Por José Martínez Olmos. Ex secretario general de Sanidad. Experto en Medicina Preventiva y Salud Pública.
El Consejo de Ministros ha anunciado el inicio del proceso de análisis relativo al Anteproyecto de Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS); un anuncio que es una buena noticia porque pretende abordar desafíos pendientes y, sobre todo, abre la oportunidad a un debate sobre nuestra sanidad en las Cortes Generales. Debate que debemos aprovechar en beneficio de la modernización del SNS.
Responde a objetivos planteados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia e incluye doce de las propuestas de la Comisión para la Reconstrucción social y económica que fueron aprobadas el año pasado por parte de los grupos parlamentarios.
Entre otras cuestiones, plantea la gestión directa pública de los servicios sanitarios y sociosanitarios como fórmula preferente en el SNS y recupera la cartera común de servicios única, ahora dividida en cartera común básica de servicios asistenciales, suplementaria y de servicios accesorios. De igual forma, se incluyen las garantías necesarias para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios y pretende contribuir al aumento de la participación social y de las organizaciones de pacientes en los órganos de asesoramiento del Consejo Interterritorial del SNS.
En mi opinión es una iniciativa que va a generar un intenso debate que, de manera oportuna, nos va a permitir reflexionar, debatir y, estoy convencido de ello, consensuar las respuestas necesarias sobre algunas de las cuestiones clave para modernizar y actualizar las estructuras, los instrumentos y los objetivos del SNS en los tiempos que nos ha tocado vivir.
Necesitamos una sanidad pública fuerte, con una orientación clara a la equidad y la cohesión y con garantías de universalidad desde planteamientos sostenibles. Y necesitamos que la renovación de proyecto de SNS que se estableció nuestro país con la Ley General de Sanidad de 1986 aspire a fortalecer el sistema con vocación de permanencia en el tiempo ya que una buena sanidad pública es algo esencial para el bienestar. Y ello se ha puesto de manifiesto en la pandemia de COVID-19 que aún nos afecta.
Esta Ley debería culminar su aprobación con un amplio consenso político y con una apuesta presupuestaria en los aspectos que resulten imprescindibles para cumplir sus objetivos. La equidad es el objetivo esencial del SNS que más conecta con las aspiraciones y expectativas de la sociedad. Compete a todos trabajar por los objetivos de esta Ley y aportar su granito de arena al objetivo esencial de una sanidad equitativa, universal, de calidad y orientada a la cohesión.
Es por eso que quiero señalar que esta iniciativa del Gobierno nos reta a todos y, en especial, a las fuerzas políticas que tienen ante sí una enorme oportunidad para servir a la sociedad desde el consenso. Ojalá sea así y las fuerzas políticas estén a la altura.
