El Gobierno de Aragón ha dado el primer paso para trasladar el Laboratorio de Salud Pública a una nueva sede, con el objetivo de dotar a la comunidad de unas instalaciones modernas y adaptadas a los retos actuales en materia de vigilancia sanitaria, seguridad alimentaria y sanidad ambiental.
Los consejeros de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y de Sanidad, José Luis Bancalero, han firmado el contrato de arrendamiento del edificio propiedad de Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) que acogerá la nueva infraestructura. En el acto han participado también la gerente de SVA, Inmaculada Aured, la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, y el director del Laboratorio, José Antonio Amigot.
La actuación, declarada de interés público por el Ejecutivo autonómico, contará con una inversión de 2,2 millones de euros incluida en los presupuestos de 2026. Las obras de acondicionamiento se ejecutarán durante ese año, y el traslado está previsto para comienzos de 2027.
El nuevo laboratorio pasará de los 800 metros cuadrados actuales a unos 1.500, lo que permitirá duplicar su capacidad funcional y analítica. Además, contará con mejoras en habitabilidad, confort y eficiencia energética, así como con un sistema de control inteligente para la gestión de los espacios y los procesos internos.
“El traslado supone una apuesta decidida por reforzar la salud pública en Aragón, dotándola de infraestructuras modernas y con proyección de futuro”, ha destacado Bancalero, quien ha recordado que el Gobierno autonómico tramita actualmente la ley de creación del Instituto de Salud Pública de Aragón, y que la comunidad se ha postulado también para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública.
Por su parte, Octavio López ha subrayado la importancia de la colaboración interdepartamental en beneficio de los ciudadanos: “Se va a dotar de una ubicación precisa y conveniente en el entorno de Zaragoza a una infraestructura clave como es el Laboratorio de Salud Pública”.
Más espacio y tecnología
El nuevo laboratorio, que reunirá a sus equipos en una única planta —frente a las dos del edificio actual en la calle Ramón y Cajal de Zaragoza—, permitirá optimizar los circuitos de trabajo y la comunicación interna. En él desarrollan su labor unas 30 personas, además de otras siete distribuidas entre las sedes de Huesca y Teruel.
En cuanto a su actividad, el Laboratorio de Salud Pública realiza más de 12.000 analíticas anuales, gran parte de ellas acreditadas bajo la exigente norma ISO 17025. Forma parte de la Red Nacional de Laboratorios de Seguridad Alimentaria (RELSA), dependiente del Centro Nacional de Alimentación, y colabora estrechamente con los servicios de inspección de Higiene Alimentaria y Sanidad Ambiental.
También presta servicios a clientes públicos y privados, como empresas alimentarias o instalaciones de tratamiento de agua, y realiza análisis por encargo de los servicios de medicina preventiva hospitalarios.
Con la nueva infraestructura, el laboratorio podrá ampliar su cartera de analíticas acreditadas, incorporando técnicas avanzadas como:
- Detección de metales pesados en carnes.
- Determinación de alcaloides y alérgenos en alimentos.
- Análisis de antibióticos y antiinflamatorios en productos cárnicos.
- Detección de Legionella en aguas mediante PCR y métodos rápidos.
Además, se invertirán 200.000 euros adicionales en equipamiento complementario que permitirá reforzar la capacidad técnica y la rapidez de respuesta ante alertas sanitarias o ambientales.
La pandemia de la COVID-19 evidenció la relevancia de contar con estructuras sólidas de salud pública y laboratorios bien dotados. En este contexto, Aragón avanza en una agenda de reformas alineada con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), centrada en reforzar la vigilancia epidemiológica, la prevención de enfermedades y la promoción del bienestar.
