El sistema de atención a la dependencia en Andalucía ha logrado, según los últimos datos del IMSERSO correspondientes a finales de enero de 2026, situar el tiempo medio de espera en 488 días, la cifra más baja registrada en los últimos tres lustros.
Este dato no es solo una estadística; supone una reducción de más de dos años respecto a las etapas anteriores, donde los ciudadanos debían esperar más de tres años y medio para recibir una prestación. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado este avance en sede parlamentaria, señalando que, «aunque queda camino por recorrer, el cambio es evidente tras años en los que miles de personas fueron excluidas del sistema».
Un sistema en máximos de ocupación y prestaciones
El recorte en los tiempos de espera ha ido acompañado de un crecimiento exponencial en el volumen de atención. A cierre de enero, Andalucía contabiliza 340.135 personas atendidas y ha superado el medio millón de ayudas con 526.040 prestaciones reconocidas.
Para ilustrar la magnitud del cambio, el crecimiento desde 2018 ha sido:
- Beneficiarios. Aumento superior al 60%.
- Prestaciones. Incremento del 88%.
- Nuevas plazas. Compromiso de creación de 5.000 plazas adicionales en esta legislatura con respaldo económico garantizado.
Inversión récord
La agilización de las listas de espera se sustenta en un esfuerzo presupuestario sin precedentes. El presupuesto de 2026 destina 2.610,6 millones de euros a la dependencia, la cifra más alta de la historia de la autonomía. Este refuerzo ha permitido, por ejemplo, que la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) crezca un 28% desde 2019, frente al estancamiento del 0% que vivió el sector entre 2007 y 2018.
Sin embargo, este avance se está logrando «prácticamente a pulmón» por parte de la administración regional. La consejera ha denunciado que la Junta de Andalucía asume actualmente el 71% de la financiación, mientras que el Estado solo aporta el 29%, incumpliendo el reparto al 50% que estipula la ley.
Ante esta situación, el Gobierno andaluz ha exigido formalmente al Ejecutivo central el mismo trato financiero que el otorgado al País Vasco. «No aspiramos a ser más que nadie, pero tampoco aceptamos ser menos», ha sentenciado López, subrayando que la sostenibilidad de estos récords en dependencia depende de una lealtad institucional financiera que aún no se cumple.
