El informe del SNS presentado en la sede del Consejo Económico y Social (CES) muestra interpretaciones y conclusiones que afectan a la financiación de la sanidad, al acceso y al papel de la sanidad privada. El informe determina que la falta de inversión pública ha incentivado un aumento significativo en el uso de servicios privados, que ya representan casi el 30% del gasto sanitario total.
Sin embargo, la inversión pública en sanidad no ha parado de crecer. Para algunos expertos genera una percepción de la sanidad privada como indispensable. Sin embargo, es necesario aclarar si el sistema sanitario público no funcionaría adecuadamente sin el apoyo de la sanidad privada. Porque hay una línea roja peligrosa que coincide con la crítica a la Fundación Amancio Ortega por su donación de 280 millones de euros para Protonterapia en España.
Lo que mejora la sanidad pública, ¿por qué debe criticarse? Si es bueno para el paciente es bueno para la sanidad pública. La sanidad privada es, en todo caso, una opción que no detrae recursos para la sanidad pública, sino que la alivia de la presión asistencial. La cuestión esencial es garantizar un sistema público robusto. No es un debate de sectores, sino de prioridades y decisiones políticas.
Refuerzo de la sanidad pública
Primero, abordemos la necesidad de reforzar la sanidad pública. Es un error asumir que la expansión de la sanidad privada sea la única respuesta a las listas de espera, la demora en consultas especializadas o la falta de recursos en centros públicos. Pero sin sanidad privada el caos sería el problema, no las demoras. El sistema público, sostenido por los impuestos de todos, debería responder a estas demandas de forma adecuada a medio y largo plazo.
Si la administración central y las autonomías establecieran una inversión suficiente y sostenida en sanidad, el sector privado podría centrarse en opciones especializadas y no en reemplazar o complementar servicios básicos que el Estado debería ofrecer. Pero sin una financiación autonómica nueva, la inversión en sanidad pública está limitada y necesita soluciones a corto plazo.
Impuestos
Un punto relevante es que el sector privado está financiado indirectamente por quienes no usan el sistema público, ya que estos ciudadanos, que recurren a servicios privados, también contribuyen con sus impuestos a la sanidad pública. Este aspecto plantea una paradoja de justicia fiscal. La comodidad, la demora u otras causas impulsan a algunas personas al uso de los servicios privados. Pero esta decisión no perjudica al sector público.
"La prioridad debe ser establecer la voluntad política de invertir en sanidad como un pilar esencial. Sólo después de esta decisión se pueden explorar opciones de financiación"
Accesibilidad
Otro aspecto que destaca en el debate es el impacto de la falta de recursos en la accesibilidad al sistema sanitario. Actualmente, el 4% de los usuarios del sistema público no puede pagar sus medicamentos. Puede parecer una cifra menor, pero cada individuo representa un caso de posible deterioro de salud que repercute no solo en ellos, sino en su entorno y en el propio sistema, cuando sus problemas se agravan. En un país que promueve la igualdad, la accesibilidad a medicamentos esenciales debería ser una prioridad. Pero este 4% también sufriría de otras carencias esenciales sociosanitarias y debe ser una responsabilidad del Estado por ser la capa social más vulnerable. Negar este acceso refleja una deficiencia en el sistema que debería garantizar el derecho a la salud.
El presupuesto primero
Algunos expertos han planteado la necesidad de incrementar los impuestos a grandes empresas y fortunas, así como de intensificar la lucha contra el fraude fiscal para destinar mayores recursos a la sanidad pública. Sin embargo, antes de plantear cómo obtener fondos adicionales, la prioridad debe ser establecer la voluntad política de invertir en sanidad como un pilar esencial. Sólo después de esta decisión se pueden explorar opciones de financiación.
La propuesta de incrementar los impuestos a empresas y grandes fortunas, así como fortalecer las medidas contra el fraude fiscal no son soluciones inmediatas. Estos mecanismos pueden aportar recursos, pero su aplicación efectiva requiere tiempo.
Para que la sanidad pública no dependa de un salvavidas constante desde el sector privado, el Estado debe reconocer que este derecho esencial demanda planificación y asignación de recursos estratégicos y continuos. La cronificación y el envejecimiento no son cuestiones recientes, se esperan desde hace años e irán a más.
En lugar de preocuparse porque los usuarios recurran a la sanidad privada por cualquier motivo, deberíamos asegurar que los fondos públicos lleguen en modo suficiente y que se garantice un sistema accesible, justo y eficiente para todos.
El desafío es claro: el sistema sanitario público tiene la capacidad de mantener una atención de calidad, con sus áreas de mejora sin duda, si se le da el peso adecuado en el presupuesto del Estado. La cuestión es política y prioritaria, y sin ella, cualquier alternativa de financiación quedará incompleta.
