La Unión Europea está dando pasos decisivos para reforzar su capacidad de preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, tal como se refleja en los próximos dictámenes que emitirá el Tribunal de Cuentas Europeo sobre las propuestas legislativas del marco financiero plurianual.
Entre estos instrumentos, el Mecanismo de Protección Civil de la Unión y el apoyo a la preparación sanitaria ocupan un lugar central en la estrategia comunitaria de 2028-2034. Esta es una señal clara de que Europa quiere generar estructuras normativas y financieras que permitan reaccionar de forma eficaz ante crisis sanitarias de gran magnitud.
La preparación de España
Frente a este impulso europeo, España sigue sin aprobar de modo definitivo su Real Decreto de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, un texto cuya demora carece de justificación en un país tan expuesto a DANAs, accidentes de gran magnitud y, sobre todo, a futuras pandemias. Sin un marco legal adecuado —definido, ambicioso y operativo— no puede haber planificación real, coordinación interadministrativa ni rendición de cuentas ante la sociedad.
«Prolongar su aprobación más allá deL 11 DE MARZO supondría asumir que seguimos sin convertir el aprendizaje en norma»
El próximo 11 de marzo, aniversario de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, debería marcar un punto de no retorno en la tramitación del Real Decreto de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias. Tras años de análisis, evaluaciones y lecciones extraídas de la COVID-19, el sistema sanitario español dispone ya del conocimiento necesario para adoptar un marco normativo estable. Prolongar su aprobación más allá de esta fecha supondría asumir que, pese a la experiencia acumulada, seguimos sin convertir el aprendizaje en norma. Llegados a este punto, la responsabilidad institucional no es seguir diagnosticando, sino decidir.
El borrador del RD, aunque supone un intento de responder a una de las lecciones más duras que nos dejó la COVID-19, se sitúa “en un rango inferior al que debiera ser, ya que la norma debería decidir”, como expliqué en Gaceta Médica anteriormente.
No se trata de una cuestión meramente técnica o de estilo. Se trata de fondo: faltan prioridades claras y compromisos definidos. El texto actual, lejos de establecer las capacidades estratégicas necesarias como columna vertebral del sistema de preparación y respuesta, deja muchos aspectos para tratar en el futuro.
Esto, quizás, se explique por el rango de la propia norma, pero no podemos olvidar cuestiones que deben ser abordadas, ya que hay que decidir de entrada qué hacer ante la próxima crisis, incluyendo:
- Definición de poblaciones prioritarias que deben protegerse en los primeros compases de una pandemia.
- Protocolos operativos claros para la respuesta inmediata.
- Protección específica del personal sanitario.
- Reserva estratégica y mecanismos de activación rápida de capacidades críticas.
En muchos casos, estos elementos se mencionan en el borrador de RD de manera difusa o se trasladan a desarrollos normativos ulteriores, generando la sensación de que la norma observa sin comprometer.
Esta es, precisamente, una de las críticas que también han vertebrado algunas sociedades científicas en la prensa: el marco legal en España sigue siendo insuficiente para una situación de crisis sanitaria de gran alcance y duración, como ya evidenció la COVID-19.
Acuerdos globales de preparación y respuesta
Además, el mundo no está quieto. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud trabajan en acuerdos globales para fortalecer la prevención, preparación y respuesta ante pandemias a nivel mundial, lo que dibuja un contexto normativo internacional cada vez más exigente y colaborativo.
La UE, por su parte, no solo audita, sino que integra la preparación sanitaria en sus planes financieros plurianuales, un paso que España debería conocer e incorporar con urgencia.
«La acumulación de las competencias de Sanidad y Emergencias en autoridades autonómicas no es casual»
La acumulación de las competencias de Sanidad y Emergencias en autoridades autonómicas no es casual: gobierna el reconocimiento práctico de que las emergencias tienen un fuerte componente sanitario y que la respuesta sanitaria no puede ni debe ser subordinada a la improvisación.
Pero a nivel estatal, la legislación básica sigue pendiente, con el riesgo de que cuando llegue la próxima crisis —y los expertos coinciden en que esto es una certeza y no una hipótesis— la respuesta política, normativa y operativa debe situarse sin demora a la altura de los retos.
«Lo insuficiente puede corregirse; la ausencia de norma, no»
Una sociedad que aspira a proteger a su ciudadanía contra crisis derivadas de amenazas sanitarias debe tener normas que no solo reconozcan el peligro, sino que definan con claridad lo que se hará, quién lo hará, con qué recursos y con qué prácticas. Si consideramos el RD como un paso previo, bienvenido sea. Pero su ausencia en estos momentos dibuja un escenario normativo donde la urgencia se abre paso frente a la relevancia.
Es preciso que el Real Decreto anunciado nos permita mirar al futuro, y lo haga sin demora. Lo insuficiente puede corregirse; la ausencia de norma, no.
Europa audita y se prepara; España sigue postergando un elemento central de su arquitectura sanitaria. Si queremos aprender de los errores del pasado, legislemos como si la próxima pandemia nos fuera a golpear mañana —porque probablemente así será.
