilidad política y social, comunicando bien los criterios y anticipando el impacto sobre el personal funcionario y los recursos ya existentes.
- Dirigida por una persona independiente, de prestigio y con legitimidad. La polarización existente y la necesidad del mejor consenso pasa por asegurar que el nombre que se proponga para liderar inicialmente el proyecto tenga contrastada credibilidad y prestigio.
Conclusión: la futura Agencia de Salud Pública tiene el potencial de convertirse en una piedra angular del sistema sanitario español. Pero para ello, debe construirse sobre bases firmes, con visión de largo plazo y sin improvisaciones. El momento es ahora: dotémosla de coherencia, ambición y credibilidad desde el inicio.
*José Mª Martin-Moreno es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia y director de la cátedra de Gestión Innovadora para la Salud, FES
