El reciente borrador del Real Decreto sobre el Plan Estatal de Preparación y Respuesta ante Amenazas Graves para la Salud es, en apariencia, una buena noticia. Por fin, se intenta dar una respuesta normativa a una de las mayores lecciones que nos dejó la COVID-19: la importancia de anticiparse a las crisis sanitarias. Pero al leer el documento con detenimiento, uno tiene la sensación de estar ante un texto que, sin duda siendo necesario, se queda lejos de la ambición que exige el momento y la experiencia acumulada. El Real Decreto se sitúa en un rango inferior al que debiera ser, ya que la norma debería decidir.
Avanzar en prioridades
No es solo una cuestión de estilo técnico o de lenguaje administrativo. Es una cuestión de fondo: faltan prioridades claras y faltan compromisos definidos. Se echa de menos en el presente borrador ciertas capacidades estratégicas que deberían figurar como columna vertebral del sistema de preparación y respuesta.
Entre ellos, y que han sido objeto de peticiones por parte de sociedades científicas, parlamentarios y entidades, está la población prioritaria a proteger en los primeros compases de la pandemia, el detalle de las respuestas ante las crisis, la protección del personal sanitario, la reserva estratégica o protocolos más concretos. En su lugar, se propone su abordaje a futuro, lo que deja sin resolver algo que debería ya establecerse con claridad.
"Se echa de menos una falta de visión concreta de qué hacer cuando llegue la próxima pandemia"
Próxima pandemia
Se echa de menos una falta de visión concreta de qué hacer cuando llegue la próxima pandemia. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, volvió a recodarnos el pasado 15 de septiembre que una nueva pandemia no es cuestión de “si llegará o no, sino de cuándo”. Pues bien, son los primeros días de una pandemia los que son cruciales para su evolución y ganar el tiempo preciso hasta que lleguen las vacuas. Y esa respuesta inmediata debe quedar reflejada en una norma.
El borrador del Real Decreto menciona medidas farmacológicas, pero no cita los antivirales de amplio espectro, pese a que forman parte central de la estrategia europea actualizada en julio de 2025 y son clave como medida post-exposición antes de que haya vacunas. Se echa en falta concretar la planificación para proteger al personal esencial, no hay siquiera una estimación poblacional de a quién proteger primero. Y no se acompaña de un anexo técnico que detalle las capacidades críticas que deberíamos garantizar, en coherencia con lo aprobado por la Comisión Europea o la OMS.
La ausencia del comité de expertos y expertas de experiencia y capacidad contrastada, que podría formarse de manera anticipada, llama la atención. No se puede volver a obviar que durante la crisis deben tomarse decisiones basadas en la ciencia y la evidencia.
Las primeras críticas ya han empezado a aparecer, pero sería preciso escuchar también las posiciones de todas las entidades implicadas, y mostrar la voluntad precisa para mejorar la norma hablando con las sociedades científicas, expertos y expertas, y distintas entidades que llevan años reclamando la preparación y los planes ahora, no cuando vuelva a ser tarde.
Una ley
Todo esto podría entenderse si estuviéramos ante una norma menor como mejor herramienta para estos objetivos. Pero este Real Decreto se presenta como el gran instrumento de respuesta del Estado frente a futuras amenazas sanitarias. Y sin embargo, evita fijar el músculo operativo, delega en futuras planificaciones y esquiva el terreno presupuestario.
"Es más que probable que el rango de esta norma esté condicionado al contexto actual que dificulta las mayorías parlamentarias"
Es su limitación estructural: un Real Decreto no tiene rango de ley y no puede crear obligaciones financieras. Pero ese mismo hecho debería hacernos reflexionar sobre si estamos empleando el instrumento normativo adecuado. Es más que probable que el rango de esta norma esté condicionado al contexto actual que dificulta las mayorías parlamentarias. Si es así como parece, es preciso recabar apoyos para una norma de mayor rango, y completar este borrador con el tiempo y el esfuerzo precisos de un diálogo amplio parlamentario y científico.
No se trata de restar valor a lo que ya se ha avanzado, sino de no conformarnos con lo mínimo. La preparación ante pandemias no puede resolverse con una norma que describe sin definir, que reconoce sin ejecutar y que observa sin comprometer. Se necesita una ley. Una que traduzca la experiencia post-COVID en estructuras permanentes, recursos asegurados y objetivos verificables. Una que proteja de verdad.
Si queremos evitar los errores del pasado, debemos dejar de redactar normas como si todo fuera a salir bien. Y empezar a legislar como si la próxima pandemia nos fuera a golpear en cualquier momento. Porque probablemente, así será.
